COAG exige que se deje de "discriminar" a Castilla y León en la concesión de regadíos

COAG Castilla y León exige al MAPA que rectifique y que incluya las obras de modernización del regadío del Bajo Carrión -que estaban comprometidas con los regantes y contaban con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA) y del MAPA-, en la Fase II del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos.

El plan para la mejora de regadíos forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE), está dotado con 563 millones de euros y su objetivo es la inversión en modernización de regadíos sostenibles con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. Tras hacerse público en el BOE, el pasado 23 de julio, el Convenio entre el MAPA y SEIASA, se ha consumado la exclusión de la modernización del Bajo Carrión del Plan de regadíos, ya que los fondos del Plan están comprometidos en su totalidad.

El Sistema Carrión, que abastece a los canales del Bajo Carrión, es uno de los más deficitarios de toda la Cuenca del Duero, dada su insuficiente capacidad de almacenamiento. Son recurrentes las campañas en las que se aplican reducciones en la disponibilidad y/o cortes de agua antes de la finalización normal de la campaña de riego. Del Sistema Carrión se abastecen también regadíos superficiales de las provincias de Valladolid y de Zamora, por lo que modernizar el Bajo Carrión significa dejar más agua a disposición de otras zonas dependientes del Sistema.

Según el Convenio entre el MAPA y SEIASA publicado el 23 de julio, la Fase II del Plan de regadíos incluye cuarenta actuaciones en el estado español por importe de 378 millones de euros. De éstas, hay una única actuación en la comunidad de Castilla y León, en el Canal de Inés y el Canal de Eza, en la provincia de Soria, por un importe cercano a los 15 millones. Es decir, de la inversión total acogida a esta Resolución, Castilla y León representa un 3,93 por ciento%.

COAG considera que esto "agrava aún más la clara desventaja de nuestra Comunidad Autónoma sobre el conjunto del Estado en cuanto a superficie de regadíos". Según el último Informe sobre regadíos en España (ESCYRE) publicado por el MAPA, y con datos correspondientes al año 2020, pese a ser la Comunidad con mayor superficie de cultivo del Estado, sin embargo, la superficie regada en Castilla y León solo representa el 12%, frente al 29% que representa Andalucía o el 15% de Castilla La Mancha. Castilla y León solo riega el 13% de su superficie de cultivo, frente a Andalucía que riega el 31,5%; Castilla La Mancha, que riega el 15,5%; Valencia el 45,7%; o Aragón el 23%.

Desde COAG aseguran que "no podemos comprender esta manera de repartir los fondos públicos que nuevamente discrimina a parte de la España más vaciada". La gran oportunidad que suponen los fondos del PERTE pueden dejar a Castilla y León, una vez más, en el andén viendo pasar por delante el tren del futuro.

"Nadie duda de que la implantación de nuevos regadíos o la modernización de los ya existentes son una de las medidas más eficaces para la mejora de la competitividad de las explotaciones y, por lo tanto, del desarrollo rural", afirman. El regadío aumenta y estabiliza la producción y la competitividad, lo que mejora la renta de las explotaciones.

Una hectárea de regadío genera un valor agregado bruto 3,5 veces superior al de una hectárea de secano. Su potencial de trabajo triplica al del secano, contribuyendo con ello al mantenimiento de la población en el medio rural. La densidad de población es hasta 3 veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano. El número de incorporaciones de agricultores jóvenes es 6,5 veces superior en estas zonas frente a las de secano. Además, el número de incorporaciones de jóvenes en zonas modernizadas es un 80% superior respecto a zonas de regadío no modernizadas.

Los regadíos suponen, aparte de una de las pocas alternativas para amplísimas zonas de Castilla y León, una de las medidas más eficaces para generar actividad y empleo y asentar población en el medio rural, aspecto clave para una comunidad en la que el 70% del territorio es un desierto demográfico (7 de cada 10 municipios cuentan con una densidad de población inferior a 10 habitantes por km2).

Los canales del Bajo Carrión, en la provincia de Palencia, se pusieron en servicio a finales de los años sesenta del siglo pasado; tienen una longitud de 44 kilómetros y riegan cerca de 7.000 hectáreas de 782 propietarios.