La investidura de Sánchez arrastra a una política de Castilla y León con ecos cada vez más nacionales

La política nacional impregna cada vez más el día a día de la política de Castilla y León y los problemas de la Comunidad parecen olvidarse entre discusiones sobre la amnistía, las negociaciones para la investidura y los pactos en el Congreso de los Diputados. Una tendencia que se inició tras la formación en la región del primer Gobierno entre PP y Vox de la historia, en marzo de 2022, y que se ha acrecentado durante los últimos meses, tras las elecciones generales del 23 de julio que dejaron una compleja aritmética parlamentaria para llegar a la investidura del próximo presidente del Gobierno de España.

El debate del estado de la Comunidad, celebrado esta semana, ha sido el último ejemplo de hasta que punto el devenir de la política nacional ha condicionado el día a día de las Cortes autonómicas. Un debate que, en principio, debía versar sobre los muchos y acuciantes problemas de Castilla y León, terminó marcado por la negociación para la investidura, mientras el PP achacaba al PSOE sus supuestas cesiones ante los independentistas y la hipotética amnistía y los socialistas recriminaban a los populares castellanos y leoneses haber sido los primeros en introducir a Vox en un Gobierno y haber lastrado, con ello, las opciones electorales de Alberto Núñez Feijóo.

El propio Mañueco, recriminó a los componentes del Grupo Mixto −Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila− que no hablasen de la política nacional y que quisieran hablar "de lo local y lo autonómico" por el "batacazo" de sus formaciones el pasado 23 de julio. "Qué terrible que todos los grupos nos hemos confabulado y articulado una conjura para venir y hablar de la Comunidad el día del debate de la Comunidad. Inaudito", ironizaba Pablo Fernández, de Unidas Podemos.

Mientras tanto, se conocía que el diputado vallisoletano y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, entraba a formar parte del equipo negociador de cara a la futura investidura de Sánchez y el senador leonés y también exalcalde de León, Antonio Silván, defendía una moción del PP contra la amnistía en el Senado. 

Un debate de la Comunidad poco autonómico

El debate del estado de la Comunidad, celebrado el martes y miércoles de esta semana, estuvo marcado por la política nacional desde la primera sesión. Mañueco anticipó en su discurso de hora y media por donde transcurrirían las jornadas y ya advirtió de que la unidad de España es "innegociable". "Será perjudicial para todos que se retuerza el marco constitucional de convivencia para cambiarlo por la puerta de atrás debatiendo con unos pocos, que son precisamente los que quieren destruirlo", aseguraba, señalando que Castilla y León no cedería a "chantajes" que conllevaran "privilegios" de unas comunidades sobre otras. Una poco velada referencia a la hipotética amnistía que los independentistas exigen a Sánchez para investirle y a la condonación de la deuda para Cataluña.

En la sesión de tarde, en su envite parlamentario con el líder de la oposición, Luis Tudanca, Mañueco volvía a usar la amnistía como arma arrojadiza contra el dirigente socialista y le pedía que "rompiese" con Sánchez. El presidente de la Junta insistía en que el 'sanchismo' son "privilegios para unos y hachazos para Castilla y León" mientras Tudanca le achacaba haber "metido a la extrema derecha" por primera vez en un Gobierno y aseguraba que el PP es "rehén" de Vox, señalando que no gobernarían España "nunca". 

Además, en su intercambio dialéctico con los representantes del Grupo Mixto -Pablo Fernández, de Unidas Podemos, Francisco Igea, de Ciudadanos y Pedro Pascual, de Por Ávila- Mañueco les recriminó que no hablasen de la política nacional y que quisieran hablar "de lo local y lo autonómico" por el "batacazo" de sus formaciones el pasado 23 de julio. "Qué terrible que todos los grupos nos hemos confabulado y articulado una conjura para venir y hablar de la Comunidad el día del debate de la Comunidad. Inaudito", ironizaba Pablo Fernández, de Unidas Podemos, en su respuesta al presidente.

