La Junta se compromete a apoyar la sostenibilidad económica de los centros de Educación Especial

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, se ha comprometido a que su departamento asuma las tareas de desinfección de los centros que acogen a estudiantes con necesidades educativas especiales para volver a la actividad ordinaria, así como a apoyar la sostenibilidad económica de los mismos.

Lucas también ha apoyado la posibilidad de que las familias puedan decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos. Así lo ha señalado durante el transcurso de una videoconferencia con el presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, Juan Pérez, para analizar la situación de la Educación Especial.

Todas las políticas educativas desarrolladas por la Junta de Castilla y León giran sobre la equidad como eje principal. Una política que no se traduce en dar a todos los alumnos lo mismo, sino en ofrecer a cada uno lo que necesite, con atención personalizada, para que ninguno de ellos encuentre trabas en su progresión académica, señala la Consejería a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El cierre de los centros educativos debido a la alerta sanitaria, provocada por la COVID-19, ha impedido que este alumnado reciba la atención educativa y reeducadora ordinaria y la del profesorado especialista en audición y lenguaje y fisioterapeutas. De los más de 7.600 estudiantes con discapacidad que se escolarizan en Castilla y León, 786 presentan pluripatologías.

En este sentido, el presidente de Cermi CyL ha trasladado su preocupación por este tema y por la sostenibilidad económica de los centros de Educación Especial (CEE), ya que se están afrontando costes extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia. Así, Pérez ha solicitado un protocolo específico para llevar a cabo la desescalada en estos centros y el apoyo de la Junta de Castilla y León para compensar los costes añadidos que esta situación ha ocasionado.

La titular de Educación se ha comprometido a desarrollar conjuntamente con el Comité los planes de contingencia necesarios y asumir las tareas de desinfección de los centros y las actuaciones necesarias para volver a la actividad ordinaria, así como apoyar la sostenibilidad económica de estas asociaciones.

Además, Lucas también ha apoyado la posibilidad de que las familias puedan decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos, como solicitan desde Cermi Castilla y León. De los más de 1.200 alumnos matriculados en centros de Educación Especial en la Comunidad, 481 lo hacen en centros concertados.

ESTRECHA COLABORACIÓN

La Consejería de Educación y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León firmaron en noviembre de 2014 un protocolo que se ha integrado en una de las líneas de actuación de la Administración educativa autonómica para potenciar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Entre las actuaciones a las que se comprometieron, tanto la Consejería de Educación como Cermi Castilla y León, destacan la colaboración en el desarrollo de programas de formación y participación dirigidos a familias y profesionales de la enseñanza que trabajen con alumnos que presenten algún tipo de discapacidad, concluye el comunicado.