Las cámaras de Comercio de Castilla y León tendrán financiación estable por parte de la Junta con arreglo a la disponibilidad presupuestaria y será gestionada por una institución autonómica que sustituirá al actual Consejo Regional de Cámaras, como ha explicado la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha informado del Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio.

Del Olmo ha detallado que con esta ley se posibilitará que las 14 cámaras de la Comunidad tengan una financiación estable ligada a los objetivos de la política económica de Castilla y León que gestionará la Cámara regional, con lo que se garantiza una estructura mínima, ya que hasta ahora las entidades contaban con financiación para proyectos puntuales.

Cuando se apruebe definitivamente esta norma las cámaras de Castilla y León estarán adaptadas a la normativa estatal que establece la creación de una institución cameral de ámbito autonómico, que ejercerá funciones de coordinación entre las corporaciones provinciales y locales que integran la red y de interlocución con la administración.

Estas son las principales novedades de esta ley que se ha elaborado de forma conjunta con el Consejo Regional de Cámaras y sobre el que por el momento no existe una fecha para su aprobación definitiva debido al número de trámites que debe superar, como la aprobación de los consejos de Cuentas, Consultivo o del CES.

Asimismo, el borrador de la norma que hoy ha presentado la Consejería de Economía y Hacienda recoge también las obligaciones que tienen estas corporaciones de derecho público en materia de transparencia.

Así, se estipula que harán públicas en su página web las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables así como, en su caso, las indemnizaciones recibidas por el cese en su cargo. Igualmente, deberán publicitar las subvenciones u otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el ejercicio de sus actividades.

Por último, determina la incompatibilidad de los altos cargos de las cámaras -presidentes, directores gerentes y secretarios generales- con cargos representativos de función análoga en las asociaciones, federaciones y confederaciones de carácter empresarial, tanto nacional como autonómico, provincial o local.

Cámara de Castilla y León

Como ha explicado Del Olmo la creación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León no pone en riesgo la existencia de las 14 provinciales y locales que operan actualmente. Sin embargo, este ente regional que sustituye al actual Consejo, tendrá todas las funciones que determinan la ley básica y también las de representación y coordinación de todas las entidades provinciales.

El objetivo es constituir una Cámara autonómica "fuerte", que "coordine" e "impulse" las acciones que afectan al resto de corporaciones de la red, y ejerza de "interlocutor principal" en las relaciones con la administración tutelante -la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta- y con los organismos e instituciones públicas o privadas de la Comunidad.

El futuro Pleno de la Cámara de Castilla y León estará integrado por 25 vocales, distribuidos de la siguiente manera: 14 representantes de todas las cámaras de la Comunidad, que serán los respectivos presidentes; nueve vocales en representación de las grandes empresas, una por cada provincia, que serán propuestos por la Cámara autonómica, y finalmente dos vocales que serán personas de reconocido prestigio en la vida económica y se nombrarán a iniciativa de la Confederación de Organizaciones Empresariales más representativa de Castilla y León.

El órgano plenario designará al presidente y al Comité Ejecutivo, que estará formado por el presidente, uno o dos vicepresidentes, el tesorero y por el número de vocales que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior de la nueva Cámara. La institución autonómica tendrá un secretario general, previa convocatoria pública, cuyo nombramiento será aprobado por el pleno y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta corporación sustituirá al actual Consejo Regional de Cámaras, asumiendo sus derechos y obligaciones.

Este nuevo ente de ámbito autonómico se encargará también de llevar a cabo las tareas de gestión, administración y representación necesarias para el funcionamiento ordinario de una cámara en el supuesto de suspensión de sus órganos de gobierno. Al respecto, el anteproyecto de ley regula este procedimiento y el de posible extinción o liquidación de las cámaras.

Ingresos

El segundo aspecto más destacado del borrador normativo conocido hoy tiene que ver con el régimen económico. Se establece que las cámaras podrán obtener ingresos por los servicios prestados a las empresas; los productos, rentas o incrementos de su patrimonio; las aportaciones voluntarias de compañías o entidades comerciales; los legados o donativos; las operaciones de crédito que realicen, y por los convenios que puedan firmar con instituciones y organismos. Estas fuentes de financiación son válidas para todas las cámaras.

Adicionalmente, el anteproyecto de la Junta regula específicamente que la Cámara de Castilla y León tendrá los recursos que le destine la Administración de la Comunidad para el ejercicio de sus funciones público-administrativas en el marco de la política general definida por la Consejería competente, conforme a sus disponibilidades presupuestarias. La corporación de ámbito autonómico determinará la distribución de los fondos entre el resto de cámaras.