El Ayuntamiento de Alicante convoca 310 plazas de funcionario con un presupuesto de 10 millones

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes en mesa general de negociación la oferta de empleo público del 2022, con un total de 310 plazas de funcionario. La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos y los sindicatos, y contará con un presupuesto de 10 millones de euros. Esta convocatoria será llevada próximamente a la junta de Gobierno, que es donde recibirá la aprobación definitiva.

La oferta de empleo del Ayuntamiento de Alicante "ha contado con el reconocimiento expreso y la felicitación pública de toda la Mesa de Negociación a la Concejalía de Recursos Humanos, por el gran trabajo, esfuerzo y cumplimiento de los plazos y compromisos", según explicaron fuentes municipales en un comunicado. La oferta municipal contempla "el número máximo de las plazas legalmente permitidas", según indicaron las mismas fuentes.  

El edil de Recursos Humanos, José Ramón González, manifestó al finalizar la reunión que desde el Ayuntamiento "estamos muy satisfechos porque ha salido adelante la Oferta de Empleo con el apoyo y respaldo de toda la parte social y política, que va a dar estabilidad a la plantilla". 

"Llevamos desde el inicio de la legislatura trabajando porque la plantilla de los funcionarios sea estable de acuerdo con la legislación, y esto es un compromiso que hemos cumplido desde este equipo de Gobierno liderado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala", aseveró José Ramón González. 

Asimismo, al finalizar la mesa de negociación todos los componentes de la mesa general han realizado un homenaje a la labor realizada durante estos años por el gerente del Patronato Municipal de la Vivienda, Gaspar Mayor. 

Una plantilla en ascenso

Las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Alicante se producen después de años de tener prohibida cualquier ampliación de plantilla. El motivo es que en los ejercicios 2011 y 2011 el consistorio solicitó préstamos por valor de 70 millones de euros con el aval del Estado para poder pagar a proveedores. 

Esto provocó una intervención directa del Ministerio de Hacienda en las cuentas municipales, y obligó a presentar un plan de ajuste que incluía, entre otras medidas, una amortización de las plazas de funcionarios que quedasen vacantes (con excepciones, como por ejemplo para la Policía Local). 

Finalmente, en el año 2018 el equipo de Gobierno utilizó el remanente de Tesorería para liquidar la deuda que quedaba con los bancos y la ciudad quedó libre del plan de ajuste. Desde entonces se han ido reforzando áreas como por ejemplo la Policía Local, donde había una importante escasez de agentes debido a la avanzada edad media de muchos de los trabajadores del cuerpo.