El 12 de septiembre de 2019 cayeron sobre diferentes puntos de la Vega Baja de Alicante más de 500 litros por metro cuadrado. Nunca había llovido tanto desde que se tienen registros, en 140 años. La comarca alicantina quedó completamente anegada e incomunicada. Pero se trató de sólo un episodio más de los más de 250 que se han producido desde 1320, en que quedó registrada la primera gran inundación.

La Vega Baja es el desagüe natural del río Segura, una cuenca deficitaria caracterizada por lluvias torrenciales y grandes avenidas de agua en momentos puntuales del año, particularmente en septiembre y los primeros meses del otoño, que durante siglos ha presentado el aspecto de una laguna.

Sus habitantes han ido desecando en diferentes periodos zonas dedicadas al cultivo que tienen la peculiaridad de contar con una pendiente mínima, con lo que es fácil que el agua quede estancada. Pero fue en el primer tercio del siglo XVIII cuando se puso mayor empeño en esta labor, gracias al cardenal Luis de Belluga y Moncada como obispo de Cartagena.

Fue entonces cuando se crearon las llamadas Fundaciones Pías, los pueblos de Nuestra Señora de los Dolores (hoy simplemente Dolores), San Felipe (una parte del término de Crevillent) y San Fulgencio, muchas de la cuales quedaron completamente anegadas hace dos años.

Falta de mantenimiento

Cuando se produjo la catástrofe de 2019 todas las miradas se pusieron en la Confederación Hidrográfica de Segura (CHS) que dirige el socialista Mario Urrea. La falta de mantenimiento (con varias roturas y desbordamientos) y limpieza del cauce ha sido desde entonces la principal acusación. Hubo incluso comunidades de regantes que interpusieron una querella contra el organismo de cuenca.

La opacidad de la CHS durante todo este tiempo se ha visto aumentada con la negativa de Urrea y otros 8 altos cargos a comparcer en la "Comisión especial de estudio de las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones de la Vega Baja en materia territorial, urbanística e hídrica -DANA-" de las Cortes Valencianas. Algo que le han afeado todos los grupos políticos menos el PSOE.

Esta misma semana, el alcalde de Guardamar (localidad donde el Segura desemboca en el mar), de su mismo partido, José Luis Sáez, ha terminado por estallar en la televisión autonómica y en las redes sociales a causa de la falta de limpieza del cauce viejo. Las asociaciones de agricultores y vecinos también están alarmados por el estado actual del cauce nuevo. En 2019 hubo que romperlo para permitir la salida del agua al Mediterráneo.

Comisiones y planes autonómicos

Los sucesos de hace dos años impulsaron al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, a organizar un plan específico de "reconstrucción" de la comarca. Su plan "Vega Ren-hace", que ya ha sido presentado después de escuchar a todos los alcaldes e instituciones implicadas. 

Puig ha prometido más de 150 millones para recuperar la comarca pero más allá de infraestructuras ha incluido en el plan todas las inversiones que desde hace años viene prometiendo y no ejecutando la Generalitat en materia de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Medio Ambiente... La oposición sigue mostrándose muy escéptica sobre el cumplimiento de esos dos años de trabajo teórico.

"Yo me haría una pregunta: ¿si vuelve a llover con la fuerza que lo hizo en 2019, cómo quedaría la Vega Baja? La respuesta es que no se ha hecho nada en materia de Infraestructuras". Con esta frase resume el diputado autonómico del PP y exconseller José Císcar la situación.

Císcar reconoce que se han limpiado cauces y que se han arreglado roturas, pero que no se ha realizado ninguna obra para evitar nuevos sucesos como aquellos. Ante un nuevo episodio climático la comarca quedará expuesta a las mismas consecuencias que hace dos años.

La Comisión Parlamentaria terminó con un dictamen en el que unanimidad sólo se vio rota por el rechazo de Vox. En ella se apeló a la necesidad de "reforzar las capacidades materiales y humanas de las Administraciones públicas" ante estas situaciones. Se habló de la "deuda histórica y la infrafinanciación autonómica y municipal que sufre la Comunidad Valenciana" y se pidió usar los fondos de reconstrucción europeos para la comarca.

Por su parte, la diputada de Cs, María Quiles (de Almoradí, donde se rompió el cauce), tuvo que dar un toque de atención al resto de partidos durante una de las sesiones: "esto parece un speech político en el que cada uno venimos a contar nuestro libro, dependiendo del partido del que seamos a decir las bondades o desbondades del contrario, y nos dedicarnos a todo menos a trabajar y a dar soluciones a nuestra comarca".

Sin embargo, la diputada liberal hace una mejor valoración de la comisión por la participación de todos los sectores y los 27 alcaldes. "Vamos a esperar a ver cómo se concretan las propuestas en los presupuestos porque de inversiones en la Vega Baja todavía no hemos visto nada", asegura.

"Va a volver a llover mucho, si no es este septiembre será al año que viene o sino cuando nuestros hijos sean mayores. Si en otros lugares como Japón o Europa pueden vivir son situaciones similares nosotros deberíamos también poder encontrar una solución. Pero hace falta voluntad política y actuaciones como el desdoblamiento del cauce, la limpieza periódica... y todavía no se ha hecho nada", asegura Quiles.

"No igual, peor"

Más crítico todavía es el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), que conoce al dedillo todas las inversiones que deberían haber empezado y que no se han hecho. "Si vuelve a llover como en 2019 no va a ser igual, va a ser peor, porque no se ha hecho nada", asegura Bascuñana hablando entre otras cosas de carreteras como la CV-930 o la CV-870, que no se han tocado.

"Seguimos haciendo estudios y análisis, pero no se invierte en obras. Desde 1987, gobernando Felipe González, tras aquellas inundaciones, se habla de millones. Entonces de 40.000 millones de las antiguas pesetas. Se habló de canalizar la rambla de Abanilla, de ampliar la del reguerón, de acabar con el cuello de botella desde Orihuela a Rojales. Y todo sigue igual", afirma Bascuñana.

"Están muy bien las declaraciones de intenciones y manifestación de voluntades como el plan 'Vega Ren-hace', pero cuando te dan 3 millones para hacer un drenaje urbano sostenible que cuesta entre 230 y 240 millones de euros, se quedan en nada. Nos somos desagradecidos, pero hay que pasar de los estudios a la acción", añade.