La multa por los derechos de construcción en los 121.992,50 metros cuadrados en disputa entre el Ayuntamiento de Benidorm y las empresas propietarias enfrenta al Gobierno Municipal con la oposición sobre una posible negociación.

La portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, ha afirmado este viernes que "no ha habido cambio de criterio" del ejecutivo respecto a estos terrenos en la zona APR-7 de Serra Gelada "porque el único objetivo siempre ha sido la defensa del interés general de Benidorm". Y así, como destaca a través de un comunicado, han actuado "en todo momento en base a los informes técnicos y jurídicos".

Caselles ha respondido de esta manera al grupo socialista municipal, que previamente había hecho una rueda de prensa. Y así la portavoz ha remarcado que los socialistas fueron informados en una Junta de Portavoces de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condena al Ayuntamiento a pagar 283.055.750,12 euros, más los correspondientes intereses legales.

Esa cifra, que como señaló este jueves el alcalde Toni Pérez sería el equivalente al presupuesto completo de tres años, es la que le correspondería a las empresas Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000 en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad. Eso sí, como la sentencia aún no es firme, el Ayuntamiento ya anunció este jueves que pensaba recurrir.

Este viernes, en cambio, la idea de una negociación está sobre la mesa, aunque no confirmada. Caselles critica a los socialistas porque el jueves "optaron por el silencio y hoy, en menos de 24 horas, han salido a decir que están a favor de la aclaración de la sentencia y del recurso de casación; pero además, como han leído en prensa que la propiedad ha mostrado predisposición a negociar, piden que al mismo tiempo se negocie, pero sin concretar en qué términos, en qué momento y hasta qué límite económico".

El choque entre el Gobierno municipal y el grupo socialista tiene también una parte en la que se recuerda que los convenios ahora anulados "se renovaron en época de gobierno socialista ya con ese suelo incluido en el Parque Natural y no lo han hecho durante el mandato de Toni Pérez", como apunta el comunicado municipal. Por eso Caselles recalca "que su partido ha tenido mucho que ver en este asunto".

Los cambios del convenio

La sentencia del TSJ hecha pública este jueves recuerda que esos terrenos se calificaron como suelo urbano en 1963 y en el Proyecto de delimitación de suelo urbano hecho en 1982. En 2004 los propietarios decían al Ayuntamiento esos terrenos, pero "mediante su compensación con terrenos que ha de recibir el Ayuntamiento de Benidorm en concepto de su 10 % de participación en el aprovechamiento lucrativo del Sector PP 1/1 Armanello", como recoge el texto.

La portavoz popular ha incidido en que "alguien en la bancada del PSOE debería explicar por qué los convenios fueron novados en 2010 y 2013 contra los criterios técnico-jurídicos del Ayuntamiento y al parecer también contra el criterio del entonces concejal de Urbanismo, como él mismo afirmó en prensa".

Las fuentes municipales resaltan que esos dos convenios firmados bajo gobierno socialista dieron pie posteriormente a las reclamaciones de los propietarios, ya con el PP en la Alcaldía. Este equipo fue el que decidió, siguiendo el criterio de los servicios jurídico, técnico y de la Secretaría General de este Ayuntamiento iniciar un procedimiento que anulara esos dos mencionados acuerdos.

Caselles ha concluido con un último dardo: "Llama la atención que cuando se ha abordado en pleno la nulidad de los convenios, con informes idénticos, el PSOE votaba a favor u optaba por la abstención dependiendo de quién era el propietario del suelo.