Claves para entender la polémica del impuesto de las hipotecas

La decisión del Tribunal Supremo sobre quién debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas es el tema central de la agenda económica de España en los últimos días.

Desde Mercado Financiero traemos un resumen de las cuestiones claves para entender con detalle la polémica creada en torno a esta cuestión.

¿Qué cuestión está en debate?

La cuestión central es si son los clientes o los bancos quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, que se sitúa entre el 0,5% y el 1,5% y supone un importe medio de 2.500 euros.

¿Qué ha ocurrido?

El Tribunal Supremo modificó este pasado 18 de octubre su jurisprudencia anterior del 28 de febrero y con la nueva sentencia determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto.

El alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, concluyó en esta sentencia firme que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, tal y como su jurisprudencia anterior sostenía, sino la entidad que presta la suma correspondiente.

No obstante, menos de 24 horas después, el pasado viernes 19, el Supremo decidió convocar al Pleno para confirmar o anular la jurisprudencia recogida en dicha sentencia, por tratarte la decisión de un "giro radical" y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social", según el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes.

¿Cuándo sabremos la resolución?

Tras este anuncio, este lunes el Tribunal Supremo comunicaba que será el 5 de noviembre cuando el tribunal decida si revocan o mantienen la jurisprudencia en un pleno con los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal.

¿Qué ocurre mientras tanto?

Por el momento, la sentencia está "congelada". Aunque no se ha paralizado la firma de contratos hipotecarios, algunas partes han decidido esperar a la resolución del Supremo, mientras que otras que continúan adelante con el proceso han modificado la cláusula relativa al impuesto para dejar abierto que el pago lo realizará quien la ley establezca.

En cualquier caso, desde el Colegio de Notarios recuerdan que desde que se firma una escritura hasta que se abone el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados hay un plazo de 30 días hábiles.

¿A cuánta gente podría afectar esta decisión?

Gestha estiman que de seguir adelante con esta sentencia, en torno a 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas de los últimos cuatro años a las comunidades autónomas.

Asimismo, al menos los ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa en la actualidad podrían reclamar a los bancos estos costes y pleitar por su devolución.

¿Qué impacto económico tiene en los bancos?

Gestha calcula que todos los que se hayan hipotecado desde octubre de 2014 recibirán la suma de un total de 3.631 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora. En total, según Moody's podría tener un coste de 4.000 millones de euros para la banca.

Además, otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 tendrían que pleitear con sus entidades bancarias para recibir 25.657 millones, más intereses.

¿Qué opinan otros jueces?

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha exigido la "inmediata dimisión" de Luis María Díez-Pizazo, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al considerar que es el "único y exclusivo" responsable de haber generado un \"desconcierto en la ciudadanía".

Las asociaciones recalcan que la reunión de los 31 magistrados de la Sala Tercera tenía que haber sido convocado antes de que se dictase la sentencia de la semana pasada, ya que Díez-Picazo era "conocedor" de que este asunto se iba a estudiar desde el pasado mes de enero.

¿Qué opinan los expertos?

Las asociaciones de consumidores animan a seguir reclamando la devolución de este impuesto. En especial, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) se anima a los ciudadanos que firmaron préstamos hipotecarios en la segunda quincena de septiembre de 2014 a reclamar ya ante la Hacienda autonómica correspondiente la devolución del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), dado que los ejercicios fiscales prescriben transcurridos cuatro años y el plazo de prescripción comienza a contarse a los 30 días hábiles siguientes a la firma del documento público.

¿Cuál es la posición de la banca?

La banca prosigue con la firma de hipotecas con normalidad a la espera de que el Supremo se aclare. Sin embargo, la pestaña de hipotecas de las páginas webs de entidades como BBVA, Banco Santander o Bankia continúan inactivas, ya que no saben muy bien qué información ofrecer al cliente.

La gran banca ha decidido comenzar a revisar su política de precios en la comercialización de hipotecas como anticipo al posible escenario en el que es a las entidades financieras a las que les corresponde pagar el Impuesto

¿Cómo se posicionan los políticos?

Este lunes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba que no tiene conocimiento sobre "ningún tipo de presión" sobre la sentencia del Supremo y ha explicado que el Gobierno está estudiando sus implicaciones y que el sector debe tener seguridad jurídica.
Desde Podemos, su líder, Pablo Iglesias considera "vergonzoso" que el Tribunal Supremo revise su decisión .La formación morada se ha querellado contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo por un posible delito de prevaricación judicial.

En este sentido, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso su petición de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, comparezca en la Cámara Baja para informar de esta "vergonzosa e inaudita marcha atrás".

Desde el Partido Popular, Casado ha señalado que cree que "cualquier gravamen que se establezca actualmente probablemente lo acaben pagando los que se hipotequen en un futuro".

Por su parte, Ciudadanos ha ofrecido al Gobierno pactar un sistema de arbitraje con el fin de acordar devoluciones de cantidades indebidamente pagadas en la tributación de los gastos de una hipoteca, una vez el Tribunal Supremo resuelva sobre esta cuestión.
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