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La polémica por el seguro obligatorio para bicicletas en Zaragoza aumenta y llega a los tribunales

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La polémica por el seguro obligatorio para bicicletas llega a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estudiará las reclamaciones de los colectivos ciclistas y decidirá si esta medida, incluida en la nueva ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, se ajusta o no a derecho.

Detrás de la reclamación están dos asociaciones: Con Bici y Bielas Salvajes. Laura Vergara, gerente de la primera, explica que el recurso todavía se tiene que formalizar, pero valora positivamente este primer paso. Una vez que el juez ha confirmado que su queja "tiene fundamento" y que estas son entidades legítimas para presentar recurso, tocará formalizarlo.

Los colectivos preparan ya toda la documentación y el Ayuntamiento tendrá que hacer lo propio. En ella también reclamarán una regulación de los aparcamientos "más equitativa" y coherencia en los límites de velocidad establecidos para las vías ciclistas.
"En su día presentamos alegaciones, pero ni siquiera se nos contestó. Ahora, el juez tendrá ocasión de revisar toda la documentación y el Ayuntamiento, la oportunidad de mejorar la regulación o seguir alimentando el conflicto", apunta Vergara.

La medida, en vigor desde hace poco más de un mes, ha tenido una fuerte contestación social, con una manifestación en la plaza de España a la que acudieron cientos de personas. Con Bici y Bielas Salvajes cuentan, además, con el apoyo de Pedalea y Zaragoza Ciclista. Para sus portavoces, el principal problema está en la "falta de diálogo" que hubo en los meses previos a la aprobación.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defienden la normativa de cara a aportar una mayor seguridad a todas las personas que se mueven por las calles de Zaragoza y recuerdan que este seguro viene incluido en la mayoría de pólizas del hogar. Con este mismo motivo, el Consistorio puso edad mínima a los conductores de patinete (16 años) e impuso la obligatoriedad de llevar casco durante los desplazamientos.

Pese a que el asunto ha terminado en manos de los tribunales, la ordenanza se seguirá aplicando con normalidad, ya que, por ahora, no se han solicitado unas medidas cautelares exigiendo su paralización. No en vano, la resolución podría tardar años, ya que las partes tendrían derecho a recurrir a instancias superiores.