El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) admitió a trámite el pasado 20 de mayo un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) contra la Junta por la "desestimación por silencio administrativo" de una solicitud de información ambiental sobre mortalidad de la especie en la región.

En un comunicado, la organización ha afirmado que la Junta no atendía a su reclamación y que replicaron hasta dos veces, reiterando la petición inicial, aunque fue desatendida por silencio administrativo del Gobierno autonómico. "Esa información no se nos puede negar por el derecho europeo y nacional", ha señalado.

"La ausencia de protocolos en la recogida de lobos heridos y muertos y su posterior traslado a los centros de Recuperación de Fauna Salvaje, además de la demora en la realización de las necropsias", es una de las "muchas asignaturas pendientes" de la Junta en la gestión de esta especie, según ha indicado Ascel. "No sabemos si por su incompetencia o por un desinterés manifiesto", ha añadido.

"La Junta de Castilla y León no solo debe asumir que la protección del lobo en toda España es un imperativo legal, sino que deber dar ejemplo, tanto en el acceso a la información ambiental como en la protección efectiva de lobos, presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etc.)”, ha zanjado en su comunicado la Asociación.

Quiñones señala que rechazaron la comunicación por carta de la Junta 

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado mediante un comunicado que la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) rechazó en marzo la comunicación vía Correos que realizó la Junta de Castilla y León a la petición de información sobre la información ambiental sobre mortalidad de la especie en la Comunidad. "Al rechazar quien tiene que recibir la carta, está claro que no quería saber el contenido de la respuesta de la Junta", afimra y es que, según la Administración autonómica, esta fue rechazada debido a que se había superado el plazo legal de lectura sin que se accediera a la notificación.

Ante estas afirmaciones, la Junta manifestó que la solicitud de información ambiental a la que se refiere la asociación Ascel en su comunicado fue respondida por el Gobierno autonómico "de manera minuciosa y exhaustiva”, aportándose toda la documentación requerida “sobre cada episodio de mortalidad de la especie acaecido durante el periodo temporal solicitado”.

Con motivo de la entrega del Sello Ambiental 'Centro educativo sostenible' 2023-2024 en el PRAE, Suárez-Quiñones se refirió a la admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo de Ascel por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León por la “desestimación por silencio” administrativo de una solicitud de información ambiental sobre mortalidad de la especie en la Comunidad y la ausencia de protocolos en la recogida de lobos heridos. El consejero aseguró, según recogió la Agencia Ical, que los técnicos de la Junta han analizado el caso y precisó que no hay ninguna información pendiente que ofrecer. Es por ello que mostró su tranquilidad y la Consejería contestará, en el momento en que el TSJCyL lo requiera.

Juan Carlos Suárez-Quiñones aprovechó para recordar que esta asociación fue la que promovió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y, por tanto, hizo el “caldo gordo” al Gobierno de España. No en vano, apuntó que es una decisión que diezma la población de vacuno y ovino en los puertos de montaña y zonas de extensivo de la Comunidad. Por lo tanto, hace un “flaco favor” a los ganaderos y el medio rural de Castilla y León. “Me gustaría que si trabajan en la Comunidad sea para construir y no para destruir como han hecho, promoviendo, con la complicidad del Ejecutivo central, una situación catastrófica para la ganadería”, sentenció.

En cuanto a la ausencia de protocolos en la recogida de lobos heridos y muertos, el consejero añadió que Castilla y León contaba con un plan de conservación y gestión del lobo, que, por la promoción de Ascel y la acción del Gobierno de España, quedó sin efecto, al retirar la gestión del animal a las comunidades autónomas.

Igualmente, la Junta señaló que el representante de Ascel “no ha contactado” con el Ejecutivo “por ninguna vía al objeto de interesarse sobre el estado de tramitación de su solicitud de información ambiental, habiendo recurrido directamente a la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ por presunto silencio administrativo tras no haber accedido a la notificación electrónica por la cual se le comunicaba la resolución emitida”.