El debate sobre la financiación autonómica es el gran protagonista en España. Aunque son muchos los políticos que se encuentran de vacaciones, Castilla y León no pierde detalle de lo que está ocurrido en Cataluña. El pacto entre ERC y PSC llega para romper las reglas del juego. Una “financiación solidaria” que no es una reforma, sino toda una ruptura. Cataluña quiere un modelo parecido al de Navarra y País Vasco. El resto de las autonomías han puesto el grito en el cielo.

Ahora bien, ¿cuál es la posición de Castilla y León en este debate? ¿Qué es lo que pide la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco?. Pues hay que irse al pasado mes de noviembre de 2021, cuando Castilla y León, y otras siete autonomías (Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias), el conocido como ‘grupo de los ocho’, firmaron en Santiago de Compostela una declaración institucional en la que hablaban y defendían que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan.

Desde Castilla y León se ha enfatizado el rechazo a dos puntos claves del pacto catalán: por un lado, se defiende que cualquier cambio tiene que llegar tras una negociación de forma multilateral. Es decir, con la participación de todas las comunidades y no con acuerdos bilaterales, que es lo que han hecho separatistas y socialistas.Incluso en Castilla y León, su líder Luis Tudanca ha elevado la voz para criticarlo, uniéndose a otros barones autonómicos. Sin embargo, ninguno se atreve a decir a sus diputados autonómicos que voten en contra de lo que marca Ferraz.

Por otra parte, se rechaza de plano el principio de ordinalidad. Es decir, que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos. Por ejemplo, Castilla y León acumula el 5% de la población española pero cuenta en su territorio con el 38% de los consultorios médicos rurales, el 17% de las carreteras autonómicas del Estado o el 18% de la superficie forestal.

Mañueco, que ha anunciado una batalla judicial "sin precedentes", consideró imprescindible que los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lleguen a todos los territorios de la mano de una financiación “suficiente” que garantice la igualdad y la cohesión territorial “por encima de ideologías”.

Así, la posición de la Comunidad es la que se plasma en los acuerdos de Santiago. Un nuevo modelo de financiación en el que pesen más los criterios demográficos para responder a las demandas de los ciudadanos. Las comunidades que han firmado este documento se encuentren entre las que tienen una población más envejecida y que padecen una importante fuga de población joven en busca de trabajo.

De esta manera, Castilla y León exige que esa financiación tenga en cuenta los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad y el envejecimiento, condicionantes innegables.

La financiación

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este pasado lunes informe en el que desmiente el argumento de ERC de que Cataluña está infrafinanciada. Según los datos de 2022, publicados por el Ministerio de Hacienda, las CCAA infrafinanciadas son la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

La Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor capacidad fiscal y recaudó 29.218 millones de euros, por ende, es la que más aporta al Fondo de Garantía, unos 21.913 millones, del que después recibe 16.745, lo que se traduce en una pérdida de 5.168 millones de euros

¿Y Castilla y León? Pues recaudó 7.010 millones de euros en 2022, aporta 5.257 al FG, lo que se traduce en unos ingresos de 1.338. Esto significa que es la sexta más agraciada. Andalucía se lleva 5.970 millones de euros, Canarias 3.540, Galicia 1.989, Castilla-La Mancha 1.657 y la Comunidad Valenciana 1.604 millones de euros.

La financiación por habitante, según los datos de Fedea, son de 106,2 euros, estando de nuevo sexta en toda España. La Rioja y Cantabria ocupan las dos primeras posiciones con 117 euros, dos más que Baleares, y cuatro que Extremadura, con Canarias con 109 por delante de Castilla y León.

El funcionamiento del Régimen Común consiste en dotar de la aportación de las comunidades, según su capacidad fiscal, y de la del Estado Central, unos recursos económicos que se utilizan para proveer servicios en todo el territorio nacional. Se distribuye su impacto por comunidades en diferentes variables.

La España Vaciada

Por último, la Revuelta de la España vaciada, movimiento social y ciudadano transversal, creado en Soria en 2019, advirtió que la salida de Cataluña del régimen común pone en riesgo los principios de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal. “Consideramos que todo ello va en perjuicio de la España vaciada, no solo porque aumentan las desigualdades económicas interterritoriales, devolviendo la imagen de una España que progresa a dos velocidades, sino también dejando un agrio sentimiento de abandono”, lamentó.

En este sentido, recordó que la Revuelta de la España vaciada “siempre” ha insistido en un Pacto de Estado que ayude a revertir esta situación con políticas de discriminación positiva para los territorios despoblados. Señalan que la entrega del cien por cien de todos los tributos que se pagan en Cataluña supondrá la desaparición del principio de solidaridad interterritorial.