Alicante volvió a vivir este martes una intensa jornada de recepción de migrantes. Hacía tiempo que la provincia no atendía a un número tan elevado de personas abordo de pateras. Sin embargo, más allá de la cifra, 95, lo que ha llamado la atención ha sido, por un lado, la presencia de mujeres, lo que incluye dos embarazadas, siete niños y dos bebés (de unos 8 meses y de menos de 2 años) repartidas en las seis embarcaciones localizadas y por otro, su nacionalidad: la mayoría eran de origen sirio y solo seis decían venir de Argelia, país que en los últimos años ha encabezado el número de inmigrantes que llegan a Alicante por mar. 

Y es que las autoridades españolas no estaban acostumbradas a atender personas sirias, cuyo conflicto bélico, latente desde 2011, sí que trajo en su momento a migrantes que habían realizado la ruta del norte de África para dar el salto al Mediterráneo ante el bloqueo de Turquía.

La travesía de estas seis pateras ha durado unas 24 horas hasta que han sido interceptadas de madrugada en aguas alicantinas. Un trayecto convertido en pesadilla, de la que dan buena cuenta el estado de deterioro en el que han quedado algunas de las embarcaciones. 

"No tenían esperanzas de sobrevivir, pensaban que se iban a morir", explica Leila, traductora de Cruz Roja que ha asistido a parte de los migrantes. Según ha podido hablar con ellas y ellos, todas las personas habían salido de Argelia, pero las sirias llevaban un año y medio en el Magreb intentado rehacer sus vidas.

"Vinieron a Argelia a buscar una vida mejor que en Siria, pero la situación allí está demasiado fea, por lo que están buscando mejores oportunidades", relata esta voluntaria de la organización perteneciente al operativo de asistencia de ayuda humanitaria. 

Anteriormente, habían estado "algunas semanas" en la vecina Libia, un estado fallido donde ONG y Naciones Unidas han venido denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufren los migrantes, violadas ellas, vendidos como mano de obra ellos.  

¿Cómo han vivido los menores la travesía? "Una mamá me ha dicho que su hijo de 6 años tenía mucho miedo porque estaba consciente de todo lo que pasaba; otras niñas más pequeñas lo han pasado durmiendo y jugando", señala la traductora, de origen argelino. 

Tras "la buena acogida en el mar" proporcionada por el barco de Salvamento Marítimo 'Salvamar Mirfak', el operativo de Cruz Roja, apostado en el puerto de Alicante, donde van a parar según marca el protocolo, les ha proporcionado mantas, agua, una ducha, les han hecho la PCR para detectar contagios por Covid-19 y comida (potitos y biberones para los bebés). "Una mamá me ha dicho que ahora sí tenían esperanzas cuando horas antes pensaban que era el fin de todo".

Y, ahora, ¿qué?

Preguntados a los inmigrantes llegados a diferentes puntos de la costa alicantina, algunos han dicho que sus planes eran ir a Alemania, "donde les esperan familiares" para establecerse allí y encontrar trabajo, afirma Leila.

Esta traductora confiesa que, además de hacerles preguntas, su labor también consiste en escuchar las que les hacen. "Nos preguntan todo el rato qué va a pasar con ellos. Están a veces muy nerviosos y tenemos que trabajar con ellos esa paciencia", explica. 

Un trámite que se practica en los Centros de Acogida Temporal (CATE) de inmigrantes, donde Cruz Roja presta una primera asistencia humanitaria para comprobar las condiciones de salud en las que llegan estas personas. En el contexto actual de la pandemia, es en este lugar donde les hacen las PCR, informa EFE.

Expulsión o solicitud de asilo

Toda llegada irregular implica la apertura de un expediente de expulsión del país que concluye con la repatriación de esa persona, que en todo momento tiene la posibilidad de expresar su voluntad de reclamar protección internacional y solicitar asilo.

Mientras se resuelve esa solicitud de asilo, el inmigrante no puede ser expulsado y tiene la posibilidad de acceder a plazas de acogida específicas del sistema de protección internacional, cuya gestión depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones. 

Si se resuelve en sentido positivo y se concede la protección internacional, esa persona puede quedarse de forma legal en España. En el caso de no admitir a trámite esa solicitud o denegarse la protección, se tramita el expediente sancionador en el que se propone la expulsión del territorio español, lo que supone que finalmente hay una orden de expulsión validada por un juez.

Mientras se tramita ese expediente, el inmigrante ingresa en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.