Los primeros retos del Gobierno PP-Vox en Castilla y León

El primer Gobierno de coalición del que formará parte Vox dio su pistoletazo de salida este lunes en las Cortes de Castilla y León, tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. El PP y la formación dirigida en la región por Juan García-Gallardo, el nuevo vicepresidente, mostraron una completa sintonía en sus intervenciones en el estrado de la Cámara, un idilio político que contrastó con los furibundos ataques de las formaciones de la oposición al pacto de Gobierno.

Este aparente romance entre PP y Vox en Castilla y León se enfrentará durante los próximos meses a las primeras pruebas de fuego de la coexistencia entre ambos partidos en el nuevo Ejecutivo, ya que tendrán que gestionar cuestiones delicadas en las que las dos formaciones tienen visibles diferencias. Estos son los primeros retos a los que se enfrentará el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León.

La Ley contra la Violencia Intrafamiliar

La nueva y polémica Ley contra la Violencia Intrafamiliar es uno de los más inmediatos retos a los que se enfrentará el nuevo Gobierno, ya que Mañueco aseguró este lunes que su tramitación se iniciará antes del 31 de julio. El presidente de la Junta aseguró en su discurso de investidura que la Ley de Lucha contra la Violencia de Género autonómica –foco de muchos de los ataques de Vox– no será derogada y que coexistirá con la nueva Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

"Las dos normas son necesarias, las dos normas son compatibles y las dos normas son complementarias. Mejorar la detección y la prevención, ampliar y reforzar la protección a las víctimas y garantizar la mejor atención inmediata e integral es un compromiso irrenunciable", afirmó Mañueco, ratificando lo que ya había anunciado hace un mes cuando, en rueda de prensa en la sede del PPCyL el día después de anunciarse el acuerdo con Vox, aseguró que la nueva ley supondría una "protección social adicional" que será complementaria a la que refleja la ley de violencia de género.

"Vamos a garantizar a las personas que en el ámbito intrafamiliar tengan alguna situación de violencia", aseguraba Mañueco aquel 11 de marzo, remarcando que ambas leyes podrán coexistir sin problemas. "La ley de violencia de género existe y va a seguir existiendo", zanjaba. El entonces presidente en funciones insistía, además, en que la elaboración de esta norma solo pretendía "elevar a rango de ley" el ya existente plan contra la violencia intrafamiliar autonómico.

Su compañero de viaje, Juan García-Gallardo, tiene una postura diametralmente opuesta en esta cuestión, aunque, según sus últimas declaraciones, acepta que, al ser el socio minoritario, no les quedará otra que tolerar que la Ley contra la Violencia de Género continúe en vigor. Durante su primer discurso en la Cámara, este lunes, el vicepresidente de facto insistía en el "empeño" de su partido de acabar con esa norma ya que para Vox "la violencia no tiene género", aunque reconocía no tener "mayoría suficiente" para hacerlo.

"Todos los españoles deben ser iguales ante la ley. ¿Qué sentido tiene que un huérfano de padre no tenga las mismas ayudas que un huérfano de madre? Pues de eso trata la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar", señalaba García-Gallardo, defendiendo la nueva normativa que contempla el acuerdo entre PP y Vox. El nuevo vicepresidente aceptaba así que las dos leyes puedan coexistir durante esta legislatura, pero la animadversión declarada de Vox hacia la Ley contra la Violencia de Género podría generar tensiones con su socio de Gobierno, que se muestra claramente partidario de esa norma.

El Decreto de Concordia

La sustitución del Decreto de Memoria Histórica autonómico –aprobado en abril de 2018 y pionero en una comunidad del PP– por un Decreto de Concordia, es otra de las cuestiones peliagudas que afrontará el nuevo Gobierno durante sus primeros meses de recorrido. "Vamos a comenzar la tramitación, antes del 30 de junio, de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles", aseguraba Mañueco.

