Primer choque entre PP y Vox por la memoria histórica a menos de una semana de la investidura del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que se celebrará el próximo lunes 11 de abril después de la convocatoria de la Junta de Portavoces este jueves. Los populares se han sumado este martes a la izquierda y han apoyado una moción en el Ayuntamiento de Valladolid dirigida a reconocer a los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil. Una moción que ha salido adelante con el rechazo del único concejal de Vox, Javier García, que ha tildado de "oportunista" la iniciativa.
Este distanciamiento se produce en un momento de calma tensa entre ambas formaciones, ante el inesperado retraso de la convocatoria del pleno de investidura de Mañueco, cuando está a punto de cumplirse un mes de la rúbrica del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. Además, esta grieta concierne a una de las cuestiones más delicadas en la relación de ambos partidos, ya que una de las principales exigencias de Vox desde el inicio de la campaña de las elecciones del pasado 13 de febrero ha sido la derogación del decreto de memoria histórica autonómico. El PP se niega a ello y logró imponer su postura en el documento del acuerdo, que no contempla ningún punto relativo a este tema.
La memoria histórica: punto de fricción entre PP y Vox en Castilla y León
La votación de la moción municipal en el Ayuntamiento de Valladolid este martes no ha hecho más que confirmar la distancia que existe entre PP y Vox en materia de memoria histórica, al menos en Castilla y León. Durante el debate de la misma, el concejal popular José Antonio de Santiago-Juárez reconoció que "algo hemos hecho mal cuando 80 años después todavía hay cadáveres enterrados en las cunetas".
El edil del PP recordó, además, con ironía que "el decreto de memoria histórica de la Junta de Castilla y León la firmamos dos peligrosos izquierdistas, Juan Vicente Herrera y yo, consensuado con sindicatos y asociaciones", ya que De Santiago-Juárez era vicepresidente de la Junta cuando esta medida entró en vigor en 2018. Sacando pecho, por tanto, de la norma que Vox ha convertido en diana de gran parte de sus ataques desde la campaña de las elecciones autonómicas, y que se ha convertido en un auténtico punto de fricción entre ambos partidos.
Vox mostró, a través de su único concejal, Javier García, que no se ha movido un ápice de su postura. El edil de la formación calificaba de "oportunista" la moción y aseguraba que no aceptaría lecciones morales del PSOE "cuando pactan con independentistas o mantienen en Valladolid una calle con el nombre de un asesino en masa como fue el 'Che' Guevara". Finalmente, la moción –que promoverá la instalación de una placa en el lugar donde se ubicaba la Casa del Pueblo, en la que fueron detenidos más de 400 obreros el 19 de julio de 1936– salió adelante con el voto favorable de todos los partidos excepto Vox.
Se trata de un episodio más de las poco veladas discrepancias entre ambas formaciones con respecto a la memoria histórica. El PP de Castilla y Léon siempre ha presumido del decreto aprobado en abril de 2018 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera (2001-2019), con el consenso de los partidos y agentes sociales de la Comunidad, mientras que Vox se ha marcado desde el inicio la prioridad de lograr la derogación del decreto. Algo que, a tenor de lo plasmado en el documento del acuerdo del pasado 10 de marzo, no ha logrado, ya que no se trata esta cuestión en ninguno de los puntos y Mañueco ha negado varias veces que el decreto vaya a derogarse.
Una norma pionera en una comunidad del PP
El decreto de memoria histórica de Castilla y León ha sido una norma pionera en una comunidad dirigida por el PP, un partido que, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica nacional en 2007, se opuso frontalmente a llevar a cabo cualquier política a este respecto. Cuatro años después, tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en noviembre de 2011, el nuevo presidente no cumplió con su promesa electoral de derogar la norma pero dejó sin fondos la búsqueda de fosas comunes de la Guerra Civil y otras medidas memorialistas en las sucesivas aprobaciones de los Presupuestos Generales del Estado, hasta su salida del poder en junio de 2018.
El PP de Castilla y León, sin embargo, mostró desde un inicio una mayor sensibilidad ante esta cuestión y se abrió al diálogo. El decreto de memoria histórica autonómico fue aprobado, finalmente, en abril de 2018, después de años de negociaciones entre el Gobierno autonómico de Herrera, las asociaciones memorialistas de la región y los sindicatos CCOO y UGT. La aprobación de la norma llevó consigo la conformación del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un organismo que presidió desde sus inicios Ángel Hernández, de Comisiones Obreras.
