El año 2023 llega a su fin y con él 12 meses frenéticos en la vida política de Castilla y León. Un año en el que la bronca y la tensión entre las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo autonómico, PP y Vox, y los grupos de la oposición han sido la tónica dominante en las Cortes autonómicas y en el día a día político de la Comunidad. Esas hostilidades, que venían heredadas del año 2022 −en el que se conformó el actual Ejecutivo de coalición− solo han hecho que incrementarse en un año en el que Castilla y León ha estado en el foco mediático más que nunca en su historia y en el que la política nacional ha tenido una presencia nunca antes vista en la Comunidad.

Un año de sonadas polémicas en el seno del Gobierno de la Junta que han llevado a duros enfrentamientos con el Ejecutivo central, como en el caso del protocolo antiaborto, que provocó un requerimiento del Gobierno de Sánchez en el mes de enero, o a cuenta de la pretendida eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que solo dos meses después llevó a un nuevo requerimiento y a que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomase un papel protagonista en el combate de las pretensiones iniciales del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox.

Un 2023, además, que ha estado indudablemente marcado por los dos procesos electorales que ha vivido la Comunidad: los comicios municipales del 28 de mayo y los generales del 23 de julio. Los primeros supusieron un auténtico giro a la derecha y el PP arrebató al PSOE plazas importantes como Valladolid, Burgos y Segovia, en los dos primeros casos con acuerdos con Vox. El adelanto electoral que siguió a esos comicios inundó de un espíritu optimista a PP y Vox, convencidos de repetir ese exitoso resultado, pero el PSOE resistió a nivel nacional −también en Castilla y León, donde mantuvo los 12 diputados que tenía− y las dos formaciones conservadoras vieron como sus expectativas de acceder al Gobierno nacional se desvanecían.

Con todo, los buenos resultados del PP en la Comunidad, pasando de 13 a 18 escaños, y la normalización de los acuerdos con Vox en distintas comunidades y capitales, supusieron un respiro para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que vio como Feijóo devolvía la confianza al PP autonómico, incluyendo a varias de sus dirigentes en su nueva cúpula. Además, las tensiones entre PP y Vox a nivel nacional −con una ruptura de relaciones a consecuencia de la exclusión de los de Abascal de las comisiones del Congreso y de sus diferencias a la hora de abordar la oposición a Pedro Sánchez− no parecen haber hecho mella en un Gobierno de coalición que fue pionero y que, por ahora, parece resistir a todos los embistes, tanto externos como internos.

El polémico protocolo antiaborto que terminó siendo 'fantasma'

El año comenzó marcado por el polémico protocolo antiaborto, presentado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tras el Consejo de Gobierno del 12 de enero. Una medida que incluía una serie de medidas "provida" dirigidas a prevenir la realización de abortos, muy en línea de las posiciones políticas de Vox, entre las que destacaban la atención psicológica para la madre, ofrecer la escucha del latido fetal y la realización de ecografías en 4D, además de "proteger" la objeción de conciencia de los médicos.

La reacción entre los partidos de izquierda, los sindicatos y las asociaciones feministas no se hizo esperar y cargaron contra Gallardo por, a su juicio, "atentar contra los derechos de las mujeres". Esta medida también generó incomodidad en el PP, el socio de Vox en el Gobierno autonómico, y la formación a nivel nacional mostró su desacuerdo con el protocolo, llegando a afirmar su portavoz, Borja Sémper, que los populares no iban a "tragar con cualquier cosa". 

También los compañeros populares de Gallardo en el Ejecutivo salieron al paso a desmentir que el protocolo fuera a aplicarse y el propio presidente Mañueco aseguró pocos días después que no se obligaría a los médicos de la Comunidad "a nada". La polémica dio el salto nacional y varias representantes del Gobierno, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraron que la medida atentaba "contra los derechos de las mujeres". 

Finalmente, el domingo 15 de enero, la tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico a cuenta de esta medida llegó a su punto álgido con el requerimiento enviado por el Ministerio de Sanidad exigiendo a la Junta que se abstuviera de aplicar cualquier medida que vulnerase la Ley del Aborto. Finalmente, el pretendido protocolo, que Gallardo aseguró que iba a ser de obligado cumplimiento, quedó en nada y comenzó a conocerse como el 'protocolo fantasma'. El Gobierno entendió que la Junta "acataba" el requerimiento, al no conocerse más noticias sobre la polémica medida, y las aguas entre ambos ejecutivos se calmaron, al menos momentaneamente.

