Hasta 80.000 euros de multa a un pescadero de Alicante por vender 400 kilos de pez espada ilegal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil de Alicante ha intervenido casi media tonelada de pez espada, en una inspección de transporte y comercialización de pescado fresco, efectuada con la Inspección de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, en un mercado mayorista de la capital.

El comerciante ha sido denunciado por infringir gravemente la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunidad Valenciana y podría enfrentarse a dos sanciones que suman 80.000 euros. 

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La inspección tuvo lugar el pasado 19 de octubre en un mercado mayorista en la localidad de Alicante. La patrulla de Seprona de la Guardia Civil de Alicante se encontraba realizando una inspección rutinaria en colaboración con la Inspección de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, cuando localizaron en uno de los puestos del mercado siete ejemplares de pez espada (Xhipias gladius) que no estaba etiquetado.

Los agentes requirieron al comerciante que acreditara la trazabilidad del producto, pero no pudo aportar ningún documento que registrara su origen.

Uno de los ejemplares, que se encontraba ya seccionado y del que faltaba parte, se encontraba expuesto y a la venta. Así que procedieron a comprobar, además, sí poseía autorización sanitaria para su manipulación y transformación, y la posterior gestión de los desechos, extremos que el comerciante tampoco pudo acreditar.

Las sanciones

Por estos hechos, el responsable se enfrenta a dos infracciones graves: una a la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya sanción puede ser de 5.001 a 20.000 euros; y otra a la Ley 5/2017, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunidad Valenciana, con posible sanción desde 3.001 hasta 60.000 euros. 

Inmediatamente, los ejemplares, que arrojaron un peso de 400 kilogramos, fueron intervenidos, otorgando al comerciante un plazo para que aportara la documentación requerida con posterioridad a la inspección. Pero transcurrido este plazo, siguió sin acreditarlo, decretando la Sección de Pesca Marítima la incautación definitiva para su destrucción.  

El etiquetado de los productos alimenticios es obligatorio, según recuerdan desde la Guardia Civil. Recoge la información sobre el origen del producto, la especie concreta, su frescura, y fecha límite de consumo recomendado o de caducidad.

Sirve para que el consumidor pueda acceder a la información necesaria sobre los productos que adquiere, evitando de esta forma cualquier fraude alimentario. En el caso de los ejemplares frescos adquiere mayor relevancia. Errores en la cadena de frío, en la conservación de los alimentos, etcétera, pueden tener efectos negativos sobre la salud.