“Si Salamanca pierde los pocos servicios que tenemos seremos un erial”

Durante esta semana se ha hablado mucho de empleo público. A nivel estatal, Gobierno y sindicatos negocian cómo sacar adelante un incremento salarial pese a la paralización de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 debido a la crisis catalana. En Castilla y León, la Junta ha presentado una nueva oferta de plazas. Y en Salamanca la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras se han manifestado en la calle para reclamar la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis. La provincia charra tiene en torno a 25.000 trabajadores públicos, la quinta parte de los afiliados a la Seguridad Social, lo que confiere a este colectivo una importante relevancia en el tejido económico local. Para conocer cuál es su situación actual y cómo se encuentra la oferta pública de empleo, este diario entrevista a Federico Martín, presidente provincial de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas.

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dicho esta semana que no va a congelar los salarios en 2018, pero no ha aclarado si la subida tendrá letra pequeña.
- Desde CSIF instamos al Ministerio a que hubiera una negociación clara en la que se plantease una recuperación de poder adquisitivo, porque es cierto que los empleados públicos hemos perdido mucho, entre un veinte y treinta por ciento desde el año 2010. Desde entonces no se ha abordado en ninguno de los presupuestos y este año sí accedió a una negociación, pero con la crisis catalana se rompió cuando se planteaba una subida progresiva del 1,5% este año y a partir de ahí, dependiendo de la evolución de la economía, llegábamos cerca del 5% en tres años. Por eso hemos tomado la iniciativa de iniciar una nueva negociación, no es justo que un año más, ahora que la economía sube un 2,6, el poder adquisitivo vuelve a perderse. El Ministerio nos plantea que se haga por vía decreto, por lo que entendemos que un 1,5% de subida sí que tendremos los empleados públicos. Y aunque nos suban 1,5 la pérdida sigue incrementándose porque la economía crece más.

- Pero los empleados públicos tienen sueldo fijo a final de mes, no como miles y miles de salmantinos.
- Efectivamente, la gente dice que tenemos un puesto fijo, sí, pero un trabajador puede negociar con su empresario si le sube el sueldo un dos por ciento, un cinco o un ocho en la empresa privada, mientras que en la empresa pública nosotros no podemos negociar eso, depende de los grupos políticos que negocian los presupuestos. Afortunadamente se nos escucha cada vez más, porque CSIF va tomando más peso en la vida social, pero está siempre el hándicap de depender de los políticos.

- Y a su vez, muchos negocios dependen también del bolsillo de los empleados públicos.
- En Salamanca, dependiendo de presupuestos del Estado, entre empleados públicos, etcétera, estamos hablando de más de veinticinco mil personas. Lo que significa que si uno tiene trescientos euros más para gastar en un bar, en una zapatería, en una librería, toda la economía salmantina mejora. Es evidente, Salamanca es una ciudad de servicios, es una ciudad pequeña en la que el peso del empleo público es muy grande, así que un movimiento en el aumento del salario implica una mejora evidente de la economía de la ciudad, porque todo el sector servicios depende de esa población.

- Esos salarios no tienen el mismo valor aquí que en otras provincias de España, ni siquiera entre profesiones iguales. Por ejemplo, policías y guardias civiles con los mossos en Cataluña.
- Por eso tenemos en marcha una campaña de equiparación salarial. Hay desequilibrios entre comunidades autónomas y entre la administración central y las comunidades. A igual trabajo, igual sueldo, queremos favorecer el retomar la unidad en la función pública. No es de recibo que siga habiendo diferencias. Un maestro en Castilla y León cobra trescientos euros al mes que en el País Vasco, y sin embargo por concurso de traslados pueden venir aquí pero un maestro no puede ir allí si no sabe euskera.

“No es verdad que a un funcionario no se le pueda despedir, es otro de los mitos del funcionariado”

- Hablamos de pérdida de poder adquisitivo por la reducción o congelación de salarios, pero también se han recortado derechos durante la crisis. ¿Cuáles se han recuperado y cuáles faltan aún?
- Se han iniciado algunas vías pero los dos decretos de 2012 con más recortes no se han derogado, o al menos no en su totalidad, sólo ha habido una modificación parcial. Sí se han iniciado caminos en algunas cosas, por ejemplo acabamos de firmar con la Junta de Castilla y León un acuerdo para retornar a la situación anterior en bajas laborales por incapacidad temporal. Por ejemplo, Muface está prácticamente descapitalizado, desde hace unos cuantos años, y en este momento se han ido reduciendo sustancialmente las prestaciones sociales que teníamos los empleados públicos, y seguimos defendiendo que se le dote de servicios máxime cuando Muface ahorra mucho dinero al Estado, porque si por mí paga cien euros al mes, si yo estuviera en Seguridad Social serían doscientos. No se puede decir que hay un sistema para los funcionarios pero se está deshaciendo poco a poco, sin posibilidades de funcionamiento.

