Denuncian que la Junta "revisa ilegalmente" el Plan Regional de Residuos

El BOCyL del pasado 13 de abril ha publicado la Orden FYM/304/2022, de 2 de abril, por la que se da publicidad a la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL), aprobada por Acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León.

De esta manera, se revisan el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación del Plan Regional de Residuos vigente desde 2016, que fue aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo, cuya ejecución está resultando "un fracaso tanto por el aumento en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos como por las bajas tasas de recuperación y reciclado en la región, como se reconoce en la propia evaluación del PIRCyL contenida en su adaptación", según ha denunciado Ecologistas en Acción de Castilla y León.

No obstante, lo más "llamativo" de la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León es que a diferencia del Plan que se revisa, "esta carece del necesario rango reglamentario, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental", insisten.

De esta manera, el renovado Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se "han vuelto a saltar a las bravas las normas más elementales para la elaboración de las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León".

Desde Ecologistas en Acción aseguran que "llama la atención también que esta fraudulenta revisión del PIRCyL se haya publicitado días después de la publicación de la nueva Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a la que ignora completamente pese a tener que adaptarse a la misma".  

Lo que en "última instancia subyace a esta forma arbitraria y autoritaria de ejercer el poder en la Comunidad es el despropósito desde hace décadas de la política regional de residuos", que ha pasado de las leyes "inconstitucionales para imponer vertederos como los de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora), a la apuesta por la incineración de los desechos en instalaciones industriales como las fábricas de cemento de La Robla (León), Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia)".

Entretanto, la recogida selectiva de los residuos domésticos en Castilla y León se limitó en 2019 al "12% de los producidos", según el Ministerio para la Transición Ecológica, y en consecuencia la preparación para la reutilización y el reciclado sólo alcanzó en el mismo año el 36%, "muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50%, y eso incluyendo el compost de pésima calidad obtenido en los centros de tratamiento de residuos de cada provincia, que por la falta de recogida selectiva de los restos de alimentos acaba depositándose en los vertederos".

Ecologistas en Acción recuerda al Consejero Suárez-Quiñones y la Junta de Castilla y León que deben "respetar los procedimientos legales y los procesos de participación pública, que tan a menudo dejan de lado en sus decisiones ambientales". Por ello, la organización ambiental anuncia que "impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, y reclama una revisión en profundidad y participada de dicho Plan que permita cumplir los objetivos legales re reducción y reciclado".

Ecologistas en Acción considera que "la única manera de alcanzar dichos objetivos en relación  a los residuos domésticos es implantar sin más dilación la recogida separada de los restos de alimentos, sólo abordada aunque de manera muy deficiente en la ciudad de Valladolid. Por otro lado, es necesario reducir de forma drástica los envases de usar y tirar, contrariando los intereses del lobby Ecoembes y su contenedor amarillo, que apenas contribuye al reciclado".  

Finalmente, la organización ambiental denuncia que año tras año se "consolida el papel de la Comunidad como sumidero de residuos industriales peligrosos, lodos, neumáticos y vehículos fuera de uso, etc., en buena medida incinerados, lo que resulta incompatible con los principios de autosuficiencia y proximidad que deben guiar la política de residuos, y es incoherente con la salud pública y con la producción agroalimentaria de calidad que la Junta dice fomentar".