Un jurado popular juzgará a partir de este lunes en Elche a seis hombres, cuatro de ellos agentes de la Policía Local de Torrevieja, acusados de un delito de cohecho al pedir dinero a dueños de negocios de hostelería a cambio de eliminar actas de inspección que, supuestamente, habrían emitido previamente los agentes.
Según relata el auto de los hechos, entre los meses de agosto y septiembre de 2017, los procesados acudieron a dos establecimientos, donde levantaron varias actas por denuncias administrativas.
A continuación, y según las mismas fuentes, estos agentes acudieron al negocio de los otros dos procesados, quienes en teoría actuaban en connivencia con los policías implicados. Estas personas presuntamente actuaban de intermediarias, y pedían a los locales afectados por las denuncias diferentes cantidades de dinero, entre 1.000 o 40.000 euros, a cambio de que la Policía eliminara las actas o las denuncias.
El delito de cohecho es un delito contra la Administración Pública que se encuentra recogido en los artículos 419 y 427 del Código Penal. Se entiende como cohecho el soborno a una autoridad o funcionario público mediante un precio, una dádiva o un favor a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo, y también cuando retrasa injustificadamente un acto que debe practicar.
Una denuncia en la Guardia Civil
La investigación se llevó a cabo por la Guardia Civil de Alicante, y se inició por la denuncia de varios comerciantes. En la operación se descubrió que cada miembro del grupo tenía un rol diferente dentro de la estructura.
Algunos de ellos llevaban a cabo inspecciones en comercios y extendían actas-denuncia o advertían a los afectados de presuntas irregularidades, tras lo cual entraban en juego otros miembros que actuaban como "gancho" aduciendo que tenían amistad con agentes de la policía local para mediar en la sanción.
De esta forma, una vez los afectados consentían realizar el contacto, se presentaba el organizador de la trama quien, a cambio de no tramitar las denuncias o de interceder ante los agentes para no denunciar los hechos, solicitaba una cantidad de dinero.
Cuando se accedía a realizar el pago de las cantidades acordadas, entre 6.000 y 40.000 euros dependiendo del tipo de infracción, otro componente de la organización recogía el dinero.
En el caso de que las víctimas no accedieran al pago requerido, eran visitados de nuevo, esta vez en el marco de una inspección legítima, y entonces eran denunciados por los agentes, lo cual complicaba más aún la detección de estos hechos, según informaron en su día fuentes del instituto armado.