El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha instado a las Cortes a adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General al 31 de julio del ejercicio siguiente al que se refiere, en lugar del 30 de noviembre actual, para que los grupos políticos cuenten con información previa a la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad para el año siguiente, y que según el Estatuto de Autonomía debe presentarse a mitad del mes de octubre.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en el Parlamento autonómico para presentar el informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a 2021. “Ayudará a una mejor toma de decisiones de la Administración y un control más eficaz al conocerse este informe”, ha defendido Amilivia, exponiendo que “sería muy positivo”, dado que actualmente Castilla y León es de las autonomías “que rinde las cuentas más tarde”.

Asimismo, ha comentado que esta medida “pretende simplificar la disminución de la auditoría” y ha pedido a los grupos parlamentarios, en una posible modificación normativa, que cuando se presente el informe de la rendición de cuentas de 2022, se podría incluir un informe específico de deuda y otro de la cuenta general.

El presidente tambien ha promovido una adaptación del “lenguaje común internacional de auditoría”, que recoja las cifras de la cuenta del Estado y “algunos párrafos con una opinión, fundamentos de la misma y énfasis en los casos en que proceda”, una línea “de mejora” que “contemplaría mejoras en la estructura del informe”.

Además, Mario Amilivia, ha criticado que la Junta sigue sin tener implementado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al año 2021 presentado, informa de que el Inventario General solo recoge los bienes inmuebles y derechos sobre estos de la Administración General, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo; siendo el Instituto Tecnológico Agrario la única entidad que incluye bienes muebles en su inventario.

El trabajo, que según el presidente, "puede resultar de utilidad para el debate que se abrirá próximamente con la tramitación parlamentaria prevista del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024", concluye con ocho recomendaciones, entre las que destaca "que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos tenga en cuenta el importe de los gastos pendientes de otros años". 

Más allá de aclarar que no se han detectado incidencias significativas ni siquiera en la revisión del proceso de consolidación, Amilivia ha puntualizado que el 99,3% de la Cuenta General está representada por entidades que realizan actividades administrativas. La Junta, la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales suponen el 95,7% del total. 

En cuanto a los informes de auditoría de las cuentas anuales, la opinión en los informes de auditoría de los cinco entes públicos de derecho privado y de la Sociedad Pública de Infraestructura y de Medio Ambiente de Castilla y León es favorable. Sin embargo, las cuentas del Consorcio del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca obtuvieron opinión desfavorable. Además, cabe destacar que no se presentó en plazo el informe de auditoría de las fundaciones Supercomputación Castilla y León, y Fundación Patrimonio Natural; mientras que las cuentas de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León fueron presentadas sin aprobación, aunque posteriormente fueron reformuladas con una opinión favorable en su informe de auditoría.

Atendiendo a las entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, el presupuesto definitivo de gastos, cifrado en 12.917.807.703 euros, experimentó en 2021 un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior. 

En el ejercicio 2021 las oscilaciones más significativas en términos cuantitativos se produjeron en la Gerencia Regional de Salud y en la Junta de Castilla y León, pero en sentidos inversos, ya que, mientras la primera disminuyó su presupuesto un 6,2%, la segunda lo incrementó un 5,2%.

Porcentualmente, la Junta de Castilla y León (51%), la Gerencia Regional de Salud (35%) y la Gerencia de Servicios Sociales (8%) absorben el 94% de las obligaciones reconocidas netas consolidadas sobre un total de 12.396.299.871 euros. El 75% de las obligaciones se originaron por gastos de personal (4.305 millones de euros), los gastos corrientes en bienes y servicios (1.849 millones) y por transferencias corrientes (3.185 millones).

El 79% de los ingresos de la liquidación consolidada provienen de impuestos, directos por importe de 2.403 millones de euros e indirectos por 3.531 millones, así como de transferencias corrientes (3.856 millones).

Amilivia también ha explicado que los ingresos del sistema de financiación representan una media del 70% de los ingresos de la Administración General en los últimos cuatro años y un 64% del total de los ingresos de la Cuenta General consolidada.

Sistema de financiación

El presidente del Consejo de Cuentas ha señalado que el ejercicio 2019 fue en el que el sistema de financiación resultó más representativo de los últimos cinco años. En 2021, con una cuantía de 7.483 millones de euros, estos ingresos descendieron respecto a 2020, aunque el impacto de la financiación recibida por la pandemia se extendió también al ejercicio fiscalizado.

