La votación de la tasa turística fue la protagonista este jueves en el hemiciclo valenciano. Finalmente, y pese a las reticencias iniciales, todo el bloque de la izquierda en su conjunto decidió impulsar la creación de un impuesto que grave a los visitantes que utilizan determinados alojamientos en la región: hoteles, apartamentos, casas rurales, campings y cruceros. El importe será entre 0,50 y dos euros por persona y día en función de la categoría del establecimiento, con algunas exenciones.

La medida contó con el apoyo explícito -por su voto- del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. El jefe del Consell ha sido muy prudente hasta ahora en sus intervenciones sobre la tasa, consciente de que no se trata de una medida muy popular fuera de la provincia de Valencia. Porque, en la práctica, el único gran municipio turístico que la va a implementar será la capital autonómica, gobernada por Compromís. 

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Puig había dicho que no estaba a favor de la implantación de este tributo en este momento (será efectivo a finales de 2023), y por un buen motivo: el alojamiento turístico es el segundo sector donde más han subido los precios, según los últimos datos del INE correspondientes al mes de octubre. En la provincia de Alicante la inflación fue de 8 puntos, solo superado por la alimentación y las bebidas no alcohólicas. 

Pero lo que más ha sorprendido a los empresarios es que el líder socialista se había competido a no aprobar nada que no estuviese consensuado con el sector turístico. Y, a día de hoy, el rechazo a la tasa es unánime en absolutamente todas las modalidades de alojamiento, probablemente con la excepción de los cruceros, a quienes resulta indiferente, y el alojamiento no reglado, por razones obvias (sus clientes no van a pagar). 

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Por este motivo las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguraron que su posicionamiento en los próximos meses estará claro: pedirán el voto para quien la derogue, sea el partido que sea. El líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ya ha dicho que la eliminará si gana las elecciones, aunque es una propuesta extensible a todos los partidos que han votado este jueves en contra (Ciudadanos y Vox). 

Miguel Ángel Sotillos, presidente de la patronal de alojamiento turístico (Aptur), señala problemas en su implantación: "No sabemos quién la va a cobrar, ni cómo se va a gestionar. Pero evidentemente es un coste que no estamos dispuestos a asumir". Mientras tanto en Hosbec, la mayor asociación hotelera de la Comunidad, ya estudian el texto desde el punto de vista jurídico para plantear un recurso.

Crisis con Colomer

Uno de los más férreos defensores de no aplicar la tasa turística ha sido el socialista Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo. El papel de Colomer no es menor: en la práctica es quien coordina la política turística de la Generalitat, y el nuevo impuesto supone desautorizar su discurso y, sobre todo, le pone en una situación comprometida por su cercanía con los empresarios. 

La noticia de la aprobación de la tasa llevó este jueves a Colomer a asegurar que no comparte "la filosofía, ni la oportunidad, ni la falta de empatía cronificada" que han llevado a la aprobación en el pleno del tributo. 

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"Respeto las decisiones soberanas del Parlamento valenciano", ha afirmado el secretario autonómico, que ha considerado que "la necesidad de recaudación debería explorarse en los caladeros del intrusismo, la competencia desleal, el fraude fiscal y la economía sumergida", y agregó: "Es un terreno muy importante para seguir profundizando".

Sobre la tasa, dudó de su aplicación y lamentó que "es una ley que nace sin el informe de nadie, ni del Gobierno, ni del Consell Jurídic Consultiu, ni del Comité Económico y Social".

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"Tampoco disfruta del consenso del sector ni del municipalismo turístico muy mayoritariamente", denunció Colomer, quien consideró también que "de esa vieja caja de herramientas de la democracia habría que haber extraído el diálogo como instrumento válido y el consenso como instrumento necesario".

La CEV: "Lastrará la recuperación"

Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) mostró este jueves su rechazo a la aprobación de la tasa turística al señalar que sale adelante sin contar con el sector y lastrará la recuperación en la que se encuentra inmerso.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, lamentó que se haya "dado luz verde a un impuesto que no solo gravará las pernoctaciones turísticas, sino que gravará la actividad de uno de los motores económicos de nuestra Comunidad", según un comunicado de la entidad empresarial.

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Los miembros del Comité Ejecutivo de la CEV volvieron a señalar lo "inapropiado" del momento, aunque la Ley incluya una moratoria de un año tras su aprobación para su aplicación.

"Las previsiones económicas para el próximo año apuntan a una desaceleración económica, por lo que consideramos que este impuesto genera una mayor incertidumbre para las empresas del sector y denota una falta de sensibilidad con el tejido empresarial", aseguró Navarro.

Desde la CEV alertan de que esta nueva figura fiscal "restará competitividad a la Comunidad Valenciana frente a otros destinos" y advirtieron de que, del mismo modo, "podría favorecer la economía sumergida, restando la reputación de la que goza en la actualidad la industria hotelera y del alojamiento turístico valenciano".