La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León decidió hoy, por acuerdo de los grupos, alterar el orden del día y posponer para una próxima sesión el debate del informe del Consejo de Cuentas sobre la estrategia para el cambio climático 2009-2020 de la Comunidad, que el Grupo Vox había cuestionado horas antes en un comunicado.

El presidente de la Comisión, el ‘popular’ Alberto Castro, comunicó la propuesta de modificar el orden del día y abordar sólo el segundo punto, relativo al análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales (2013). Tras ser consultados los diferentes grupos (PP, PSOE, Vox, UPL-Soria YA y Mixto), ninguno expresó en ese momento sus reticencias.

Tras leerse el segundo punto y tomar la palabra, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, quiso explicar en su nombre y en el del equipo que le acompañaba esta tarde qué “circunstancias totalmente ajenas” a su voluntad hacían que el primer punto, sobre una fiscalización en materia de cambio climático, quedara pendiente para una próxima comisión parlamentaria. Precisamente, horas antes el Grupo Vox cuestionó que se señalizara al campo y la automoción como los causantes de la emergencia climática y que una institución propia hiciera seguidismo de los líderes globalistas.

Al inicio de su comparecencia, el presidente del Consejo de Cuentas indicó que con este cambio quedaban sin presentarse en las Cortes dos informes ya registrados en 2022, a los que se unen otros cinco de 2023 y dos más que se aprobarán mañana. Además, señaló que 15 auditorías del Plan de Fiscalización de 2022 se encuentran en la última fase de elaboración para aprobarse antes de que acabe el presente año.

También, indicó que 28 informes correspondientes del programa de 2023 también se han iniciado, por lo que el Consejo trabaja en 49 actuaciones en diferentes fases.

De esta forma, el presidente del Consejo de Cuentas aseguró que en su mandato ha comparecido en 42 ocasiones en las Cortes para presentar un total de 114 auditorías, lo que supone el 42 por ciento de toda la serie histórica.

Mario Amilivia debería haber comparecido este este lunes para presentar el Informe de Fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 de Castilla y León y el análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales (2013).

Igea acusa al PP de plegarse ante Vox e impedir el debate del informe sobre el cambio climático en comisión

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha acusado al PP de plegarse ante Vox e impedir el debate del informe sobre el cambio climático en comisión.

La Comisión de Economía y Hacienda ha acordado alterar el orden del día y posponer para una próxima sesión el debate del informe del Consejo de Cuentas sobre la estrategia para el cambio climático. Una acción que ha ocurrido tras las críticas de Vox a dicho informe, horas antes de su debate, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cuentas ha señalado que se trataba de circunstancias totalmente ajenas.

Igea ha garantizado que las propuestas del Consejo de Cuentas se debatirán en sesión plenaria, al incluirse en la moción de Cs, que se debatirá, previsiblemente, en el próximo pleno, al tratarse de una iniciativa que se trató en la sesión anterior y sigue el trámite parlamentario previsto en el Reglamento de la Cámara. "El PP no va poder esconderse ni posponer el debate, no podrá eludir su apoyo o no al Tribunal de Cuentas".

Amilivia y los grupos, excepto el PP, coinciden en que la ley territorial no ha sido eficaz y se ha paralizado

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, y los grupos de las Cortes, excepto el PP, coincidieron hoy en que el modelo territorial, vigente en la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio (Lorsergo), aprobada en 2013, no ha sido eficaz y está paralizada, por la falta de acuerdo para la aprobación de los mapas rurales.

Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Informe ‘Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales’, cuyo trabajo reivindicó como “una oportunidad que abre un debate para el futuro de la Comunidad” y confió en que “culmine con un acuerdo político”.

Precisamente, el informe presentado en la Comisión de Economía y Hacienda rescató un debate en una materia que protagonizó una buena parte de las últimas legislaturas entre la Junta y los grupos a raíz de la aprobación del texto base, en septiembre de 2013, para el que sí hubo consenso, pero que se rompió con el proyecto de ley de mapas rurales, que no se ha vuelto a retomar.  

El presidente del Consejo de Cuentas cerró con un deseo de acuerdo su intervención en la Comisión, después de escuchar a los grupos Mixto (Podemos), UPL-Soria Ya, Vox y PSOE calificar de “demoledoras” las conclusiones del informe, mientras que la portavoz del PP, María Ángeles Prieto, se refirió a avances en directrices desde la Consejería competente y culpó a la oposición de la falta de consenso para cerrar el modelo. 

