Cerca de 109.000 trabajadores de Castilla y León cobran menos del SMI

Cerca de 109.000 trabajadores de Castilla y León cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional, marcado en 1.080 euros, de los cuales, 30.700 tienen en su sector un convenio colectivo donde todas sus categorías ganan menos, en total, 33 convenios. Esta es la denuncia que han querido hacer desde UGT y CCOO Castilla y León durante una rueda de prensa ofrecida para valorar la subida del SMI y su impacto en la economía de los trabajadores de la Comunidad. En total, son 1.106 categorías de 123 convenios colectivos los que están por debajo.

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en la Comunidad, Fernando Fraile, ha vuelto a insistir en que este aumento que ha beneficiado sobre todo a trabajadoras y jóvenes “no tiene efectos negativos sobre las empresas, al contrario, sirve para mejorar la cohesión social”. Ahora bien, lamenta ese dato de más de 100.000 trabajadores que cobran por debajo, por eso, ha exigido a las patronales de Castilla y León que se sienten “a actualizar los convenios colectivos”, para ello ya han mandado una carta a la CEOECyL para instar a hacerlo.

Fraile ha recordado que desde 2017 cuando el salario era de 707 euros hasta ahora de 1.080 euros se ha incrementado un 52%, algo que sirve también para “mejorar” la brecha salarial” y ha insistido en que esos salarios se están dedicando al consumo, “por lo que sirve para mejorar la economía”. Los sectores más afectados son el Servicios y Comercio. Además se ha hecho hincapié en León como la provincia de la Comunidad más perjudicada y ha acusado a la patronal leonesa de “cicatera”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha recordado que es una medida que se está llevando a cabo en toda Europa y que sirve para “aumentar el consumo interno” ya que ”aumentando la nómina de los trabajadores se mejora el poder adquisitivo” y es un “elemento corrector de desigualdades” y que sirve para que las arcas públicas no tengan que desplegar una política de ayudas y subvenciones. En lo que se ha mostrado muy crítico es con algunas empresas que están aprovechando para obligar a sus trabajadores a hacer funciones por encima de su categoría, algo que es “es ilegal y es un fraude a la Seguridad Social”.