UPA-COAG pide a la Junta ser entidad colaboradora para "recuperar el buen tono" tras un "mal año agrario"

La Alianza UPA-COAG ha calificado el balance del año agroganadero 2022 en Castilla y León de "adverso" y aseguran que será recordado por "la fuerte sequía" y la "situación límite de las reservas hídricas". 

Asimismo, han reclamado a la Junta que reconozca a las organizaciones profesionales agrarias como entidades colaboradoras para "recuperar el buen tono" con la Administración después de un "mal año agrario". 

En el balance del año en el campo, que se ha presentado en la sede de la Alianza en Valladolid, ambas organizaciones recordaron a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que las opas están "realizando el trabajo que antes hacía la Junta" en asesoramiento y recopilación de solicitudes de la PAC o en la incorporación de los más jóvenes al campo, entre otros asuntos. Por esta razón, piden que se las reconozca como entidades colaboradoras y se pueda financiar su trabajo, frente a la actual postura que denunció el secretario general de UPA, Aurelio González, por la que la Junta “pone en entredicho nuestro trabajo al recortar el 30%” de las ayudas a las opas.

También han manifestado la "inacción y poca diligencia" que "no ha sabido estar a la altura de las circunstancias". Consideran que las medidas adoptadas han sido "rácanas" y lamentan que "siguen dando muestras de incapacidad en cuestiones básicas para el día a día de las explotaciones familiares agrarias". 

En la misma línea se expresó su compañero en la Alianza, el coordinador de COAG a nivel autonómico, Lorenzo Rivera, que, según informa Ical, lamentó que la Consejería no tuviese a nadie al frente hasta junio con motivo de las elecciones autonómicas, lo que “dificultó mucho” una interlocución que después ha definido como “lenta” y que desde la Alianza UPA-COAG achacan a que el Gobierno de coalición “no está lo suficientemente compenetrado como debería”, generando “incertidumbre” con “espectáculos en las Cortes que no nos gustan”.

En el balance, la alianza ha asegurado que con "la situación límite" que se está viviendo "las explotaciones agrarias tienen retrasos en la gestión de muchos expedientes y ayudas". 

"No podemos permitirnos el lujo de estar así porque el campo no puede esperar", manifestó Rivera, tras un "mal año agrario" que González por su parte definió como "negativo", al sumarse las altos costes de producción, con subidas desde un 34 por ciento en los piensos a un 150 por ciento en los fertilizantes; la sequía provocada por la ola de calor, que ha generado una disminución del 15 por ciento de la producción y grandes incendios que han provocado la quema de cosecha y superficie; y un encarecimiento de la cesta de la compra pese a lo que la renta agraria ha bajado, a nivel nacional, un 5,5 por ciento, "en los niveles de 2019".

Ese cúmulo de circunstancias derivó en grandes protestas del campo, especialmente en marzo con una manifestación en Madrid que movilizó a 400.000 personas, para solicitar "un plan de choque que ayudara al sector a salir de esta crisis" porque, como recordaron, la agricultura y la ganadería "garantiza la producción de alimentos y, ante estos avatares, puede ocurrir un desabastecimiento".

"Pedíamos 1.000 millones solo para Castilla y León porque es lo que hemos gastado en fertilizantes", apuntó Rivera, considerando en todo caso "justo" que se impongan medidas como la continuidad del descuento de 20 céntimos en el gasóleo para los agricultores profesionales, o la reducción del IVA para los productos de primera necesidad “siempre que se aplique en el último eslabón” de la cadena alimentaria, porque en el primero, en el de los productores, "no podemos recuperarlo".

Una PAC que "no es justa ni tampoco social"

Respecto al próximo año, también han lamentado que el 1 de enero de 2023 entra en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC) que "no es ni justa ni tampoco social". Afirman que "no va a ayudar a que los profesionales se mantengan sino que los va a expulsar del campo". Por otra parte, han apuntado que "no conocen las exigencias agrarias y medioambientales de esta normativa". 

Por ello, han defendido una agricultura y ganadería "familiar y profesional" de cara al próximo año puesto que se celebran elecciones en el campo.