En relación a la Gerencia Regional de Salud, en los años 2020 y 2021 se incrementaron los créditos, lo que, según Amilivia, ha permitido que se imputen a presupuesto corriente tanto los gastos generados en estos ejercicios, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito. Así, ha recordado que en este ámbito existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2021 por importe de 32 millones de euros, disminuyendo el 48% respecto a 2020, lo que afirma la tendencia descendente. De estas, 5,3 millones corresponden a obligaciones generadas en ejercicios anteriores. Por otra parte, se imputaron al ejercicio 2021 obligaciones de ejercicios anteriores por un importe de 56 millones.

En cuanto a las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, la cuenta 413, de acreedores por operaciones devengadas, indica el total de las obligaciones reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto. En 2021, el saldo total de la cuenta disminuyó un 10% con respecto al ejercicio anterior, siendo la entidad con mayor importe en dicha cuenta la Gerencia Regional de Salud, seguida la Administración General.

Seguimiento de debilidades

Sobre el seguimiento de debilidades, el informe, más allá de constatar que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, también recoge que las cuentas rendidas del Consorcio Palacio de Congresos de Salamanca están formadas de acuerdo con el modelo normal de contabilidad local y no con arreglo al plan contable de la Junta, a la que está adscrita.

Por otra parte, también indica que los entes sujetos a contabilidad pública no utilizan las cuentas de ingresos y gastos imputados a patrimonio neto y, por tanto, tampoco se reflejan los movimientos en el estado de cambio de patrimonio neto, incumpliendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León. 

Finalmente, cabe mencionar que la Junta, la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo tienen saldos pendientes de contabilizar correspondientes a las liquidaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 22 millones de euros. Y es que, según el informe, al respecto, por parte de la Administración, se ha declarado que se encontraban saldados en 2022.

Ajustes

Atendiendo a los ajustes, Amilivia ha manifestado que el informe señala que las obligaciones reconocidas netas deben disminuirse en 27 millones de euros y, por tanto, el resultado presupuestario consolidado se ajusta de forma positiva en dicho importe, con lo que quedaría en -81 millones de euros.

En materia de modificaciones presupuestarias, el presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 12.286 millones de euros, "habiéndose autorizado modificaciones por importe de 631 millones, por lo que el presupuesto definitivo llegó a 12.917 millones". 

En términos agregados, el importe de las modificaciones tramitadas disminuyó un 69% con respecto al ejercicio anterior, tanto por la financiación extraordinaria a causa de la COVID-19 como porque en 2020, debido a la prórroga de los presupuestos de la Comunidad, la actualización de los ingresos provenientes del sistema de financiación, que no estaba contemplada, se implementó a través de modificaciones de crédito.

Según el informe, por políticas de gasto, los créditos que más se incrementaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad (un 45% del total), seguidos de Industria y Energía, con un 20%.

El expediente de mayor importe, 232 millones, fue tramitado por el Instituto para la Competitividad Empresarial, destinado a la financiación de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. El crédito se minoró posteriormente, en 2021, por importe de 96 millones para reintegrar al Tesoro las ayudas no concedidas, bien por no cumplir los solicitantes los requisitos o bien por no haber sido solicitadas.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

En el apartado de conclusiones sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el presidente ha precisado que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2021 fue de 13.215 millones de euros, un 2% superior al del ejercicio 2020.

En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Junta de Castilla y León tuvo en el ejercicio 2021 un déficit de 79 millones de euros (0,10% sobre el PIB), coincidente con el límite de referencia inicialmente establecido. El volumen de deuda suponía el 22% del PIB regional, inferior al valor de referencia objetivo de deuda fijado inicialmente. La Junta incrementó el gasto computable en 921 millones a cierre de 2021, un 11% más que en el ejercicio anterior, siendo el objetivo de la regla de gasto inicialmente previsto para ese año del 3%.

Sobre la concesión de avales, en 2021 la Administración General concedió tres de estos por importe total de 127 millones y no canceló definitivamente ninguno. La cuantía del riesgo vivo de los 21 avales existentes al inicio del ejercicio era de 434 millones y de 451 la de los 24 avales a fin de ejercicio, incrementándose en un 4%. 

Finalmente, sobre el sistema de información trimestral Ley 15/2010, por la que se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que el periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 2021 fue inferior al límite de 30 días señalado por la normativa sobre morosidad en 11 de los 12 meses transcurridos. Por sectores, los PMP de educación son inferiores al resto de sectores de actividad, excepto en el mes de enero, donde el sector de los servicios sociales presenta el menor valor.

Recomendaciones

Amilivia ha concluido la presentación del informe con ocho recomendaciones, seis menos que en la Cuenta de 2020. Entre ellas, que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos debe "tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores" y que la Administración autonómica "debería determinar reglamentariamente la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades". 

