El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha llevado la voz cantante de la queja, que es común en todo el país, con cinco demandas a la DGP con el objetivo de que cada policía tenga un chaleco con el que protegerse.

Más allá de la imagen relacionada con tiroteos con la que se vincula el equipo, también sirve para evitar pinchazos y apuñalamientos, mucho más frecuentes que las balas. Desde el sindicato aseguran que del 2023 ha aumentado exponencialmente los ataques con cuchillo, siendo la Comunitat Valenciana la tercera autonomía donde más casos se registran.

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El secretario provincial de JUPOL, David García, señala que "no nos entra en la cabeza que un policía nacional vaya sin chaleco, en la academia de Ávila deberían darlo con la pistola. En cualquier país, incluso en los tercermundistas, los policías llevan uno y aquí en España, en pleno siglo XXI y en la Unión Europea, no tenemos, es inadmisible".

Para cambiar la "vergonzosa situación" han puesto, hasta el momento, cinco denuncias desde Alicante y otros puntos de la Comunitat. Dos de ellas JUPOL las perdió por una "manipulación". El responsable cuenta que antes del juicio entregaron un chaleco a los policías que habían denunciado.

"El caso más sangrante fue el de una compañera que estaba de baja y se lo llevaron a su puerta desde Madrid", recuerda. Cuando se produjeron los juicios, la Dirección General de la Policía se excusó en que los que habían denunciado tenían chaleco, y ganaron los litigios.

Otro de los argumentos de la defensa fue que las comisarías contaban con chalecos colectivos. García sostiene que la mayoría de ellos están podridos y no tienen garantías de que funcionen si un agente es atacado o disparado, poniendo en riesgo su vida.

Un chaleco colectivo de la Policía Nacional de Alicante en mal estado.

El sindicato hizo un exhaustivo informe y comprobó "todos los chalecos de todas las comisarias valencianas", demostrando que había menos de los que aseguraba la DGP y que la mitad eran inservibles.

"Son chalecos de 1995, les ha entrado humedad y no tienen garantía de que funcionen. Además, si estoy en un atraco le tengo que decir al ladrón que se espere a que vaya a por el chaleco colectivo", expresa.

Ante esta reclamación respondieron devolviendo equipos previamente retirados con más de 10 años de antigüedad, periodo en el que caducan, para que no pudieran recriminarles que no tenían suficientes. Movimiento que García considera "ridículo".

Defienden que deberían dotar de equipos de protección personales, como la pistola, que es para toda la vida, hasta la jubilación. Al tener que compartirlos se da la circunstancia de que las tallas no siempre coinciden.

Pistolas franquistas y TASER

Al margen de los chalecos antibalas, reclaman la reposición de las pistolas antiguas, ya que "aún hay algunas con el símbolo del águila de la época de Franco, aunque ya quedan pocas", resalta. Así, destacan la importancia de dotar a los agentes con el arma de electrochoque TASER para crear un escalón intermedio entre una simple porra y un arma de fuego.

"Si te tienes que enfrentar a una persona de dos metros o que sea deportista y que esté alterada por sustancias, ¿cómo lo hacemos?", plantea García, quien añade que "hasta hace un año y medio no había ninguna y ahora hay una o dos por turno".

La pistola de descarga eléctrica requiere de formación, aspecto que también exigen. Según el responsable, "falta formación continúa y de calidad. Se hacen cursos en línea, pero los importantes se realizan en Madrid y de manera presencial, es necesario descentralizar y tener más formación territorial en el resto de España".

Hablando de reivindicaciones, no puede faltar la equiparación salarial con la Policía Local y la catalogación como profesión de riesgo, demanda compartida por la Guardia Civil. Los agentes municipales de todas las ciudades tienen esta calificación. Hasta cantantes o bailarines son de riesgo.

"No tiene lógica, siempre nos han tenido en un segundo plano, lo vemos en las retribuciones y en el trato. Todos los gobiernos nos han dejado de lado. Parece que tengamos que poner una denuncia para que nos hagan caso", lamenta García.