Las gasolineras de Castilla y León denuncian que solo el 26% han cobrado el anticipo del combustible

Las estaciones de servicio de Castilla y León están “asfixiadas”. La medida del Gobierno de obligarles a anticipar la rebaja de combustible ha acabado por dar la estocada a un sector que ya venía dando tumbos por culpa de la pandemia y la reducción de la movilidad. Ante esta situación, la asamblea general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), formada por más de 4.000 gasolineras de España, donde ha estado presente el presidente regional Lorenzo Colomo, ha aprobado por unanimidad recurrir judicialmente el Real Decreto ley 6/2022.

De esta manera, las gasolineras llevarán ante la Justicia al Gobierno de Pedro Sánchez por obligarles a adelantar 15 céntimos del descuento de la rebaja del combustible. Además, la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (FERECLAES) denuncia que el Gobierno no está cumpliendo con lo prometido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a ingresar esta misma semana el dinero de los anticipos por el descuento, que de media cuesta unos 1.000 euros. Pues bien, Colomo denuncia que de las 1.500 estaciones de servicio que hay en Castilla y León, ese adelanto solo ha llegado a unas 400. “Algo que no cubre ni el 60% del dinero que estamos adelantando, el Gobierno ha dicho que nos hará un adelantado sobre el adelanto”, denuncia.

Es decir, que tan solo un 26% han podido comenzar a percibir dichos importes que, en ningún caso, ha supuesto la totalidad de lo adelantado. Las gasolineras de la Comunidad han tenido que esperar hasta el pasado martes para recibir el ingreso (o la notificación del abono) del adelanto realizado por las mismas. Y es que en el Real Decreto viene que se hará un adelanto de las ventas de un mes del año pasado, “que fue casi sin ventas”, por lo que “nos están adelantado dinero de un año sin ventas, ante lo cual “no es viable”.

"Inseguridad jurídica"

De esta manera, los despachos de abogados ya están trabajando para llevar ante los tribunales al Estado por la “inseguridad jurídica” a la que están sometidas las estaciones de servicio. Entre otras cosas porque tampoco saben el modo en el que deben realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo de vigencia de la medida. "Los anticipos, que ya no son tales, no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos y en algunas ocasiones se han abonado con errores”, afirma.

"La Administración no nos deja otra salida que acudir a la Justicia", sostiene Colomo en palabras a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, “nos vemos en la obligación de pedir amparo a los tribunales en defensa de los intereses de las pymes del sector, porque como esto siga así en cuestión de días vamos a tener que cerrar por asfixia económica porque no tenemos liquidez”. El presidente regional mantenía la “esperanza” de que las cosas mejoraran tras las reuniones de la semana pasada, “pero se ha comprobado que nadie lo tiene claro”.

Desde FERECLAES se reclama que el Gobierno confirme “por escrito” cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplica desde el 1 de abril. “No tenemos contestación, estamos indefensos y como la cosa va a ir a peor, tenemos que tomar acciones legales”, manifiesta Colomo, que también adelanta que los usuarios podrían tener problemas con las facturas de sus tickets. “Ya que lo tendrán que llevar al IRPF del año que viene, porque es una ‘ayuda’ del Estado”.