La aprobación del decreto y la conformación del Consejo Asesor supusieron el pistoletazo de salida para una serie de iniciativas en materia de localización de fosas comunes, exhumación e identificación de restos de represaliados republicanos durante la Guerra Civil y la represión posterior. Los trabajos se extendieron por toda la región durante los años siguientes y tuvieron su colofón en el gran acto celebrado en el Cementerio del Carmen de Valladolid –donde se habían llevado a cabo varias exhumaciones– en febrero de 2020, con la inauguración de un memorial que recoge los restos de 245 víctimas del franquismo. En aquel acto estuvo presente el entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en representación del Gobierno autonómico presidido por Mañueco.
El anuncio del acuerdo entre PP y Vox, el pasado 10 de marzo, provocó que el presidente del Consejo, Ángel Hernández, anunciara su dimisión. "Estar en el Consejo con Vox es imposible. Mi trayectoria personal, mi ética personal y mi ética democrática me impiden sentarme con miembros de un Gobierno donde está esta gente", aseguraba Hernández días después. El ya dimitido presidente hacía referencia también a los siguientes pasos que, a su juicio, quedan por darse en la región en esta materia. "Una vez finalizado el mapa de fosas deberían venir los trabajos de identificación, que ya se han venido haciendo, y después se debe hacer un censo", señalaba.
Las tensiones entre PP y Vox se incrementan a cinco días de la investidura
A pesar de que el PP logró que en el acuerdo de Gobierno con Vox no se reflejase ninguna iniciativa con respecto a la memoria histórica y mantener, por tanto, el statu quo los de García-Gallardo no se han dado por satisfechos. El líder nacional del partido, Santiago Abascal, mostraba el firme interés de su partido en que esta cuestión se abordara en el nuevo Ejecutivo.
"Derogaríamos todo si tuviéramos mayoría absoluta, pero formamos parte de una coalición. Tenemos los principios muy claros, pero creemos en el sistema democrático. Haremos todo lo posible para que desaparezca esa ideología de izquierdas que está presente en toda Castilla y León", aseguraba en una entrevista, tras ser preguntado por la memoria histórica.
Esta discrepancia es una de las motivaciones que han conducido al inesperado retraso del pleno de investidura de Mañueco, que se preveía que se celebraría el 25 o el 28 de marzo, al haberse alcanzado el acuerdo con una gran prontitud, 15 minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes el 10 de marzo. Finalmente, la sesión de investidura se celebrará el lunes 11 de abril después de que el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, de Vox, convocara para este jueves la Mesa y la Junta de Portavoces.
El retraso en la convocatoria de la investidura tras las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero ha marcado un récord histórico para Castilla y León, a pesar de la celeridad con la que PP y Vox anunciaron el acuerdo, y aún habiéndose propuesto hace una semana los nombres de los consejeros de Vox en el próximo Ejecutivo. El pasado martes se anunciaron las tres personas que ocuparán las consejerías de Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura y Turismo –Gerardo Dueñas, Mariano Veganzones y Gonzalo Santonja–, que gestionará Vox, lo que hizo prever que los plazos pudieran acelerarse y que la investidura no se dilatase demasiado en el tiempo. Finalmente, una semana después se ha conocido la fecha.
Este mismo martes, la secretaria general y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, recordaba a Vox que "hay un acuerdo firmado" en Castilla y León y que los pactos "están para cumplirlos", mientras el portavoz de Vox en el Congrso, Iván Espinosa de los Monteros, se mostraba crítico con Feijóo. "Si prefiere llegar a pactos con el señor Sánchez antes que con el señor Abascal está en su libertad, pero lo ideal es que lo explique de una manera clara porque hasta ahora no nos ha quedado demasiado claro", aseguraba.
La incertidumbre se ha convertido en la tónica dominante en la política de Castilla y León desde la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de diciembre. Una vez alcanzado el acuerdo y conocida la fecha de la investidura de Mañueco, las tensiones entre PP y Vox por cuestiones como la memoria histórica solo hacen que incrementar el suspense acerca de cómo se desarrollará la coexistencia entre ambas formaciones en el futuro Gobierno de coalición en la Comunidad.