Guerra política por el Juzgado de Paz de Crevillent tras la elección de un exedil del PSOE como nuevo juez

Hace algo más de un mes, el Ayuntamiento de Crevillent, gobernado por Compromís, PSPV-PSOE, y L'Esquerra, anunció que estaba en marcha la elección del juez o jueza de Paz tras agotarse los cuatro años de mandato.

Este particular juzgado, únicamente activo en municipios donde no existen juzgados de Primera Instancia o Instrucción, despertó el interés de los vecinos interesados en ostentar este cargo ya que no se debe pertenecer a la carrera judicial ni es necesario tener estudios relacionados con el Derecho.

En total, 20 vecinos de esta localidad de unos 30.000 habitantes optaron al puesto (solo hacía falta ser ciudadano español y no arrastrar ninguna condena judicial, entre otros requisitos básicos). De todos ellos, y tal y como marca la legislación nacional, el pleno del Ayuntamiento de Crevillent se decantó el pasado lunes por Policarpo Ramón gracias a los votos mayoritarios del equipo de Gobierno. 

Se trata de un antiguo concejal del PSOE entre 2007 y 2015, algo que el PP ha sacado a relucir. “No tenemos nada en contra de Policarpo Ramón personalmente, a quien conocemos varios de los actuales concejales del PP y con el que tuvimos una relación de respeto mutuo, pero se ha abierto una línea de politización en el cargo de juez de paz que no es buena”, ha dicho el portavoz adjunto del PP y anterior alcalde César-Augusto Asencio.

Preguntado al PSOE, el portavoz del grupo responde que "es verdad Policarpo fue concejal, pero jamás fue militante socialista y desde que cesó como concejal de oposición en 2015 no tuvo ni ha tenido ninguna vinculación con PSOE". Además, asegura que Asencio les propuso a los grupos del ejecutivo local que votaran a favor de la continuidad de Paz Genoveva Gallardo y que Policarpo Ramón fuera en todo caso suplente. "Ha sido él el que pretendía amañar el resultado para elegir a la persona que estaba ya cuando él era alcalde", dice molesto el también secretario local del PSOE tras "dejar claro" que no tienen "nada en contra" de Genoveva como jueza de paz. 

Por su parte, el PP recuerda que Genoveva Gallardo "fue elegida por amplia mayoría de todos los grupos" en el pleno municipal de 2009, cuando gobernaba precisamente César-Augusto. Anteriormente, cuando el PSOE ostentaba la alcaldía en los 90, "el PP en la oposición apoyó la propuesta para Juez de Paz de Roque Aznar, persona apolítica y bien valorada en Crevillent". 

"Ahora que hay un nuevo gobierno tripartito y a pesar de que la actual juez Paz Genoveva Gallardo ha venido desempeñando con gran dedicación y eficacia el cargo de Juez de Paz, incluso con el voto favorable de la mayoría de concejales de los partidos del actual gobierno tripartito en las elecciones anteriores, nos encontramos con que por partidismo político y aprovechando que es la primera vez desde 1995 en que la izquierda tiene mayoría en el Ayuntamiento, el gobierno del tripartito rompe con el consenso que había en el nombramiento de juez de paz e impone a una persona próxima que fue concejal del PSOE", insiste el PP.

Las funciones 

Más allá de la guerra abierta entre populares y socialistas por el nombramiento de este juzgado, desde fuera no se entiende las críticas de unos y otros por un órgano que tiene muy limitada sus funciones. 

Entre ellas, está la de celebrar y dictar sentencias en juicios de faltas por hechos denunciados del tipo insultos o vejaciones ocurridas entre vecinos, celebrar bodas, actos de conciliación, reclamación de cantidades menores de 90 euros, hacer labores de representación en actos municipales o tramitar notificaciones de otros juzgados, sobre todo de Elche, a cuyo partido judicial pertenece Crevillent. 

Tampoco se entiende la polémica si nos fijamos en el sueldo que cobrará el próximo juez de Paz de Crevillente, 4.698 euros al año, algo más de 380 euros al mes, lo que hace inviable la dedicación exclusiva de este cargo que, en muchos casos, no deja de ser simbólico.  

Discriminación lingüística

Por último, Paz Genoveva Gallardo abandonará el cargo que ha ostentado más de una década tras una denuncia de un crevillentino que aseguró hace unos dos meses que no le atendieron por expresarse en valenciano y que, siempre según su versión, le exigieron "repetidamente y de manera despectiva" pasarse al castellano, según un escrito de l'Associació per la Llengua el Raig de Crevillent y Escola Valenciana.