El intento frustrado de disolución del Serla

La distensión entre el Gobierno de España y la Junta no duraría mucho y en el mes de marzo llegaría otro tenso punto de fricción, a cuenta de la pretendida eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por parte del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox. Tras las quejas de los sindicatos y de las formaciones de la oposición en la Comunidad, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, terminó interponiendo un nuevo requerimiento para exigir a la Junta que garantizase la financiación de este servicio de mediación y su completo funcionamiento.

Finalmente, el consejero de Industria y Empleo rectificó en sus pretensiones y mantuvo el Servicio, aunque redujo su financiación. Los sindicatos UGT y CCOO no se han mostrado conformes en ningún momento con el nuevo Serla configurado por Veganzones, al que acusan de tener "secuestrado" el Servicio y de pretender dejarlo "morir de inanición", y este mismo mes UGT votó en contra de la propuesta de Veganzones de aportar una subvención de 40.000 euros al Serla. Los sindicatos, además, han denunciado el intento de Veganzones de trasladar el Servicio a dependencias de la Junta, algo que han considerado "imposible". Una polémica que sigue viva a pesar de la rectificación de Veganzones tras el requerimiento del Gobierno.

La Consejería gestionada por Veganzones, además, ha seguido durante este año con la cascada de ceses iniciada en 2022 con la destitución del gerente del Ecyl, Javier Moreno Espeja, llegando a un total de 17 a finales de este año.

Vox trata de declarar BIC 190 vestigios franquistas

Otra de las sonadas polémicas del año 2023 en la política autonómica fue el intento por parte de Vox de declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) un total de 190 vestigios franquistas de la Comunidad. Una propuesta que enardeció los ánimos de la oposición −el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, llegó a calificarla de "puta basura"− y que adquirió un cariz especialmente bronco tras el inicio de los trámites para declarar BIC la conocida como Pirámide de los Italianos, un monumento a los fascistas italianos que apoyaron a Franco en la guerra civil ubicado en la provincia de Burgos.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, también de Vox, advirtió de que incluiría en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural este polémico monumento si no pudiera ser BIC, en la que no ha sido su única polémica del año. La presentación del logo de la marca turística 'Castilla y León Excelente', que finalmente se demostró que no era original y tuvo que ser retirado, o el patrocinio de un curso del ISSEP, el instituto fundado por la sobrina de Marine Le Pen, en Segovia en el mes de septiembre han sido otros de los momentos de controversia para este departamento durante el año 2023.

Violencia intrafamiliar y concordia, en el aire

Además, durante este año no se han aprobado dos de las medidas estrella anunciadas por Vox tras la rúbrica del acuerdo de Gobierno con el PP, en marzo de 2022: la Ley de Violencia Intrafamiliar y el Decreto de Concordia. A pesar de que la Junta anunció que iniciaba su tramitación en el verano de 2022, nada se ha vuelto a saber de estas dos normas y Vox ha llegado a acusar al PP de Castilla y León de estar condicionado por la dirección nacional de Génova a la hora de demorar la aprobación de ambas leyes.

Los populares, por su parte, en boca del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y del portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, se han comprometido a dar cumplimiento al pacto y han asegurado que ambas normas se aprobarán a lo largo de la legislatura. Pero Vox no ha podido disimular su zozobra ante el retraso en la aprobación de dos medidas que casan totalmente con sus postulados ideológicos. 

La formación por ahora ha mantenido un perfil bajo y no ha protestado de forma enérgica ante la demora en la aprobación de estas dos normas, pero su portavoz en las Cortes, Carlos Menéndez, ha reconocido en más de una ocasión que el deseo de la formación es que ambas normas "salgan adelante cuanto antes". Por ahora, las dos leyes siguen congeladas.

La bronca en las Cortes y la peineta de Mañueco

La bronca en los plenos de las Cortes de Castilla y León ha sido otra de las tónicas dominantes a lo largo del año 2023. Después de un tenso final de 2022, con el episodio en el que Gallardo llamó "imbécil" al procurador Francisco Igea, ambos políticos volvieron al ring de boxeo en el mes de marzo. El representante entonces de Ciudadanos, ahora cercano a la plataforma El Jacobino, acusó al vicepresidente de difundir falsedades y Gallardo achacó a Igea hacer "política basura" y "demagogia".

Además, a finales del mes de marzo el presidente de la Junta realizó un gesto de peineta dirigiéndose a una procuradora socialista, incrementando aún más la crispación, aunque Mañueco aseguró que se trató de un "gesto involuntario". Meses después llegaría la acusación por parte del PSOE a Gallardo de haber hecho "un gesto de felación" a dos procuradoras, algo negado por el vicepresidente, y la polémica por la colocación de una cámara en un lugar prohibido de la Cámara por parte de los socialistas para grabar al número dos de la Junta.

