El PP asegura que la Ley de Fiscalidad Agraria "defiende los intereses de Valladolid ante los continuos agravios de Sánchez"

El presidente provincial del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y los parlamentarios populares por la provincia, Arenales Serrano, José Ángel Alonso y Eduardo Carazo, han analizado este la nueva Ley de Fiscalidad Agraria presentada por el Partido Popular en el Senado, con el fin de reducir el "infierno fiscal" que sufren los agricultores y ganaderos.

Una medida que, según han señalado, supondrá "un beneficio fiscal para los más de 7.000 agricultores que hay en la provincia de Valladolid y un ahorro de 700 millones de euros a los agricultores y ganaderos de nuestro país".

Además, han afirmado que se trata de un ley necesaria frente al hecho de que "el Gobierno de Sánchez se ha convertido en el principal enemigo del campo español".

La Ley de Fiscalidad Agraria del PP "ahorrará 7 millones de euros" a los agricultores y ganaderos salmantinos

Durante su intervención, Conrado Íscar ha señalado que el Partido popular "defiende una vez más los intereses de esta tierra ante los continuos agravios de Pedro Sánchez hacia Valladolid y hacia Castilla y León".

Del mismo modo, ha expresado que "son muchas las ocasiones en las que nos vemos obligados a levantar la voz por las humillaciones que sufrimos por parte de un presidente del Gobierno, que lo único que pretende es mantenerse en el poder y favorecer de a sus socios separatistas, aunque sea a cambio de perjudicar al país. Esta es una situación insostenible", ha expresado.

Por su parte, la senadora Arenales Serrano ha manifestado que el PP es "el partido del campo". Así, ha confesado que "es necesario atender las demandas del sector para garantizar la continuidad de las explotaciones y la producción de alimentos en España".

Asimismo, ha afirmado que "el sector está sometido a una fuerte presión fiscal que se ha incrementado en casi dos puntos como consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez".

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Frente a ello, ha añadido, "presentamos una ley del campo y para el campo y en este sentido España necesita un Gobierno que gobierne y atienda al interés general, y no que solo esté al servicio de una ambición personal y solo se dedique a desguazar nuestro país y a tapar los casos de corrupción que acechan a su entorno por continuar un día más en el poder".

Finalmente, Eduardo Carazo ha explicado como la semana pasada se consiguió el control del lobo mediante la aprobación de dos enmiendas que suponen una alegría para los ganaderos y que pone de manifiesto "una vez más, que la política de los despachos que lleva a cabo el gobierno de Pedro Sánchez no vela por los intereses de los españoles".

"De esta manera se va a terminar con la sobreprotección al lobo, teniendo en cuenta el aumento de un 47% de ataques de lobo en el último año. Contabilizándose más de 11 ataques diarios de lobos. Una vez más el Partido Popular defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos", han manifestado.

También han resaltado que, "frente a la parálisis del Gobierno, desde el Grupo Parlamentario del PP en el Senado se han promovido ya 18 leyes que han sido aprobadas por la Cámara Alta y que están paralizadas en el Congreso de los Diputados".

Ley de Fiscalidad Agraria 

Según indican desde el PP, la nueva Ley de Fiscalidad Agraria contempla ampliar el umbral que permite a agricultores y ganaderos mantenerse en el régimen especial de tributación de los 250.000 euros actuales de ingresos a 325.000 euros, y también elevar el umbral de gastos de 150.000 a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF.

Asimismo, afirman que introduce una mayor flexibilidad en la forma de calcular el umbral de facturación, de tal forma que el agricultor pueda elegir si se considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios.

Además, esta Ley de Fiscalidad Agraria establece que, para paliar el impacto de factores adversos y el incremento de los costes de producción y de los insumos, las ayudas directas que reciban los agricultores y ganaderos queden exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computen en la base imponible del Impuesto de sociedades.

Junto a ello, fija un plazo de seis meses para analizar las trabas administrativas a eliminar para aumentar la productividad y la competitividad del sector primario con el objetivo de simplificar la burocracia, e incluye otras propuestas como el incremento de los porcentajes de compensación por el IVA soportado y repercutido buscando mejorar la rentabilidad de los profesionales del sector.

A este se suma la deducción compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años para fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas la deducción por seguro agrario; y el aumento a los 3.000 euros la cantidad de los gastos de difícil justificación por su escaso valor.