La Justicia tumba la ampliación de 220 hectáreas en la Plataforma Logística de Zaragoza

La Justicia tumba la ampliación de 220 hectáreas en la Plataforma Logística de Zaragoza

Economía

El TSJA tumba la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza: el objetivo, salvar el proyecto de Lidl

Lidl tenía previsto invertir 100 millones de euros en un centro de distribución en estos terrenos. La DGA tratará de continuar y legalizar el proyecto.

Raúl Gascón
Zaragoza
Publicada
Actualizada

Varapalo para uno de los proyectos logísticos más importantes de Aragón. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha anulado los convenios urbanísticos que iban a posibilitar la ampliación de 242 hectáreas en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Entre las iniciativas que quedan en el aire, un gran centro de distribución de Lidl de 200.000 metros cuadrados para abastecer al suroeste de Europa.

Este proyecto fue anunciado en 2022 con la intención de habilitar, principalmente, parcelas de gran magnitud para atraer nuevos proyectos empresariales. Para ello, se suscribió un convenio con Cipsa Norte, propietaria de parte de los terrenos, y se inició el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), pero ambos han quedado anulados después de los recursos presentados por otros dueños del suelo afectado.

La sentencia, según ha publicado Heraldo de Aragón, defiende el derecho de estas dos familias, a las que se pretendía expropiar los terrenos. También resalta los “sorprendentes privilegios” que se le concedieron a la empresa y las cargas millonarias asumidas por la Administración.

Ante ello, el actual Gobierno de Aragón va a analizar en próximas fechas “en qué punto” del proyecto de ampliación de Plaza deja esta sentencia, y si es necesario empezar de cero toda la tramitación urbanística. “La intención es continuar con la ampliación, legalizar las actuaciones y validar el PIGA”, ha expuesto el consejero de Fomento, Octavio López, nada más conocer la sentencia.

Objetivo: salvar Lidl

De esta forma, el objetivo prioritario del Gobierno de Aragón es salvar la inversión de Lidl, que se iba a elevar hasta los 100 millones de euros y que fue uno de los primeros anuncios empresariales de Jorge Azcón. En función de este proyecto y su viabilidad futura estará la decisión, por ejemplo, de acelerar al máximo los trámites o buscar otro emplazamiento en el entorno de Zaragoza.

Los plazos iniciales marcaban el primer semestre de 2028 como fecha máxima para entregar a Lidl la parcela urbanizada para que la multinacional alimentaria iniciara las obras. “Puede suceder que se reactive Plaza 4.0, pero con una fechas más expansivas, y que a ellos les valga o no. Serán ellos los que marcarán el punto de referencia”, ha señalado el consejero de Fomento.

“Si nos dicen que es condición sine qua non (mantenerse ahí), tendremos que hacer todo lo posible. Si no es sustantiva, más que el entorno, intentaremos ayudarles y ver los plazos. Vamos a intentar casar el interés del tiempo y la ubicación. Nos pondremos manos a la obra a trabajar para que sea una realidad”, ha reseñado López.

A su juicio, hay alternativas suficientes alrededor de la capital aragonesa para ubicarlo, incluso en zonas ya urbanizadas que acelerarían los plazos. “Vamos a analizar a qué punto concreto nos lleva esta sentencia, y valorar la subsanación de todos los errores de fondo del TSJA. Después, veremos un cronograma posible, razonable y realista de los tiempos necesarios para implementar este suelo y poderlo ofrecer a empresas logísticas. Esperamos cumplir para entregar la parcela urbanizada en el primer semestre de 2028. Veremos si es viable”, ha afirmado.

Sobre la mesa, los responsables jurídicos del Ejecutivo aragonés estudiarán la interposición de un recurso al Supremo, si bien el consejero de Fomento es consciente de la escasa posibilidad de que revierta la sentencia del TSJA. “Si recurrimos, es porque nos dicen que hay posibilidad. El porcentaje 0% o 100% en derecho no existe. También hay un convenio con un tercero que, si quiere recurrir, no podemos dejarlo solo. Quiero tener la opinión de los servicios jurídicos del Gobierno”, ha concluido.