En el mismo sentido, en su debate con los representantes de Soria Ya, Ángel Ceña, y la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ambos dirigentes provinciales lamentaron el protagonismo de la política nacional en el debate y Mañueco insistía en que no iba a ser "el Sánchez de Castilla y León" y que no iba a aceptar "chantajes" de dos partidos a los que denominó "el tándem victimista". Además, acusó a la UPL de ser "una muleta del PSOE" por sus pactos en la provincia de León y pidió a Santos que rompiera con los socialistas si realmente se opone a la amnistía a los independentistas.

Al día siguiente, la aprobación de las propuestas de resolución dejó los mismos ecos en las Cortes y la primera de las 60 conjuntas presentadas por PP y Vox no dejaba lugar a dudas de las prioridades de ambas formaciones. "Manifestar la reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura que incluya como contrapartida la concesión de una amnistía expresa o velada. Rechazar aquellas modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables. Proclamar la urgente necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado", se aseguraba en la misma. En cuanto al resto, destacaban otras pidiendo una EBAU única o una reforma de la financiación autonómica requiriendo al Gobierno el "pleno respeto a la lealtad institucional".

Puente y Silván toman protagonismo en Congreso y Senado

Mientras las Cortes se convertían en un reflejo del Congreso de los Diputados, en Madrid dos políticos de Castilla y León tomaban un especial protagonismo. El diputado vallisoletano y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, entraba a formar parte del equipo negociador de Pedro Sánchez de cara a la investidura. Puente se consagraba como hombre fuerte del presidente en funciones compartiendo esta comisión negociadora con primeros espadas como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Educación, Pilar Alegría, la diputada madrileña Hana Jalloul o el diputado gallego José Ramón Gómez Besteiro, el favorito de Ferraz para tratar de recuperar la Xunta de Galicia 15 años después en las elecciones autonómicas previstas para el próximo año.

Una proyección de Puente que se ha disparado desde que el pasado 26 de septiembre fuese el encargado de llevar a cabo la réplica a Alberto Núñez Feijóo en su fallido debate de investidura, en una intervención contundente y muy comentada, por la que la derecha le acusó de "embarrar el debate". Además, en el Senado, el diputado leonés y exalcalde de la ciudad, Antonio Silván, fue el encargado de presentar una moción contra la amnistía. 

Silván denunciaba que "un golpista actue como jefe de Estado" y haya recibido la "encomienda de qué hacer con España", en referencia al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Además, aseguraba que la exigencia de "dinamitar el Estado de Derecho" como elemento de una negociación "sería descartada inmediatamente, como una condición inasumible, por cualquier partido democrático". "El futuro queda en manos de los que quieren romper España", denunciaba.

Una Castilla y León con ecos cada vez más nacionales

La política autonómica de Castilla y León se ve más influida por la política nacional cada día que pasa y la Comunidad se va acostumbrando ya a una situación que comenzó hace más de año y medio. La formación del Gobierno entre PP y Vox, en virtud del acuerdo firmado el 10 de marzo de 2022 por Mañueco y Juan García-Gallardo, puso a Castilla y León en el foco mediático, al tratarse del primer Ejecutivo del que entraban a formar parte los de Abascal. Además, las posiciones antagónicas del nuevo Gobierno, especialmente de la parte de Vox, con respecto a las políticas del Ejecutivo central, comenzaron a convertir a la Comunidad en la punta de lanza de la oposición interna a Sánchez, con permiso de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Las polémicas entre el Gobierno central y el autonómico, con requerimientos de por medio, visitas de ministros a la Comunidad y alegatos contra el Ejecutivo regional en el Congreso de los Diputados, han terminado creando un ambiente propicio para que la política nacional haya impregnado el día a día de las Cortes de Castilla y León. El propio debate del estado de la Comunidad, que debería haberse celebrado a finales del mes de junio según el reglamento de las Cortes, se pospuso con la intención de que la campaña electoral del 23 de julio no embarrase las sesiones, aunque las negociaciones para la investidura han terminado estando muy presentes. Una Castilla y León antes olvidada, y a veces aislada, que cada vez es menos diferente y se asemeja más a lo que se vive en el día a día en el Congreso.