Piden miles de documentos no remitidos en el 'Caso PGOU'

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se ha dirigido por escrito al Juzgado de Instrucción número 1 para que le proporcione 12.000 documentos y 1.800 planos del Plan General de Ordenación Urbana tras detectar la remisión incompleta a dicha sala de los autos por el caso de supuestas modificaciones en el PGOU contra un total de catorce investigados.

Tras la suspensión del juicio por estos hechos el pasado día 19 de septiembre, a raíz de las cuestiones previas planteadas por todas las defensas en clave de posible indefensión al alegar que les faltaba un 50 por ciento de lo actuado, postura a la que incluso se sumó la fiscal del caso, los magistrados del tribunal sentenciador han podido comprobar ya que ni siquiera esta sala cuenta con toda la documentación del caso.

De hecho, la sala, a través de una providencia a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha requerido a Instrucción 1 para que le haga llegar el expediente III/2002 relativo al PGOU compuesto por 12.000 documentos y 1.800 planos que el Ayuntamiento de Valladolid digitalizó y que la secretaria de Informática del Consistorio remitió en formato DVD al juez.

Tal documentación quedó bajo la custodia de la secretaria judicial de Instrucción 1--hoy llamada letrada de la Administración de Justicia--, tal y como se recoge en una providencia que aparece en el folio 1.080 del Tomo 5º de las actuaciones, sin que los documentos y planos fueran unidos a la causa y, por tanto, sin que los mismos obren en estos momentos en poder del tribunal que tiene que enjuiciar los hechos supuestamente delictivos.

Así, el tribunal, en su providencia, acuerda mantener suspendida la celebración del juicio y todas las testificales y periciales que habían sido fijadas entre los días 9 de octubre y 7 de noviembre, a falta de resolver aún las numerosas cuestiones previas sobre prescripción de delitos, nulidad de actuaciones y prescripción de los delitos invocadas por los defensores, al tiempo que da traslado de lo acordado a las partes para que antes del lunes, 1 de octubre, si lo estiman oportuno, presenten sus correspondientes recursos de súplica.

A los catorce imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional en el que incluye al religioso Lino Collazos, de la Fundación Emilio Álvarez--no aparece en la lista del fiscal--pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.