La Junta especializará a funcionarios para evaluar la eficacia de sus políticas públicas y poder mejorarlas

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Decreto por el que se regula la aplicación de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El objetivo de esta nueva norma es "contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración Autonómica, así como a la eficiencia de la comunicación y transparencia con el ciudadano", así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Una iniciativa que tilda de "valiente" y cuyo objetivo es "una mayor trasparencia y evaluar en qué cosas se puede ser más eficances". Y es que con este sistema de evaluación se conocerá en qué medida se han logrado los fines pretendidos.

Con este Decreto están implicadas todas las consejerías, los organismos autónomos y a los entes públicos de derecho privado de la Administración autonómica, quienes tendrán que analizar sus planes ya aprobados con vistas a la evaluación que corresponda. Además, deberán tener esta previsión para futuros planes y programas que vayan a ser propuestos para aprobación por la Junta de Castilla y León.

El nuevo Decreto, aprobado en Consejo de Gobierno, supone el desarrollo de la Ley de 2010 de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este se encarga de establecer un reglamento en el que se indica quien debe realizar las evaluaciones y cuál será el procedimiento para llevar a cabo dicha evaluación.

Serán determinados empleados públicos especializados en determinadas materias los que estarán implicados en el proceso. En este sentido, afirmó que no se trata de "sobrecargarlos" sino de que se "especialicen" a algunas personas de cada consejería. 

La Junta de Castilla y León considera que "no hay nadie mejor" que sus propios empleados, que son los que conocen en mayor medida las competencias y servicios que gestionan para evaluar las medidas adoptadas y sus resultados, detectando los márgenes de mejora y, en definitiva, ayudando a que la Administración Autonómica cumpla con lo que el ciudadano espera de ella en esas materias. Para ello, se incorporarán a los planes de formación jornadas especializadas para ellos, con el objetivo de extender la cultura evaluativa en el personal.

Carriedo no se ha aventurado a dar plazos concretos, aunque sí ha dejado claro que en este 2023 comenzarán con el análisis de la situación y se determinarán aquellos programas que sean susceptibles de ser evaluados. El plazo de implantación, es decir, cuando se empezarán a ver los primeros informes será en 2024.

Del mismo modo, ha garantizado que permitirá "sacar conclusiones". Cualquier ciudadano podrá "valorar" las políticas que llevan a cabo. Además, es un procedimiento con dos vías. Si hay resultados negativos, permitirá "plantear iniciativas de mejora" y, en caso de que sean positivas, "ayudará a mejorar".

Es cierto que, en la actualidad, como ha mencionado este jueves existen órganos independientes que evalúan en materias como Educación (Informe Pisca), Servicios Sociales (Asociación de Directores y Gerentes) o Sanidad, pero Carriedo aclaró que se trata de un "sistema homogéneo de acuerdo con la tecnología más moderna a nivel internacional". Por otra parte, explicó que "no es tanto de presupuesto, que ya se hacía, sino en la calidad de la prestación”.

La Airef

El consejero ha explicado que pidieron a la Airef que les "orientara". En este sentido, les proporcionaron un documento europeo sobre "las mejores prácticas" para que les puedan servir de referencia.