El pacto de PP y Vox en Valencia reproduce el de Castilla y León: violencia intrafamiliar, natalidad y memoria histórica

Este miércoles Castilla y León ha dejado de ser la excepción en España. El anuncio del acuerdo entre PP y Vox para gobernar en coalición la Comunidad Valenciana, tras dos semanas de negociaciones, ha desviado el foco mediático desde la estepa castellana hacia el Mediterráneo y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado de ser el único líder popular estigmatizado por sus acuerdos con la formación de Santiago Abascal. Como acuerdo pionero, el pacto de PP y Vox en Castilla y León ha sido la principal fuente de inspiración de la entente valenciana que ha reproducido casi al milímetro las principales medidas estrella plasmadas por Mañueco y Juan García-Gallardo aquel ya lejano 10 de marzo de 2022.

Pero los paralelismos no son solo en lo que respecta al contenido programático. Vox contará en el nuevo Gobierno valenciano, que presidirá el popular Carlos Mazón, con la presidencia de las Cortes y con una secretaría en la Mesa de la Cámara, como sucede en Castilla y León, donde esos puestos les ocupan Carlos Pollán y Fátima Pinacho, y con la vicepresidencia del Ejecutivo, que en la Comunidad ocupa Juan García-Gallardo y que en tierras valencianas ostentará el torero y empresario Vicente Barrera. Con todo, Barrera asumirá también la cartera de Cultura, mientras que García-Gallardo no cuenta con la gestión de un área propia en la Junta.

En lo referente a los departamentos que ocupará Vox, las similitudes también son evidentes, y muestran algunos de los ámbitos en los que la formación de Santiago Abascal tiene especial interés por dejar su poso ideológico. El partido ocupará la ya mencionada Consejería de Cultura, en manos de Barrera, que previsible dará a la defensa de la tauromaquia una importancia fundamental. Algo similar a lo que sucede en Castilla y León, donde Gonzalo Santonja, de Vox, ha puesto de relieve su pasión por esa tradición española en su gestión del departamento.

También gestionará Vox la Consejería de Agricultura en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, al igual que en el de Castilla y León, donde se encuentra encabezada por Gerardo Dueñas. La defensa del campo, del estilo de vida rural, de la soberanía alimentaria y de la caza son algunos de los más importantes caballos de batalla del partido y en la Comunidad se han reflejado recientemente con la polémica de la flexibilización de las medidas sobre la tuberculosis bovina y sus reclamaciones ante las instituciones europeas en esta materia.

La única diferencia se encuentra en la tercera cartera. En el caso de la Comunidad Valenciana, Vox asumirá la Consejería de Justicia e Interior, de muy limitadas funciones al tratarse de dos competencias estatales, mientras que en Castilla y León el partido gestiona Industria, Comercio y Empleo, en manos de Mariano Veganzones. El consejero castellano y leonés ha emprendido una auténtica cruzada contra lo que el considera "privilegios" de los sindicatos y en favor del recorte del "gasto superfluo" que no tendrá su reflejo en tierras valencianas.

La formación nacionalpopulista trató, además, de lograr la Consejería de Educación, de especial importancia en la Comunidad Valenciana por la cuestión lingüistica, ya que Vox apuesta por garantizar que se pueda estudiar en español en las aulas y rechaza la imposición del catalán, pero los populares finalmente no han cedido un departamento de primer nivel y de una importancia fundamental en la región.

Violencia intrafamiliar, natalidad y memoria histórica

Los paralelismos entre ambos acuerdos son también evidentes en lo referente a los puntos programáticos. Aunque el pacto de Castilla y León contaba con 43 puntos y el de la Comunidad Valenciana tiene siete más, los principales ejes con los que contaba el pacto en la Comunidad están también reflejados en el acuerdo valenciano.

Al igual que en Castilla y León, en el pacto entre PP y Vox en Valencia se contempla la derogación de la Ley de Memoria Histórica autonómica, que en el caso de la Comunidad castellana y leonesa es un decreto. Con todo, los avances en este sentido en la región han sido nulos hasta el momento y el decreto de 2018 sigue en vigor, por lo que habrá que ver como se desarrolla esta cuestión en la Comunidad Valenciana.

En el acuerdo bendecido por Carlos Mazón, además, se contempla también el fomento de la natalidad, aunque no se plantean medidas antiabortistas similares al protocolo que se trató de impulsar en Castilla y León, el control de la inmigración ilegal, mientras que en la Comunidad se hablaba de "inmigración ordenada", y la aprobación de una Ley contra la violencia intrafamiliar. Se trata de una norma que también tenían intención de impulsar ambas formaciones en Castilla y León, aunque por ahora sin avances reseñables.

Otros aspectos comunes entre ambos pactos son la eliminación de trabas burocráticas para los ciudadanos, apostando por la simplificación administrativa, aspecto que García-Gallardo ha dado gran importancia en la Comunidad, llegando a crear una Comisión dedicada exclusivamente a esta materia. También se apuesta por reducir el tramo autonómico del IRPF, como se hizo en Castilla y León con la reforma fiscal de PP y Vox, y por incrementar las ayudas a los agricultores. 

Un aspecto discordante entre un acuerdo y otro es el referente al Diálogo Social. En el pacto valenciano no se hace referencia a la reducción de las subvenciones a sindicatos y patronal y tan solo se habla de "fomentar las contrataciones por concurrencia competitiva". Algo que, unido al hecho de que Vox no haya asumido la cartera de Empleo, podría significar que el PP valenciano haya tomado nota de los conflictos generados en la Comunidad por este motivo y prefiera evitar polémicas.

Por otro lado, también se han inspirado PP y Vox en Valencia en la lucha contra la okupación planteada en Castilla y León, especialmente en lo referente a las oficinas antiokupas que anunció el presidente Mañueco hace pocas semanas y que también se van a impulsar en la Comunidad Valenciana. Un acuerdo 'hermano' del de Castilla y León, que deja así de ser la excepción en España en lo referente a contar con Vox en un Gobierno.