Asistimos espantados a las consecuencias de la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de la conocida como 'Ley del sí es sí' y que está suponiendo ya la rebaja de penas y en algunos casos la excarcelación de violadores.

Para cualquier ciudadano esto es de todo punto inexplicable y esperpéntico. Acaso no son las Leyes una garantía de la convivencia y cuyo objetivo es reprender y castigar aquellas acciones que vulneran gravemente el respeto de los derechos del prójimo, reconviniendo y reconduciendo la acción de los delincuentes, ordenando su reclusión en la cárcel para preservar los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz y respetando al resto de ciudadanos que han decidido vivir de igual manera.

Convivencia social

Ese es el sentido de las leyes, el legislador: las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos dictan normas que garantizan la convivencia social; el Ejecutivo las aplica y el Poder Judicial somete a análisis su vulneración e impone las penas a los delincuentes. Esta es en síntesis la dinámica de la convivencia en una sociedad, con la necesaria separación de los tres poderes para garantizar la independencia e imparcialidad en el funcionamiento del Estado de derecho en el que vivimos en España.

¿Por qué entonces puede suceder algo como lo que estamos viviendo?

Claramente porque las prisas y el desconocimiento de lo que uno tiene entre manos no son buenos consejeros.

Tramitación de las leyes

Una Ley comienza su andadura con la redacción del proyecto por el departamento, en este caso el Ministerio que impulsa su elaboración y que tiene un peso determinante porque constituye la base del documento que finalmente se somete a debate en el Parlamento. Hay que ser muy cuidadoso en esta fase y dar audiencia y participación a todos los grupos de interés afectados para que puedan llegar todas las aportaciones que se realicen. Para esto se necesita el tiempo preciso que lo permita.

Una vez realizado se traslada el proyecto al resto de departamentos ministeriales, para que puedan realizar observaciones, así como a órganos que garantizan también la legalidad, como son el Consejo de Estado o el Consultivo (si se trata de una Comunidad Autónoma) Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros.

Conocimiento, rigor y tiempo

Deben leerse con detenimiento todas las observaciones y aportaciones, porque muchas veces incluyen recomendaciones importantes. Para esto es necesario tiempo en este proceso y conocimiento, además de rigor en el análisis. Una vez finalizado este trámite, que es fundamental porque asegura el rigor técnico de la norma, se aprueba el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, o en el de Gobierno (si se trata de una autonomía) y es enviado al Parlamento para su aprobación definitiva. Los letrados de la Cámara lo estudian y lo someten a la Mesa para que se inicie su estudio y debate en la Ponencia correspondiente, se trata de una Comisión integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios. Para hacerlo con el rigor necesario necesitan tiempo.  

Finalmente, son los grupos parlamentarios con mayoría suficiente quienes deciden si se aprueba la ley en el Pleno de la Cámara.

'Ley del sí es sí'

En esta 'Ley del sí es sí, no ha habido tiempo ni rigor en su tramitación además de mucho populismo y desconocimiento, lo que implica no ser consciente de lo que suponía obviar las recomendaciones que el propio CGPJ había realizado durante su tramitación.

Las prisas impuestas por un Ministerio y aceptadas por un Consejo de Ministros, y una mayoría parlamentaria generan un efecto demoledor, para uno de los delitos más graves y sobre el que más propaganda en su persecución ha realizado un Ministerio de nuevo cuño, como es el de Igualdad y que tiene una tarea exclusiva que es la que da título al mismo, dotado con 525 millones de euros para realizarlo. No necesitamos más publicidad porque ya tenemos demasiada. Necesitamos rigor y desarrollar las leyes para garantizar la convivencia de la sociedad, retirando de ella y recluyendo a delincuentes durante el tiempo necesario en una cárcel para conseguir su rehabilitación. No necesitamos asegurar un consentimiento en las relaciones sexuales, cuya constancia ya se garantizaba en la regulación penal anterior. No necesitamos exhibiciones y abanderar causas sin contenido por Ministerios.

Viví la tramitación de una norma que contenía antijuridicidades cuando llegó el proyecto para su tramitación en el Parlamento, y me empleé a fondo para que fueran subsanadas desde mi papel imparcial de impulso al funcionamiento correcto de un Parlamento, y muchas de ellas se subsanaron en la tramitación. También en esta ocasión había muchas prisas para dar respuesta al socio de Gobierno y eso fue lo que ocasionó las graves deficiencias técnicas de esta norma. Ahora bien, la materia que se regulaba no generaba los escandalosos efectos que provoca esta ley que ha desencadenado una justificada ola de alarma social.

Lo que si puedo asegurar con rotundidad es que una Ley no puede esta presidida en su elaboración por las prisas y el populismo. Es una herramienta muy seria que solo y únicamente debe garantizar una mejor convivencia social.