La Justicia archiva el proceso contra el protocolo de atención al alumnado transexual de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) da "por terminado" el proceso por pérdida sobrevenida de objeto y dispone el "archivo" contra el protocolo de atención al alumnado transexual de la Consejería de Educación que, aclara, no pasó de su fase experimental y no era operativo cuando se incoó el proceso, por lo que "no existe la razón de ser del litigio".

Aunque el auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de reposición, el sindicato celebra la "victoria" sobre la asociación "ultracatólica" de Abogados Cristianos. "La demanda interpuesta iba contra el Protocolo de Atención Educativa y Acompañamiento al Alumnado en situación de Transexualidad y Alumnado con Expresión del Género No Normativa que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León había puesto en marcha de manera experimental y que dejó de aplicarse en enero de 2019", según ha informado CCOO

La "pena", para el sindicato, es que la sala no entre a valorar el fondo del asunto, ya que se trataba de un protocolo experimental que no se estaba aplicando, al carecer la Comunidad de una "verdadera" regulación legal LGTB+, que la Junta "ha evitado promulgar".

"Las organizaciones ultracatólicas y de extrema derecha, expertas en estas fórmulas, ya ha lanzado en otros momentos ataques a la docencia, para maniatar la profesión docente y someterla y convertirla en peón de los intereses ideológicos, políticos y religiosos", denuncia.

Por todo lo anterior, la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León, advierte de que se personarán y en esta y en cuantas otras causas se abran "contra la igualdad y no discriminación", a pesar de que este tipo de organizaciones luchen contra la legitimación "para ser parte". "Cosa que no consiguen, puesto que como declara la sala "el interés, y con ello la legitimación, de las organizaciones sindicales en supuestos como el presente, es palmaria", añaden.

CCOO entiende la escuela pública como "único garante de igualdad, no discriminación y progreso democrático de una sociedad, mediante la educación en valores". "Y es necesario que establezcamos qué valores representan el máximo consenso social, huyendo de éticas privadas, individuales o de grupos particulares", concluyen.