Con respecto a otros derechos seguimos peleando. Dependiendo de servicios, hablamos de un veinticinco y treinta por ciento de interinidad, lo que supone altos grados de inestabilidad, un empeoramiento del servicio público, porque no se tienen la experiencia y capacidades que con una plaza fija. Firmamos un acuerdo con el Gobierno para llegar al ocho por ciento, pero la realidad es que en los servicios esenciales como sanidad y educación están transferidos a las comunidades autónomas y a la hora de ejecutar la reducción de la interinidad la Junta ha puesto sus condiciones, peros o bloqueos. Cada comunidad ha hecho un planteamiento distinto y en Castilla y León, en este momento con las ofertas que ha hecho la Junta, podría quedar la interinidad en un quince por ciento de media. Con lo cual también es insatisfactorio. Es bueno que se inicie el camino, es bueno que se nos haya escuchado, pero a la hora de la concreción deberían mejorar sus propuestas, porque el cálculo se hizo sobre plazas reales no ocupadas. Por tanto, al ciudadano no le está llegando el servicio público que le tiene que llegar, al ciudadano hay que ofrecerle el mejor servicio que la administración le pueda dar.

- ¿Qué ofertas públicas de empleo están pendientes y son necesarias para que al ciudadano le lleguen los servicios como deben llegarle?
- En nuestra opinión la oferta de la Junta de Castilla y León es muy corta. Y falta concretar la oferta en Justicia por parte del Estado, uno de los servicios más necesitado en este momento junto con las plazas que dependen de la Administración General del Estado en funcionarios de prisiones. Aquí, en Topas cuantifican la pérdida de efectivos en cerca del veinte por ciento y no se ha planteado cómo se va a recuperar ese servicio. La Universidad ha estado machacada por la falta de ofertas de empleo y la tasa de reposición. Y en ayuntamientos estamos en un grado de temporalidad muy importante, hay muchos municipios en Salamanca que sólo funcionan a base de planes temporales, a base de trabajadores durante tres, seis o nueve meses. Hay muchos sectores donde la oferta de empleo público debe mejorar. Si Salamanca pierde los pocos servicios que tenemos nos convertiremos en un erial, ahora que se habla tanto de despoblación. Si se cierran centros de salud y colegios la población se va a núcleos más grande y para eso hace falta más inversión en servicios al ciudadano en su ubicación.

- Habrá quien diga, ¿más funcionarios todavía? Si con los que hay es suficiente…
- Cuando hablamos de funcionarios no identificamos que cualquier servicio que se nos presta, cualquiera, al final acaba en manos de un empleado público. No es el señor que está en una oficina y del que el estereotipo dice que se va a tomar el cafelito, el funcionario es el médico, la enfermera, el maestro, el secretario del ayuntamiento, el administrativo que tramita certificados, el señor que te está atendiendo cuando solicitas una ayuda… Cuanto más servicio público haya, más beneficios para el ciudadano. En los países del norte, en los que nos fijamos sólo cuando queremos, hay un empleado público por cada seis habitantes, aquí es por cada quince, lo que significa que un noruego o un sueco tiene a su disposición más gente de la que tenemos en España. Estamos muy lejos del objetivo de llegar a ser como los del norte de Europa. Otra cosa es que al funcionario se le exija cumplir con su función.

“En los países del norte, en los que nos fijamos sólo cuando queremos, hay un empleado público por cada seis habitantes, aquí es por cada quince”

- Ésa es otra cuestión polémica y de debate social, que muchos empleados públicos, por tener ya una plaza fija, reducen su rendimiento.
- Nosotros somos los primeros interesados en que se reestructure la función pública para que los empleados puedan prestar mejores servicios. No es verdad que a un funcionario no se le pueda despedir, es otro de los mitos del funcionariado, si no cumple con su trabajo sí se le puede despedir, no hay ningún problema. Donde ha estado en los últimos años es que en los servicios públicos se ha puesto por encima del funcionario, que es un técnico profesional, a un político o un asesor que no necesariamente conoce el servicio. ¿Cuál es el resultado? Pues que quien organiza los servicios públicos no tiene la capacidad necesaria para hacerlos eficientes. Si en un hospital al frente se pone a un trabajador que ha vivido allí probablemente identificará mejor los problemas y racionalizará mejor al personal y el gasto. Si se pone a alguien que ha estado en juventudes del partido equis, sin experiencia profesional, el resultado es que sabrá cómo moverse a nivel político, sabrá hacer méritos, pero no sabrá gestionar ese servicio. La mejora de la administración pública pasa por reducir los cargos de libre designación y por mejorar la carrera de los funcionarios.

- ¿Cómo?
- Traducido, de subsecretario para abajo todos funcionarios. Quiero decir, basta ya de puestos de libre designación, basta ya de comisiones de servicio y hagamos que los puestos, hasta lo que es el último de decisión política, sean concursos de méritos entre funcionarios. Cuando un funcionario puede ir ascendiendo en su carrera, está incentivado. Pero cuando le dices que por muy bien que lo haga nunca va a ganar más ni va a ascender, somos humanos, si no te dan posibilidades de progresar tus métodos de trabajo se van relajando, pero eso nos pasa a todos. La administración pública se mejora si se permite a sus empleados un desarrollo profesional, una carrera que les permita acceder a puestos de un nivel superior con responsabilidades. Ahora esos puestos se dan a dedo y se ralentiza todo.