Alcoy no da con los autores de los actos vandálicos que se han saldado con la quema de 123 contenedores en la ciudad desde 2018, una práctica que, por desgracia, se está reproduciendo en numerosos municipios españoles como expresión de descontento social o, simplemente, como acción propia de un pirómano.
Sea como fuere, el consistorio quiere apagar ya esta polémica y por ello ha reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento a los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Policía Local en un encuentro en el que han intervenido el concejal de Seguridad, Raül Llopis, junto el edil de Transición Ecológica, Protección Civil y Emergencias, Jordi Silvestre y el jefe de este departamento.
En la reunión se ha dado a conocer el avance de las investigaciones en torno al último acto vandálico que tuvo lugar el pasado 8 de enero en la avenida del País Valencià, donde ardieron cuatro contenedores. Asimismo, las diferentes partes han acordado reforzar la seguridad para evitar que se produzcan más quemas de contenedores, que además de atentar contra patrimonio público y privado, pueden suponer un peligro para las personas, han recordado.
Colaboración ciudadana
Además de aumentar la vigilancia, con investigación y acciones coordinadas entre ambos cuerpos de seguridad, se va a insistir en el mensaje de concienciación a la ciudadanía, instando a los vecinos a reportar cualquier actitud que consideren sospechosa.
El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha subrayado, al término de la reunión, “confiamos plenamente en que el esfuerzo de la Policía Local y la Policía Nacional dará sus frutos y acabaremos identificando a la persona o personas responsables de estos hechos, que consideramos muy graves", ha dicho.
Asimismo, pedimos a los vecinos que alerten sobre cualquier actividad sospechosa porque su colaboración es crucial para atajar estos actos vandálicos”, ha insistido una vez más.
Los datos del informe solicitado a la adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), reflejan que desde 2018 se ha contabilizado la quema de 123 contenedores en la ciudad (29 de residuos sólidos urbanos, 39 de cartón, 34 de envases, 21 de vidrio y dos de residuos orgánicos).
Según los cálculos de la concejalía de Transición Ecológica, el incendio de cada contenedor está valorado en unos 1.000 euros de daño económico (entre el coste del contenedor y los gastos del servicio de retirada y limpieza), por lo que se evalúa un daño económico para la adjudicataria de en torno a los 123.000 euros.