Las Cortes debaten el informe del Procurador del Común de 2020 centrado en la pandemia

Las Cortes de Castilla y León acogerán este martes, 11 de mayo, el pleno monográfico en el que se debatirá el informe del Procurador del Común correspondiente al año 2020, un año que ha estado marcado por las quejas ciudadanas relacionadas con la pandemia.

La sesión arrancará a las 10.30 horas con la intervención por tiempo ilimitado del procurador del Común, Tomás Quintana, para explicar un informe según el cual la institución tramitó 6.342 expedientes, resultado de las quejas recibidas y de las actuaciones de oficio promovidas por la propia Defensoría, de los que 1.807 expedientes estuvieron referidos a la situación provocada por la COVID, en gran parte relacionados con sanidad, educación y residencias de mayores.

A continuación, será el turno de los grupos parlamentarios que, de menor a mayor, contarán con 15 minutos para fijar sus posiciones, a lo que seguirá la respuesta individual o colectiva del defensor del pueblo en Castilla y León.

El portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, reinvindicó el pasado viernes la importancia de este debate y destacó la figura del Procurador del Común por representar a una institución pegada a la tierra, a la ciudadanía "e importante para que los políticos conozcan lo que pasa en los distintos niveles administrativos", ha admitido.

Castaño significó la evolución bastante positiva en las respuestas y el cumplimiento de las recomendaciones del Procurador del Común, especialmente en la última Legislatura, y auguró que con la futura Ley de Transparencia tendrá más relevancia el Procurador del Común, "incluso del apartado de las sanciones".

Por su parte, la secretaria del Grupo Socialista, Patricia Gómez, evidenció que la mayoría de las quejas recogidas por el procurador del Común en su informe de 2020 son relacionadas precisamente con la sanidad, la educación y los servicios sociales lo que, en su opinión, "pone negro sobre blanco" la realidad de la Comunidad, "que la gestión de la Junta de Castilla y León deja mucho que desear".

Gómez recordó que tanto las quejas ciudadanas como las iniciadas de oficio tienen que ver con esos tres pilares públicos y que se centran en la necesidad de recuperar la atención presencial en los centros de salud, la apertura de los consultorios y las listas de espera. "Precisamente, estas tres cuestiones que el Gobierno de PP y Ciudadanos desprecia", espetó. A esto añadió que este informe ya advirtió el pasado año de la desigualdad que provocaba el déficit del sistema de asistencia en el mundo rural. "En pandemia se ha visto cuál era el modelo de PP y Ciudadanos", sentenciço.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, destacó la "ingente, la excelsa y la maravillosa labor" que realiza el Procurador del Común pero advirtió de que el pleno monográfico queda vacío y hueco porque "lamentablemente" las resoluciones "quedan siempre en papel mojado" con el ejemplo "palmario y paradigmático" de lo ocurrido en las residencias de mayores.

EL INFORME
Según consta en el informe entregado por Quintana al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, en 2020 se dictaron 966 resoluciones a partir de las quejas recibidas de los ciudadanos con una aceptación por parte de las administraciones públicas del 78,68 por ciento. Respecto a las actuaciones de oficio, se dictaron 122 resoluciones, aceptadas casi en su totalidad.

En cuanto a la procedencia geográfica, la provincia de León nuevamente se ha situado en primer lugar, seguida en orden decreciente por las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila y Salamanca.

Con referencia a los tipos de administraciones concernidas por las quejas, en relación con la actuación de la Administración autonómica se recibieron 4.936 quejas, que representan el 79,00 por ciento del total. De las actuaciones de las Administraciones locales se recibieron 1.098 quejas, que representan el 16,45 por ciento del total de las recibidas.

De ellas, 924 afectaron a ayuntamientos, 70 a entidades locales menores, 28 a diputaciones provinciales, cinco a mancomunidades y una relativa a un ente del sector público local. Por último, de la actuación de la Administración del Estado se recibieron 219 quejas, que fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

ÁREAS TEMÁTICAS
En el área de Sanidad y Consumo se presentaron 2.224, en Educación 1.826, en Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud 468, en Empleo Público 397, en Administración local 388, en Hacienda 215, en Medio Ambiente 207, en Fomento 197, en Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones 127, en Interior y Movimientos Migratorios 82, en el Cultura, Turismo y Deportes 48, en Justicia 42, y en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 27 quejas.

En cuanto a las actuaciones de oficio, 41 de las 94 fueron relativas a la pandemia, el 43,62 por ciento. Asimismo, del total de los 6.342 expedientes tramitados, 1.807 lo fueron sobre temas relacionados con el SARS-CoV-2; expedientes que se derivaban, en concreto, de las 1.766 quejas relacionadas con la COVID-19 (destacadamente, en materia de sanidad 702; en materia de educación 456 y en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades 337, incluyendo en estas últimas todas las quejas relacionadas con el funcionamiento de las residencias de mayores y de personas con discapacidad).

Por otro lado, de las 41 actuaciones de oficio iniciadas con relación a la COVID, 18 de ellas se dirigieron a entidades locales y dos a las Universidades públicas; el resto a la Administración autonómica, y, en particular, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades seis, a la de Sanidad cinco, a de Educación cinco, a la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tres, a la de Fomento y Medio Ambiente uno, y a la de Empleo e Industria, uno.

Más allá de las 6.248 quejas que ha recibido el Procurador del Común, tanto en asuntos relacionados con la Covid-19 como otros ajenos a la crisis sanitaria, en 2020 la Institución ha intensificado la realización de actuaciones de oficio, mediante la iniciación de 94 expedientes.

Así, en materias que no tienen relación directa con la pandemia sufrida, por ejemplo, se ha tratado la brecha digital que sufren muchas personas que residen en el medio rural, la protección de los elementos más significativos de la arquitectura popular, la promoción de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el medio rural, las dificultades para cubrir los puestos de secretario municipal en muchos pueblos de la Comunidad, la prestación del servicio público de salud en los municipios rurales, todas ellas actuaciones de oficio que evidencian el compromiso de la Institución con las personas que residen en el medio rural de la Comunidad.

En asuntos directamente relacionados con la crisis producida por la pandemia, la Institución promovió actuaciones principalmente en materia sanitaria, educación y servicios sociales. A partir de mediados de marzo, se abordaron problemas como la falta de medios de protección frente al contagio que afectaba al personal sanitario y otros colectivos al inicio de la crisis sanitaria; la atención sanitaria y sociaosanitaria dispensada a los enfermos de COVID-19 en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, o los criterios utilizados para la prestación del servicio sanitario en los hospitales.

Se abordó también la situación de los alumnos en la situación de confinamiento, así como, después, las cuestiones que suscitaba el inicio del curso escolar. Además, se realizaron actuaciones de oficio tras el primer periodo de estado de alarma y sus prórrogas como las relativas a la ordenación de la ocupación del espacio público con veladores, con la eliminación o reducción de la tasa por la ocupación de dicho espacio por terrazas para ayudar al sector hostelero.