El PSOE exige retirar las mociones sobre la lista más votada

El Partido Socialista de Castilla y León remitirá este miércoles una comunicación al presidente nacional del PP, Pablo Casado, para que "ponga orden" en el PP castellanoleonés tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Chozas de Abajo que desalojó del Gobierno al socialista Santiago Jorge y que fue impulsada en el marco de la trama 'Enredadera' destapada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según ha explicado la secretaria de Organización, Ana Sánchez.

"O pone al orden a Mañueco y al PP de Castilla y León y les desautoriza o exigimos que retiren de los ayuntamientos la moción para que gobierne la lista más votada", ha reclamado Sánchez ante la "absoluta carencia de pudor" y la "total incongruencia" entre lo que quieren plantear los 'populares' en los principales ayuntamientos de la Comunidad y la moción impulsada el pasado 17 de septiembre en Chozas donde se ha impedido que siga gobernando la lista más votada.

"El Partido Popular no practica lo que predica", ha ironizado Ana Sánchez para quien esa moción en los ayuntamientos a seis meses de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales supone intentar cambiar las normas del partido "en el último minuto" fruto de su "nerviosismo" al intuir que "las cosas pintan mal".

Ana Sánchez ha cargado al respecto contra el "circo" montado por el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, fruto de su "nerviosismo" y de un "ejercicio de malabares" para mantenerse "sobre el alambre" y le ha recomendado que se dedique a buscar buenos candidatos, "a ser posible no manchados por la corrupción", ha matizado, para que puedan concurrir a las elecciones de mayo de 2019 "limpios, sin trampas y sin dopaje".

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León ha sido tajante al rechazar lecciones del PP ya que "no son ejemplo de nada" y ha advertido al respecto de que si apuestan por hacer política "al lomo de las filtraciones de un delincuente", en referencia al comisario Villarejo y a los audios que apuntan a que Ángel Olivares, actual secretario de Estado de Defensa, pagó por pinchazos a José María Anzar cuando era presidente de la Junta, los socialistas castellanoleoneses hablarán de lo que ocurría en la Comunidad en los años 80.

"Lo tenemos claro", ha zanjado Sánchez que ha recordado en concreto que en los años 80 en Castilla y León se habló del caso de la minería, que provocó la condena del ex vicepresidente de la Junta, Miguel Pérez Villar, o del 'caso Zamora' sobre una trama de corrupción para otorgar obras con la implicación de cargos del PP, un modelo que "se ha exportado" como el "modus operandi" en toda España, ha aseverado.

Es más, Ana Sánchez ha abogado por citar en la Comisión sobre la corrupción creada en el Congreso de los Diputados a los "imputados" del PP, con una mención concreta al exvicepresidente de la Junta Jesús Merino condenado por la 'Gürtel' y al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pos sus conservaciones grabadas en el marco de la operación 'Enredadera'.

"Que se bajen de los lomos de la basura, abandonen el nerviosismo y el desquiciamiento y se preocupen de la ciudadanía que les votó hace tres años en Castilla y León y a los que ahora están abandonando a su suerte", ha recomendado Ana Sánchez que ha acusado a los 'populares' de estar más pendientes de su "ombligo" que de los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Sánchez ha explicado a este respecto que frente a la "confrontación" y a la "basura en la que cabalgan las derechas" el PSOE trabaja por mejorar la vida de los ciudadanos, como demostrará mañana, jueves, con una jornada entre la Ejecutiva autonómica y los secretarios provinciales de Empleo que contará con la presencia de la portavoz socialista de la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, para abordar la repercusión en Castilla y León del acuerdo alcanzado la pasada semana sobre la revalorización de las pensiones en función del IPC.

La socialista ha destacado la especial importancia de ese acuerdo en una comunidad con un 23 por ciento de pensionistas entre su población y ha reivindicado el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez para revertir los recortes del PP a los colectivos más desprotegidos.