Vox ha convertido Castilla y León, desde su entrada en el Gobierno en abril de 2022, en un verdadero campo de pruebas de las políticas conservadoras que lleva defendiendo desde su fundación, hace ya nueve años, y que tratará de implementar en el Ejecutivo central si logra carteras tras las elecciones generales. Las medidas de fomento de la natalidad y contra el aborto son uno de los caballos de batalla más importantes del partido y, de hecho, Vox se fundó como una escisión de un sector del PP que, entre otras cuestiones, abandonó a los populares por su negativa a derogar la Ley del Aborto de 2010, impulsada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero las medidas provida propuestas por Vox, cuyo último episodio ha sido el polémico protocolo antiaborto en Castilla y León –que contemplan ofrecer escuchar a la madre el latido fetal, ecografías 4D y acompañamiento psicológico– no llevan el copyright de los de Santiago Abascal. Vox forma parte de una auténtica 'internacional conservadora' que engloba al ala dura del Partido Republicano de los Estados Unidos, a los partidos del Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) –del que forma parte Vox–, a los de Identidad y Democracia, y también a algunos líderes iberoamericanos como el argentino Javier Milei.

Concretamente, en la cuestión del aborto y el derecho a la vida, Vox tiene como principal referente las políticas impulsadas por el Gobierno húngaro, dirigido desde 2010 por el nacionalpopulista Viktor Orbán, y también al 'trumpismo' norteamericano, que ha impulsado legislación muy restrictiva en esta materia en algunos estados como Texas, después de que el Tribunal Supremo de ese país derogase el derecho al aborto en junio de 2022, dando vía libre a los estados. 

"A mi me gusta mucho lo que están haciendo el Gobierno de Hungría y algunos estados de Estados Unidos en esta materia porque ofrecen alternativas, información e ideas en positivo para que las mujeres tomen una decisión como esta con toda la información posible", aseguraba este lunes el vicepresidente, reafirmándose en una inspiración que ya ha mostrado con otras medidas, como la rebaja de impuestos a familias numerosas.

El modelo húngaro

Hungría es uno de los países europeos más restrictivos con el aborto y, de hecho, consagra el derecho a la vida en la Constitución impulsada por Viktor Orbán en el año 2012. En el texto de la norma fundamental húngara, se remarca que la vida del feto "debe ser protegida desde el momento de la concepción". No obstante, la legislación húngara sigue contemplando el derecho a interrumpir el embarazo –que existe desde 1953, en plena época comunista– en las 12 primeras semanas de gestión y, en algunos casos excepcionales, hasta la semana 24.

Con todo, el Ejecutivo de Orbán ha impulsado una serie de trabas con la intención de disminuir el número de abortos, entre los que destaca un protocolo muy similar al que se ha impulsado en Castilla y León, aunque más restrictivo. En concreto, mientras el protocolo de la Comunidad obligaría a los médicos a ofrecer a las madres la posibilidad de escuchar el latido fetal, en el caso de Hungría es obligatorio que la mujer escuche ese latido para poder abortar.

Una medida que el Ejecutivo de Orbán impulsó el pasado mes de septiembre y cuyo objetivo principal es que los médicos presenten a las embarazadas las funciones vitales del feto "de forma claramente identificable". También es obligatorio que las mujeres reciban información sobre las posibilidades de adopción del futuro bebé y sobre las ayudas para la maternidad que ofrece el Gobierno húngaro. Además, se impone un plazo de 72 horas hasta que la mujer pueda realizar el aborto para que "reflexione su decisión".

Desde que Viktor Orbán accedió al poder el número de abortos se ha reducido casi a la mitad en Hungría. En 2009, un año antes de que el partido nacionalpopulista Unión Cívica Húngara (Fidesz) se hiciese con el poder, se produjeron 43.000 abortos en el país. En 2021, en cambio, el número de interrupciones del embarazo se ha reducido a 22.000.

El cinturón 'trumpista' de Estados Unidos

En Estados Unidos, a pesar de la derrota del republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020, la estela de sus políticas nacionalproteccionistas sigue presente. La mayoría conservadora que Trump configuró en el Tribunal Supremo antes de dejar el poder facilitó que, en junio de este año, por seis votos contra tres, se derogase el derecho al aborto, que estaba presente en la Constitución desde 1973. Una decisión que dio vía libre a los estados más conservadores para llevar a cabo políticas restrictivas que para Vox y para Juan García-Gallardo también son un modelo a seguir.

Estados como Texas o Misuri prohibieron el aborto en cualquier supuesto justo después de que se anunciara la decisión, y les siguieron otros con mayoría republicana como Luisana, Misisipi, Idaho, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Utah, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming.

La legislación de Texas es una de las más duras del país ya que prohíbe el aborto en cualquier supuesto salvo que exista un peligro mortal para la vida de la madre –que sería el objetivo de máximos de Vox en España– contempla, además, penas muy duras para los médicos que practiquen abortos, que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

Este estado sureño ya contaba con una ley restrictiva en este sentido antes de la sentencia del Tribunal Supremo que precisamente se conocía como 'Ley del latido fetal'. Esta norma, impulsada en 2021, cuando el derecho aún se reconocía a nivel constitucional, limitaba los abortos a la sexta semana, un periodo en el que el Gobierno del estado considera que ya se podría detectar el latido fetal.

Esta serie de medidas, especialmente la decisión del Tribunal Supremo y la dura legislación impulsada desde entonces, han provocado un descenso radical de los abortos en Texas. Entre marzo y abril de 2022 se produjeron 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo en ese estado frente a las solo 68 del mes de julio. Unas medidas de sus referentes internacionales que Vox intenta emular en Castilla y León, el laboratorio de experimentación de sus políticas en España.