El presidente de Vitartis (Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León), Pedro Ruiz Aragonés, teme que la Administración no tenga la capacidad de gestión que exige el manejo de estos fondos europeos y que no llegue finalmente a las empresas".

Así ha manifestado hoy su "desilusión y desconfianza" en la tramitación de los fondos que el Perte agroalimentario anunciado por el Gobierno de España, tenía como objetivo impulsar la economía de este sector y modernizar su cadena de valor con un importe que ascendía a 1.800 millones de euros.

Una medida que "generó mucha expectación pero, dos años después vemos que no sólo va a llegar tarde sino que, además, está muy alejado de nuestra realidad empresarial, que está integrado en su mayoría por pymes y micropymes", ha indicado.

Además, Ruiz considera que "es inconcebible que se deje fuera de este Perte al sector primario y a la distribución, cuando lo que estamos buscando es que los nuevos proyectos impliquen a toda la cadena de valor".

Tras la última reunión que mantuvo Vitartis con el Ministerio de Industria, "lo que hemos comprobado es que, además de no atender prácticamente las sugerencias que nos habían solicitado, las bases reguladoras plantean la presentación de proyectos de una gran complejidad, con unos requerimientos enrevesados, ajenos a la realidad de la empresa y a la situación actual del mercado".

Dos años después del anuncio del Perte, el mercado nacional e internacional ha cambiado drásticamente. "La reactivación de la demanda en la segunda mitad de 2021 provocó el desabastecimiento de ciertos componentes estratégicos, el incremento de los precios y una crisis logística", explica Ruiz. Un escenario al que se le unió la invasión de Putin en Ucrania en febrero de este año, que aceleró la crisis energética y la escalada de la inflación.

Por lo tanto, "ni la realidad de nuestro entorno es la de hace dos años ni podemos esperar que un Perte anclado en los tiempos de la pandemia pueda ser eficaz en 2023".

Efecto disuasorio

A la complejidad del entramado normativo y la lentitud con la que se están que estas ayudas sean incompatibles con otras regionales, cuando la compatibilidad de ambas es coherente en el planteamiento de los Pertes de otros sectores".

En opinión del presidente de Vitartis, toda esta situación está desincentivando la inversión. "Dos años a la espera de las ayudas prometidas no actúan como un incentivo a la inversión, sino todo lo contrario: aportan un efecto disuasorio que, de hecho, ha frenado inversiones en el sector".