El sector porcino de Castilla y León exige que deje de criminalizarse su actividad

Tras el terremoto mediático de las macrogranjas de hace unos meses que tanto debate generó en torno a las explotaciones de intensivo y extensivo, ahora es Avaporc (Asociación Vallisoletana de Porcino) la que alza la voz para recordar que "el sector está absolutamente regulado desde la Unión Europea, ministerios y consejerías, para cumplir al máximo todas las exigencias medioambientales y de salud animal", explica Elisa Colías, presidente de esta organización.

Todo ello, además, tras la polémica suscitada por la futura ubicación de una granja de intensivo porcina en Corcos (Valladolid) que ha dividido a la opinión pública. 

En este sentido, Avaporc insiste en el compromiso "absoluto" del sector por mantener y mejorar la calidad de las aguas subterráneas y para hacer de la ganadería porcina un sector comprometido con la salvaguarda de cada una de las líneas rojas que rodean a la ganadería intensiva.

El porcino es un sector que está ampliamente regulado a través de una legislación que garantiza el buen funcionamiento de la actividad, así como su compromiso con el cuidado ambiental y el cuidado de sus animales y del entorno.

En este sentido, Avaporc apoya la instalación ganadera de porcino en cualquier localidad, puesto que la legislación, que se pasa a detallar a continuación, es lo suficientemente amplia y específica, para garantizar su funcionamiento preservando la sostenibilidad ambiental.

"Se está fomentando un nivel de alarmismo de tal calibre que desconfiamos de todo continuamente y eso afecta a un sector perfectamente regulado en calidad, bienestar animal y cuidado del medioambiente", denuncia Elisa Colías, presidente de Avaporc.

En cuanto a las líneas rojas de la ganadería intensiva, en el ámbito de la sanidad animal, que se centra tanto en el cuidado del animal como la salud y tratamiento de enfermedades del mismo, teniendo en cuenta la "prevención de la necesidad del uso de antibióticos"y el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), lo que supone una mayor atención en el cuidado de los animales en cada una de sus etapas vitales, los ganaderos han de cumplir con una legislación que abarca desde lo más general a lo más específico en lo relativo a las normas para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Legislación contra el cambio climático

En cuanto a la legislación que obliga al ganadero a comprometerse para el buen funcionamiento de su negocio, debido a que el sector porcino es la primera producción ganadera en cuanto a importancia económica de nuestro país se refiere, así como uno de los principales productores en el ámbito europeo y mundial, el RD 306/2020 establece normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas para construir, tal como expresa la introducción de dicho real decreto, una estrategia de desarrollo para las próximas décadas, que permita posicionar al sector porcino en los mercados mundiales, reducir los riesgos asociados a la internacionalización e integrar los retos sociales y medioambientales que demanda la sociedad.

Además, según datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Español y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (entre ellos el CO2) provienen del sector energético, donde el transporte supone el 27,7%. La ganadería supone el 8% y la agricultura el 4%.

Estos datos, según Avaporc, demuestran que realmente la ganadería no es la responsable principal del cambio climático. Es evidente pues, que hay acuíferos cuya contaminación no procede en exclusiva de una fuente ganadera, en algunos casos con muy poca presencia en la zona de influencia, si no de abonados minerales y/o de otros orígenes. 

Por todo lo anterior, desde Avaporc exigen que no se demonice el sector, aludiendo a cuestiones que están completamente reguladas desde Europa con su Parlamento y Comisión, pasando por dos Ministerios nacionales: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y a nivel autonómico por dos Consejerías: Consejería de Agricultura y Ganadería y Consejería de Fomento y Medioambiente. Por todo ello demos un voto de confianza tanto a las administraciones en su labor de legislación, inspección y sanción, incluida la autorización de proyectos, y a los ganaderos en su buen hacer acorde a lo regulado.

En este sentido, insiste en que "no hay actividad más regulada que la porcina, desde UE pasando por los ministerios y la consejería de Agricultura con filtros que hacen de este sector uno de los más seguros del sector".

"Todo lo tenemos regulado. 'Macrogranjas' es un término que se ha acuñado para hablar de ganadería intensiva, es decir, con un número determinado de cabezas que además son muchísimo menor que en otros países como China, donde las hacen ya no en horizontal sino en vertical, cosa que no ocurre en España".

Prejuzgados antes de instalarse

Pedir autorización para un proyecto ganadero en un pueblo rural con una plantilla media de ocho trabajadores es "dar valor al territorio", pero "se ha creado tal nivel de alarma en relación con las explotaciones ganaderas que la gente comienza a tener miedo porque creen que es tóxico". Algo que Colías entiende que es un prejuicio infundado que se está produciendo por los "ataques desde las instituciones" a los sectores ganaderos.

Respecto a la contaminación que puede darse por la gestión de los purines, la legislación ya prevé cómo hacerlo para que se controle al máximo con limitaciones que asume el ganadero por responsabilidad frente al cambio climático.

"No tiene sentido decir que el purín contamina cuando es un abono orgánico de mayor nutriente y bastante más barato que el químico. De hecho, mucha de la contaminación que se arrastra viene de sobreabonar por abonos químicos, cosa que no ocurre con los purines", añade.

La Junta de Castilla y León está poniendo en marcha una APP para registrar las mejores técnicas que cada empresa ganadera está aplicando. "Y son las que han de emplear en la gestión de la granja para reducir las emisiones", indica Colías.

Un sector, el porcino, que se ha convertido en uno de los motores fundamentales del sector agrario de Castilla y León, con 900 millones de euros de facturación anual y que genera 15.000 puestos de trabajo directos, la mayoría en el medio rural, lo cual repercute directamente en el asentamiento en zonas despobladas.