En la última de las duras broncas del año se vio envuelto el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox. Después de una intervención de la procuradora de Vox Susana Suárez, en la que calificó de "golpista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, pidió a Pollán que censurase sus palabras, algo a lo que se negó, aludiendo a los "ataques a la Constitución" por parte del Gobierno. Gómez Urbán consideró que había emitido "una opinión personal" y calificó a Pollán de "lamentable". Una crispación en el parlamento autonómico que solo ha hecho que aumentar durante el último año.

El giro a la derecha en las elecciones municipales

Uno de los más importantes hitos políticos de este 2023 en Castilla y León fueron las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Estos comicios supusieron un auténtico giro a la derecha en la Comunidad, recuperando el PP varias plazas importantes como Valladolid, Burgos o Segovia, en los primeros dos casos en virtud de acuerdos con Vox. Unos pactos que, además, comenzaron a normalizarse a nivel local y también autonómico, ya que otras comunidades se sumaron a la 'pionera' Castilla y León, alcanzándose acuerdos entre ambas formaciones en Aragón, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Una normalización de los pactos que alivió a Mañueco, al dejar de ser desde ese momento la única excepción en el PP.

Las elecciones generales: el PSOE resiste

El éxito en las municipales y autonómicas había creado grandes esperanzas en la derecha de desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno de España pero sus expectativas terminarían cayendo en saco roto. Las elecciones generales del pasado 23 de julio trajeron consigo unos resultados insuficientes para los populares, que ganaron los comicios pero obtuvieron solo 137 escaños, lejos de los 150 a los que aspiraban, y la caída de Vox, que se quedó en 33, unida a la dificultad de pactar con cualquier formación regionalista o nacionalista ante la presencia de los de Abascal en la ecuación, impidió a Feijóo llegar a La Moncloa.

En lo relativo a Castilla y León, el PP logró un triunfo incontestable, pasando de 13 a 18 diputados, Vox sufrió un duro descalabro, descendiendo de seis a solo uno y el PSOE resistió, manteniendo los 12 representantes con los que contaba. Unos resultados que cada formación interpretó a su manera: el PP y Vox como una ratificación de la labor del Gobierno autonómico y el PSOE como un castigo a la gestión de Mañueco.

La amnistía centra la política en CyL y la Comunidad toma fuerza en el Gobierno

Después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en el mes de septiembre, -en la que el exalcalde de Valladolid y actual diputado, Óscar Puente, gozó de un gran protagonismo, con un duro discurso- llegó el turno de Pedro Sánchez. Las dificultades eran evidentes, ya que el PSOE necesitaba de los siete votos de Junts, partido que durante la última legislatura había optado por el bloqueo, pero, finalmente, el presidente logró rubricar un acuerdo con los de Carles Puigdemont. Los acuerdos tanto con Junts como con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que contemplaban una Ley de Amnistía para los encausados por el procés y la condonación de 15.000 euros de deuda a Cataluña, generaron un auténtico movimiento de protesta a nivel nacional, con movilizaciones diarias frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y mociones contra los pactos en todos los ayuntamientos y comunidades de España.

Estos acuerdos han impregnado la política de Castilla y León durante los últimos meses y los plenos de las Cortes se han inundado de un aroma nacional mucho más que nunca. La Junta fue de las primeras instituciones autonómicas en anunciar que recurriría ante el Tribunal Constitucional la medida de gracia y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha gozado de gran protagonismo en las protestas de Ferraz. Por otro lado, la normalización de los acuerdos con Vox y la previsión de una legislatura dura ha llevado a Feijóo a reincorporar al PPCyL en la cúpula popular nacional con los fichajes de la abulense Alicia García como portavoz en el Senado y de la leonesa Ester Muñoz como vicesecretaria de Sanidad y Educación.

Los políticos de la Comunidad, además, han tomado gran fuerza en el Gobierno tras el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y de Ana Redondo como ministra de Igualdad, que se suman a la leonesa Margarita Robles como titular de Sanidad. La permanencia de Óscar López como jefe de Gabinete de Sánchez, de Iratxe García como presidenta de los socialdemócratas europeos o de Ion Antolín como director de Comunicación del partido, unida a las incorporaciones de la soriana Virginia Barcones como directora general de Protección Civil y Emergencias o del palentino Fernando Sampedro como secretario de Estado ante la Unión Europea, ha reforzado el papel de los políticos castellanos y leoneses en el nuevo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar. Un año de fricciones, polémicas y frenéticas elecciones para la política de Castilla y León.