El IMV llega en Castilla y León sólo al 41% de los beneficiarios potenciales de esta prestación

Dos años después de la implementación del IMV (mayo de 2020), esta prestación ha llegado sólo al 41% de los potenciales beneficiarios de Castilla y León, según datos hechos públicos esta mañana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lo cual sitúa a la Comunidad en la media nacional.

La (AIReF) concluye que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha desplegado sólo una parte de su potencial, por lo que tiene aún mucho recorrido para convertirse en un instrumento más eficaz en la lucha contra la pobreza.

La aportación del IMV es mucho mayor en las comunidades autónomas en las que sus programas de rentas mínimas garantizadas son de menor dimensión relativa, como es el caso de Castilla y León, donde alcanzó un 25%. Sin embargo, los datos hechos públicos por Cáritas la semana pasada son demoledores: la exclusión social se disparó un 31% en la Comunidad el año pasado.

El porcentaje de hogares en pobreza no cubiertos por ninguna de estas dos prestaciones es variable en función de la comunidad autónoma de
residencia y depende también del esfuerzo en términos de cobertura que
estas administraciones venían realizando. En Castilla y León fue del 48%, casi la mitad de los potenciales beneficiarios que se encuentran en un umbral de pobreza.

El 30% de los solicitantes y potenciales beneficiarios en Castilla y León no pudieron cobrar esta prestación por aportar en la documentación un domicilio incorrecto y aproximadamente un 20% porque no llevaban empadronados más de un año.

La prestación ha sido más eficaz en reducir la intensidad de la pobreza en
unas comunidades autónomas que en otras. En Castilla y León supuso una efectividad del 38%, situándose como una de las que más consiguió reducir estos umbrales. En el lado opuesto están Cataluña, Castilla La Mancha o Baleares, que consiguieron reducirlo un 20, 23 y 24% respectivamente.

Una renta que ha llegado en España a 284.000 hogares con el 56% de su presupuesto, "pero podría cubrir a 700.000 hogares si estuviera plenamente implantado con un coste anual de 2.800 millones", según Cristina Herrero, presidenta de la AIReF.

El número de solicitudes registradas hasta el 31 de diciembre ha superado los 1,5 millones en todo el territorio nacional, pero el 73% de las resueltas se denegaron por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia. En este sentido, este organismo pide que se identifique si la liquidez real de cada solicitante para comprobar si verdaderamente, aún teniendo una vivienda que no sea la habitual, no dispone de renta suficiente para poder vivir.

Para conseguir una plena implementación de esta medida aprobada en mayo de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de CCOO y UGT, la AIReF propone concretar objetivos cuantificables y medibles para poder evaluar su cumplimiento y realizar un análisis detallado de los expedientes rechazados

Además, realiza una serie de propuestas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la prestación, como simplificar el proceso de solicitud, profundizar en el análisis de las causas del non take up (personas que pudiendo haber recibido esta prestación, no lo hicieron), fomentar la publicidad institucional de la prestación y seguir trabajando en el encaje entre el IMV y las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.

A medio plazo, la AIReF propone conseguir una mayor integración del IMV con el resto de prestaciones e impuestos y avanzar hacia prestaciones que se inicien de oficio.

Del análisis del diseño del IMV se desprende que la prestación, a 31 de diciembre de 2021, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial, puesto que ha llegado a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales y ha ejecutado un 56% de su presupuesto.

Sin embargo, la AIReF asegura que tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social puesto que, de estar plenamente implantado, cubriría a 700.000 hogares y supondría un coste anual de 2.800 millones de euros si consiguiese llegar a todos ellos. Estas cifras y las del resto de la evaluación no incorporan a País Vasco y Navarra al disponer únicamente de información administrativa de renta y patrimonio de territorio común. La AIReF está trabajando para su futura incorporación en próximas opiniones.

En este sentido, la AIReF constata que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, fenómeno conocido como 'non take-up'. Este fenómeno, común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV. 

Si estuviera plenamente implantado, el IMV ampliaría la cobertura de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares. Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir.

En este sentido, hay que señalar que su diseño se configura como una prestación suelo, es decir, cubre a parte de los hogares que anteriormente ya podían recibir las rentas mínimas y amplía la cobertura fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas en las que sus programas de garantías de rentas para la lucha contra la pobreza eran más limitados.

Con todo ello, el IMV junto con los programas de rentas mínimas, si estuvieran plenamente implantados, conseguirían cubrir aproximadamente al 60% de los hogares en riesgo de pobreza (entendido como los que poseen rentas por debajo del 40% de la mediana). En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos. Este porcentaje del 40% sin cubrir podría variar en los próximos años si las comunidades autónomas modificasen sus rentas mínimas como consecuencia de la liberación de recursos de sus programas de rentas derivada de la implementación el IMV.

Las propuestas que en este sentido propone la AIReF a corto plazo, pasan por definir el objetivo de esta prestación para poder evaluar mejor su cumplimiento, analizar los expedientes rechazados por renta y unidad de convivencia, simplificar los trámites administrativos y garantizar su encaje con las rentas garantizadas de las comunidades autónomas. Un proceso que requerirá de cambios normativos que podrían diltar el resultado.

Los datos arrojan que un porcentaje alto de hogares en riesgo de pobreza no pueden acceder a la prestación por criterios de patrimonio, por lo que la AIReF estima conveniente analizar el grado de liquidez de estos activos.

La AIReF identificará el encaje que se produce con la renta garantizada de Castilla y León en un estudio que espera poder presentar el año que viene a través del registro de prestaciones y pide "avanzar hacia un marco en el que las prestaciones se acerquen al ciudadano y no los ciudadanos a las prestaciones".