“El informe habla con claridad por sí mismo, la Lorsergo no ha conseguidos los fines por los que se aprobó en esta Cámara”, resumió Amilivia, en una coincidencia con los grupos, incluso Vox, ya que el procurador Javier Teira afirmó que “el espíritu y arquitectura” de la ley pueden ser buenos, pero “el modelo no ha funcionado en ninguna de sus dimensiones”.

Como explicó Amilivia al presentar el informe, la Lorsergo define dos ámbitos geográficos nuevos: las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) y las áreas funcionales, establecidas por ley con un apoyo de dos tercios de la Cámara.

En este momento, el mapa de las Ubost rurales no está aprobado por falta de acuerdo de los grupos y, por tanto, no está culminado el modelo, como recordaron tanto Amilivia como los portavoces intervinientes en la Comisión. Sí están definidas las 16 áreas funcionales estables urbanas y solo se han constituido cinco Mancomunidades de Interés General (Valladolid y Alfoz), Benavente y Alfoz, Medina del Campo y Alfoz, Zamora y Alfoz y León y Alfoz.

Sin embargo, de estas cinco MIG, únicamente tiene un funcionamiento y ha adoptado acuerdos la de Valladolid y Alfoz, precisó el presidente de la institución, que aclaró que el resto o no tienen actividad económica o no han convocado ninguna asamblea o están en “un impasse”.

Inmovilismo

La ‘popular’ María de los Ángeles Prieto señaló la falta de acuerdo para la aprobación de los mapas rurales y subrayó que se tramitó el proyecto de ley pero no se aprobó por requerir una mayoría cualificada y decayó. En la siguiente legislatura, la cartera recayó en Ciudadanos y estimó que se debía modificar la Ley antes de aprobar los mapas rurales.

En esta legislatura, la competencia de la Lorsergo recae en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha redactado directrices de carácter sectorial para avanzar en esta ley. Sobre la reorganización de mancomunidades subrayó que corresponde a los municipios.

El socialista Miguel Hernández, en una reflexión, calificó de “demoledor” el informe de Cuentas tanto en la eficacia como en funcionamiento de la Lorsergo que ha cumplido diez años, afeó el retraso en su debate en la Comisión parlamentaria y estimó que está ley es difícil de desarrollar ante los “socios” del PP, primero Ciudadanos y ahora Vox.

“Su futuro parece poco prometedor”, advirtió el socialista ante la no aprobación de los mapas rurales y defendió que su grupo trató de que esta ley se aprobara, con la presentación en 2021 de una PNL para que se fijarán los estándares para la prestación de servicios. También, preguntó a Amilivia si existe “inmovilismo” en la Junta en una ley de carácter autonómica, a lo que el presidente del Consejo de Cuentas se remitió a lo que señala el informe, que, en su opinión, es un hecho.

Igualmente, se mostró critico el procurador de Vox Javier Teira, quien compartió “el espíritu y arquitectura” de la ley, pero estimó que en la práctica “no ha funcionado” por la falta de las unidades rurales, que imposibilita constituir las mancomunidades de interés general rurales.

“Hay dos opciones: insistir en el modelo o realizar una revisión”, argumentó, para abogar por la autonomía y la vitalización de los municipios, sin estructuras rígidas a los que se debe liberar de algunas competencias impropias. Como reflexión, indicó que “un buen modelo es el que se hace cargo de la realidad”. “España es una nación municipalista y una”, terminó.

El procurador de Podemos, Pablo Fernández (Grupo Mixto), compartió el informe pero expresó algunos “disensos” como que esta ley no funciona en su objetivo de cohesión territorial y recordó que no existe consenso de los grupos en el modelo de Ubost, ya que su partido defiende las comarcas. “Sería bueno contar con un acuerdo de Comunidad, pero hay modelos diferentes”, zanjó.

“No es un tema técnico, es político e ideológico, aunque sería bueno un acuerdo de comunidad, que no va a ser posible, el partido que defiende la igualdad, agudiza los desequilibrios”, argumentó Fernández, que instó a una reflexión a PP y Vox para sentarse y dialogar y ceder en favor de la equidad y la igualdad.

Por último, José Ramón García, de UPL-Soria Ya, lamentó que hay muchas leyes y mucha normativa pero se ejecuta poco y lo pagan los ciudadanos. Así, confió en que la Junta busque el consenso y ponga en practica aquello en lo que ha legislado. “Estamos en una Comunidad donde la teoría es buena pero la práctica no se ejecuta”, resumió.