Estas son las propuestas de Ciudadanos y PP para "aligerar" el sector público de Castilla y León

La comisión paritaria formada por Ciudadanos y por el Partido Popular, ha presentado sus conclusiones, tras analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento del punto 1.3 del Acuerdo de Gobierno suscrito entre ambos partidos.

De este modo, culminan los trabajos que comenzaron el pasado 30 de octubre y que han contado con la presencia de los directivos de los entes analizados, con el objetivo de "racionalizar y ajustar estos entes para ofrecer unos mejores servicios a la ciudadanía". Las propuestas están dirigidas a "eliminar duplicidades, aumentar la transparencia y optimizar las entidades del sector público".

Ambos partidos valoran estas recomendaciones, que proponen acciones de cara a la reducción de estos entes, como una mayor concurrencia en la contratación, la asunción de directrices en el Plan de Medios, la aprobación de cartas de servicios y la selección de personal según los criterios de la Administración General, entre otros.

Entre las propuestas de esta Comisión, destacan:

• La supresión, siempre que jurídicamente sea posible, mediante la integración de funciones y estructuras de FAFECyL en el ICE bajo la forma jurídica que se considere más adecuada.
• La reforma integral de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que reduciría su ámbito de actuación a internacionalización y promoción exterior, la gestión de los museos y centros culturales regionales, así como de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad.
• Mejoras en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE); revisión de los procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación interna y con el resto de las Consejerías.
• En el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), visualizar los servicios del sector, elaborar un catálogo de buenos ejemplos, incorporar un espacio de sugerencias e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales, entre otras; así como en la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León para evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según de eficacia las actividades desarrolladas.
• Analizar, para en su caso revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de “ente público de derecho privado” se ajuste a su naturaleza y funciones, asegurando su independencia, autonomía y libertad de acción.
• Sacar a la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos del sector público de la Comunidad.
• La pervivencia del SERLA, acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos, sea esta porque el Gobierno de España finalmente atienda el requerimiento de colaboración recibido de las Cortes de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León, o sea gracias a la mejora de la situación económica y laboral, que nos permita liberar fondos en estos momentos destinados a otras finalidades más perentorias. Por otro lado, podría plantearse a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación. Por último, y dado que la Junta de Castilla y León financia el 100% del funcionamiento del SERLA, en el nombramiento de los mediadores, la comisión considera que podría ser aconsejable que participara la parte institucional del Patronato de la Fundación.
• El mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ASCUCyL), de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCyL), concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN) y de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL).
• El refuerzo de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una importante asunción de responsabilidades para este último.
• Una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA (Somacyl) para evitar duplicidades, asumir actuaciones hidráulicas de las entidades locales y delimitar de forma adecuada sus competencias en biomasa.
• Respecto a la Fundación Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL), la comisión paritaria plantea que, una vez se constituya necesariamente la Fundación del IBSAL, que actualmente representa el 70% de la actividad del IESCYL, habrán de buscarse alternativas para esta que podrían pasar por adscribir la parte de investigación no relacionada con el IBSAL a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, bien porque se fusionen ambas fundaciones, o bien porque se amplíe el ámbito de la investigación que actualmente realiza la IECSCyL.

La aprobación de este documento representa, tanto para Ciudadanos como para el Partido Popular, "un avance en su objetivo de contar con una administración pública ajustada a las necesidades de sus habitantes, moderna, digitalizada y capaz de responder a los retos que afronta la sociedad de Castilla y León", como apuntan.