De este modo, el presidente de la Junta compraba el argumentario de Vox con respecto a una normativa que fue aprobada por su propio partido hace cuatro años, bajo el Gobierno de su predecesor Juan Vicente Herrera, y que ahora considera que utiliza la historia "para dividir a los españoles". Contradice, además, las palabras de Mañueco en aquella rueda de prensa del pasado 11 de marzo, un día después del acuerdo, cuando aseguró que el Decreto de Memoria Histórica no sería derogado y que todo el compendio legislativo autonómico "continuaría en vigor" a pesar del acuerdo con Vox.

Una cesión programática de Mañueco que no se contemplaba en el documento del acuerdo de Gobierno y que es del gusto de Juan García-Gallardo, que en su discurso de este lunes se mostró satisfecho con la aprobación de esta medida. "La izquierda ha utilizado la historia para dividir a los españoles, por eso recuerdan el bombardeo de Guernica y olvidan el bombardeo de Cabra. Cada español debe tener la oportunidad de aproximarse a nuestro pasado con la mirada limpia. La aprobación de un Decreto de Concordia es un primer paso para interpretar, cada uno a su manera, la historia en nuestro país", insistía García-Gallardo.

Un posicionamiento, por tanto, en el que ambos partidos parecen estar de acuerdo y que no parece que pueda generar tensiones entre los socios durante estos primeros meses de la XI Legislatura. En cambio, si que ha generado malestar entre las asociaciones memorialistas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) aseguraba este mismo martes que PP y Vox, con esta normativa, están iniciando una "operación de blanqueo del franquismo".

Bajada de impuestos y plan anticrisis

Una cuestión en la que ambas formaciones han mostrado total sintonía desde la primera toma de contacto en la ronda de negociaciones es la de promover el descenso de la presión fiscal en la Comunidad. Durante su discurso de investidura, Mañueco aseguró que impulsará una "revolución fiscal" para Castilla y León durante la legislatura que se inicia.

"La mayor bajada de impuestos de la historia de Castilla y León tendrá lugar esta legislatura, especialmente en el medio rural", ha destacado. Y prometió que se iniciarán "inmediatamente" los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF "a todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto".

Además, aseguró que esta bajada de impuestos será compatible con unos servicios sociales "más personalizados", una inversión "sin precedentes" en familia y natalidad y un apoyo decidido al mundo rural, contradiciendo a quienes critican que una bajada de impuestos tenga que suponer un deterioro de los servicios públicos. 

Una política impositiva que coincide plenamente con los postulados de Vox en este sentido, que desde su irrupción en la política española, en diciembre de 2018, ha propuesto en todos sus programas electorales reducir los impuestos al mínimo. Durante la campaña electoral de las elecciones del pasado 13 de febrero, Vox dio prioridad la formación a la eliminación de los impuestos excesivos que, a juicio del partido, provocan el aumento de la factura de la luz y abogaba por reducir la carga impositiva a las empresas que quieran establecerse en la región.

Para Vox, esta medida facilitaría que más empresas quisieran establecerse en Castilla y León –con los consiguientes puestos de trabajo que ello generaría– y facilitaría que la región pudiera competir con comunidades colindantes con una presión fiscal más baja, como la Comunidad de Madrid. Una coincidencia plena que hace presuponer que ambas formaciones no tendrán problemas a la hora de impulsar esta reducción de impuestos.

El presidente de la Junta anunció además el pasado jueves un plan ante la subida de precios y la inflación generadas por el conflicto de Ucrania "de manera inmediata" para Castilla y León. Mañueco aseguró que confía en que se pueda añadir a ese plan la bajada de impuestos solicitada en la Conferencia de Presidentes relativa al IVA superreducido para la energía. "Esta situación se debe afrontar desde una óptica de bajada de impuestos, es la mejor manera para ayudar a familias y empresas", afirmaba.

Tras la invasión de Ucrania, según el presidente de la Junta, se ha creado una "tormenta perfecta" que requiere del "esfuerzo y la colaboración de administraciones, trabajadores y empresas. Políticas públicas y medidas que consoliden y reactiven la economía y logren equilibrar la inflación". Un plan que va en esa línea de la reducción impositiva y en el que, por tanto, habrá coincidencia plena entre PP y Vox en el nuevo Ejecutivo de coalición.