Prescritos los delitos de diez imputados del 'caso PGOU'

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha acordado el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a diez de los catorce encausados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos, mientras que el resto continuará en el banquillo cuando el juicio pueda reanudarse.

En este último caso, el tribunal mantiene dentro de la causa a la entonces cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid cuando ocurrieron los hechos, integrada por el que fuera concejal del área, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la sala, José Luis Ruiz Romero, durante la comparecencia a la que estaban citadas todas las partes personadas en el 'caso PGOU' y que tenía únicamente por objeto resolver la prescripción de delitos invocada por la práctica totalidad de las defensas de los catorce encausados.

En su auto, el tribunal sentenciador entiende que sí existe tal prescripción y, por tanto, sobreseimiento libre de la causa en el caso de los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán, José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres, José Luis Mayordomo y el religioso Lino Collazos, los cuatro primeros acusados hasta ahora de falsedad en documento oficial y tráfico de influencias y los otros seis tan sólo por el segundo de ambos delitos.

Los ahora liberados del proceso se enfrentaban a condenas de entre los dos años y medio y los ocho meses de prisión.

El presidente de la sala ha leído de forma somera la resolución--que minutos después ponía en manos de las partes por escrito--para advertir de que la misma no podía ser recurrida por los cuatro acusados que continúan en el proceso, lo que ha llevado a sus letrados a formular protesta, y para explicar que su decisión no entra para nada en contradicción con un auto anterior de la Sección Segunda, de fecha 5 de junio de 2015, en la que desestimó la prescripción de delitos

Así, el magistrado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que cuando la Sección Segunda emitió dicho auto los hechos aún estaban en fase de investigación o instrucción y no se habían individualizado las conductas de los investigados ni las acusaciones habían formulado aún escrito de acusación, datos todos ellos con los que ahora cuenta la Sección Cuarta y que le ha permitido resolver la cuestión.

Incógnita sobre si habrá recursos 

Al ser recurrible dicha resolución, la Audiencia Provincial habrá de aguardar ahora el plazo correspondiente para conocer si la Fiscalía de Valladolid o la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', acuden en casación ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso el juicio no podría celebrarse casi con toda probabilidad antes de uno o incluso dos años, pues es ese el plazo medio previsto para la resolución de estos recursos.

En el supuesto de que la decisión de la sala no fuera recurrida, las partes volverán a ser emplazadas en los próximos días para darles a conocer la resolución sobre el resto de cuestiones previas planteadas por los defensores de los investigados, entre la nulidad de actuaciones por faltarles la mitad de la causa--12.000 documentos y 1.800 mapas--y la vulneración de otra serie de derechos fundamentales--tampoco han contado con un informe de la UDEF--que, a su juicio, impiden una defensa con todas las garantías para sus patrocinados.

Además, la Audiencia Provincial, que ha recibido en los últimos días de Instrucción número 1 el expediente III/2002 relativo al PGOU compuesto por 12.000 documentos y 1.800 planos que el Ayuntamiento de Valladolid digitalizó y remitió al secretario judicial pero que quedó bajo su custodia, sin quedar unido a la causa y no haber sido trasladado al propio tribunal, ha anunciado también que dará un plazo determinado a los defensores para que puedan examinar toda esta documentación para, a posteriori, fijar nuevas fechas para la celebración del juicio.

Que declaren como testigos 

Aunque diez de los acusados han quedado fuera del proceso, la fiscal del caso ya ha trasladado al tribunal la necesidad de que les cite en calidad de testigos para que puedan deponer durante el juicio.

A los cuatro investigados que han quedado solos en el banquillo se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.