El PP garantiza la continuidad del Consultivo pese a los recelos de Vox

El Partido Popular ha garantizado este lunes la continuidad de la institución del Consejo Consultivo de Castilla y León, pese a los recelos y críticas de su socio de Gobierno, Vox, a la misma. El portavoz popular en la Comisión de Presidencia, José Luis Sanz Merino, ha recordado que en el pacto de Gobierno "no se contempla la reforma del Estatuto de Autonomía", que sería necesaria para la eliminación de la institución, durante la comparecencia del presidente del Consejo, Agustín Sánchez de Vega, para presentar la Memoria correspondiente al año 2021.

El presidente del Consejo, además, recordó hoy a Vox que "es imposible mayor legitimidad" que la que tiene el Consultivo dado que tiene "una independencia y respaldo democrático enorme" al ser sus miembros elegidos por el Parlamento autonómico.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, ha subrayado este lunes el "papel indispensable" de la institución que preside "en un Estado democrático de Derecho como garantía de legalidad y defensa de los derechos de los castellanos y leoneses". Y ha recordado que el Consejo Consultivo es una institución propia que se encarga "de velar por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordeanmiento jurídico". 

Sánchez de Vega ha querido destacar también que el Consejo sigue manteniendo "un alto nivel de auctoritas", ya que el 95% de las decisiones de las administraciones consultantes se tomaron de acuerdo con los dictámenes de la institución. Y ha querido señalar que el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales "provoca escasísima litigiosidad". "Solo nos constan durante 2021 dos sentencias del TSCyL sobre asuntos ya resueltos por nosotros, ambas confirmando nuestras resoluciones", ha asegurado el presidente.

"El Consejo integra dos órganos con funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública", ha señalado el presidente, quien ha añadido que esta segunda función es "una seña de identidad autonómica, cuya particularidad es única en España". Sánchez de Vega ha explicado también que la función del Consejo es "velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en las relaciones de las administraciones con los ciudadanos, con el objetivo de la protección de sus derechos".

Un aumento en el plazo de los dictámenes

El presidente del Consejo Consultivo ha reconocido que durante 2021 "el plazo para la emisión de los dictámenes sufrió un incremento significativo". "En el Tribunal los procedimientos han durado una media de 29 días hábiles desde la recepción del expediente completo, tiempo inferior a los dos meses previstos para la desestimación por silencio administrativo y también a los más de 350 días de duración media del contencioso-administrativo en vía judicial", ha destacado Sánchez de Vega.

El presidente de la institución ha señalado también que la actividad del Consejo "ha retornado a cifras anteriores a la pandemia". "Así lo corroboran los 549 asuntos admitidos para dictamen", ha afirmado, destacando que estas cifras "expresan el esfuerso por mantener los índices de calidad de los dictámenes y las resoluciones, en sintonía con el objetivo de continuar con el funcionamiento diario lo más próximo posible a la normalidad institucional".

Impacto de la pandemia en las reclamaciones de 2022

El presidente del Consejo se ha mostrado "satisfecho de todos los datos referidos" y ha mostrado su preocupación con respecto al futuro próximo. "La conflictiva y versátil realidad jurídica post-covid nos preocupa, ya que comienzan a evidenciarse las consecuencias jurídicas y estamos ya dictaminando sobre diversos asuntos relacionados con la vacunación, los hospitales, suspensión de contratos y otros temas", ha afirmado. Sánchez de Vega ha concluido pronosticando que "en 2022 fácilmente llegarán a más de un centenar las reclamaciones derivadas del impacto de la pandemia".

91 dictámenes más que en 2021

El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 91 dictámenes más en 2021 que durante el año anterior, pasando de los 458 de 2020 a los 549 del último año. El número de recursos resueltos por la institución, por otro lado, ha sido el mismo en 2020 y el año pasado, 207 en total. 

En cuanto a la función consultiva, de los 549 dictámenes aprobados en 2021, más del 55%, es decir 302, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales -Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales-, 245 (44,63%) de la Junta de Castilla y León –de los que un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria– y dos de las universidades.

Valladolid, en cabeza en número de dictámenes

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 82, León, con 77, y Salamanca, con 69, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 43, Palencia, con 40, Segovia, con 30, Ávila, con 27 y Soria con 12. Además, hay otros 79 expedientes no provincializados por ser proyectos normativos de la Junta de Castilla y León o por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad. 35 de ellos han sido dictámenes sobre proyectos normativos de la Junta.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 549 dictámenes, el 68,49%, es decir 376, son de responsabilidad patrimonial, estando relacionados la mayor parte con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.

De las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 95% ha seguido el criterio recogido en el dictamen, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2021 se resolvieron 207 recursos de los 218 presentados. El 66,51% (145) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros. El principal acto recurrido ha sido el de adjudicación (49,08%) seguido del de pliegos (25,68%). La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados durante el año 2021 alcanzó 1.508.580 euros.

Los grupos agradecen al Consejo su labor y Vox aboga por un "gasto eficiente"

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han coincidido en agradecer al presidente del Consejo su exposición y en valorar la labor de la institución que preside. El viceportavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha subrayado la importancia de una institución como el Consejo "en un Estado democrático de Derecho". 

En el mismo sentido se ha pronunciado el viceportavoz del Grupo UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, que ha agradecido al Consejo "el esfuerzo realizado". "Después de 30 años trabajando en la administración regional no puedo menos que reconocer la importancia de una institución que ejerce una función de garantías", ha señalado. Y ha destacado también el esfuerzo del Consejo "en cumplir los plazos de los dictámentes".

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha reconocido "la labor de control y de garantía de la legalidad del Consejo" aunque ha destacado "la necesidad del uso eficiente de los recursos públicos", en su línea habitual de recortar lo que definen como "gasto político superfluo". El Grupo Socialista ha recordado que "se cumplen 20 años del Consejo" y que el camino de la institución "ha sido muy trabajado y se ha hecho con coherencia". "Queremos manifestar el apoyo incondicional al presidente y a todo el Consejo Consultivo", ha afirmado el procurador socialista Luis Briones.

El Grupo Popular, por su parte, ha destacado "el control de la acción del Gobierno de la Junta y de otras entidades" que ejerce el Consejo. "Le reiteramos a usted y a todas las personas que sirven en el Consejo nuestro agradecimiento y nuestra consideración", han zanjado los populares, garantizando la continuidad de la institución porque "en el pacto de Gobierno no se contempla la reforma del Estatuto", pese a los recelos de Vox.