También, que la Gerencia Regional de Salud "debería completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gastos de personal, además de regular el procedimiento para la confección de la nómina"; mientras que el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) tendría que "extremar los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentren en concurso de acreedores". 

Informes de fiscalización

En la comparecencia de este lunes, Amilivia ha precisado que tras la sesión de hoy, todavía están pendientes de presentar en las Cortes 13 informes de fiscalización y que con respecto al resto de las actuaciones, cinco fiscalizaciones correspondientes al Plan anual 2022 se encuentran en su última fase de elaboración y otras 22 del Plan de 2023 están también en marcha. De este modo, ha destacado que actualmente la actividad del órgano autonómico está conformada por 40 informes en distintas fases de tramitación. 

En esta línea, el presidente del Consejo de Cuentas, ha revelado que durante este primer cuatrimestre del año se van a aprobar 13 trabajos.

“Mala gestión”

En la respuesta de los grupos parlamentarios, desde la oposición se ha puesto de manifiesto la “mala gestión” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo calificado la socialista Rosa Rubio, quien ha recordado que el de 2021 fue el primer presupuesto “posterior a la era Herrera”, dado que estaban prorrogados desde 2018. Según informa la Agencia ICAL, Rubio ha afirmado que en ese año llegaron a la Comunidad 741 millones de fondos COVID, 633 millones de créditos y otros 233 millones de ayudas a autónomos y empresas. En este sentido, ha afeado que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, “es más fácil que acierte la Lotería de Navidad que las cifras macro y de crecimiento de la Comunidad”. “La Junta miente cada vez que dicen que somos de las comunidades menos endeudadas, cuando somos la sexta que más. La gestión fiscal elitista de Mañueco y la pérdida de población constante se contraponen al crecimiento de la deuda un 400 por ciento, lo que supone una mala gestión económica”, ha incidido Rubio.

También ha sostenido que el Consejo de Cuentas “advierte” del calendario de amortización de la deuda, que “traerá un asfixiamiento en las cuentas autonómicas que sufriremos”. Al respecto, ha concretado en los 232 millones del expediente de modificación presupuestaria del ICE, del que se devolvieron casi 100 millones, “buscando excusas, diciendo que los compensarían con fondos propios, echando la culpa a las dificultades de la tramitación y los requisitos”. “El Gobierno pone el dinero y la Junta solo gestiona. La Gerencia de Salud ha llegado al mínimo de deuda gracias a los fondos COVID del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha asegurado, tras defender las ocho recomendaciones planteadas por el Consejo de cuentas.

ICAL también recoge que, por parte de la oposición, Alicia Gallego (UPL-Soria Ya) se ha referido al “desequilibrio” económico de la Fundación Patrimonio Natural” que, según Amilivia, “se ha atendido posteriormente”. Igualmente, ha pedido que la Junta “se ayude de este informe para evitar que se quede dinero en los cajones y el aumento de deuda; y todo ello sin mermar nunca los servicios públicos de calidad”.

Por su parte, Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha deseado que el proyecto de presupuestos de 2024 “tenga en cuenta las ocho recomendaciones” que realiza el Consejo y el de la transparencia. También ha expuesto que la deuda creció en 283 millones en 2021, un dos por ciento, lo que “pone de manifiesto la mala gestión del Gobierno autonómico”. “Nos preocupa, porque el Gobierno de PP y Vox sigue generando deuda y esto no se traduce en una mejora de servicios públicos ni infraestructuras”, ha criticado. 

La ‘popular’ Rosa María Esteban ha ensalzado que la Cuenta General “se rinde en plazo” y ha destacado que “se han reducido a seis las recomendaciones en relación a la anterior informe”. “Algo se habrá hecho bien”, ha contestado al PSOE, al que ha acusado de “hacer continuamente la oda a Pedro Sánchez”.

En todo caso, Esteban ha asumido que el informe del Consejo de Cuentas reconoce “una serie de pequeñas incidencias en cuanto a la tramitación”, pero ha incidido en que de forma general “se cumple la normativa”. “Nos gustará más o menos el presupuesto, aprobado legítimamente por la Cámara. No hay nadie con una máquina de hacer dinero, sino que el dinero viene de todos y entre todos tenemos la obligación de gastarlo de la mejor manera posible”, ha apuntado.

Por último, el portavoz de Vox, Javier Teira, ha subrayado la “necesidad de extremar las medidas para justificar los actos de la Administración y “evitar pérdidas innecesarias”, como las observadas sobre los avales del ICE, a las que se ha referido.