Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 25% en 2022 en Castilla y León y se incrementó su difusión por redes sociales

Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 25% en 2022 en Castilla y León y se incrementó su difusión por redes sociales. Se trata de un preocupante dato que ha expuesto este lunes el fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena, en la exposición de la Memoria Anual de 2022 en las Cortes autonómicas. Mena ha alertado, además, de un incremento de las agresiones de hijos a padres derivadas de adicciones a las herramientas digitales.

En concreto, en 2022 se produjeron 1.354 delitos contra la libertad sexual en Castilla y León, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior, y, entre ellos, los más calificados fueron los de abusos sexuales, con un incremento del 11%. Especialmente grave y preocupante el aumento de los delitos de abusos sexuales contra menores de 16 años, que se incrementó durante el año 2022 en un 46%. 

El fiscal superior de Castilla y León ha hecho hincapié en que esas agresiones que atentan contra la libertad sexual tienen cada vez más "un trasfondo de exhibicionismo" ya que aquellos jóvenes que los cometen los dan a conocer "entre sus seguidores" a través de las redes sociales. "Se hacen auténticas barbaridades y se cuelgan en las redes sociales", ha asegurado Mena.

En lo que se refiere a la violencia contra la mujer, el fiscal superior ha destacado que el delito más cometido es el de "maltrato ocasional" y ha hecho hincapié en el ámbito de los menores, destacando el incremento de las agresiones de hijos a padres por la adicción a herramientas digitales. Además, ha lanzado un dardo a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de menores. 

"Hay cosas que no nos gustan en cuanto a los medios empleados. En el Centro Zambrana no hay un servicio de guardia", ha afirmado, añadiendo que la mayor parte de los asuntos que implican a menores son derivados de la violencia familiar. Mena ha alertado también del uso excesivo del teléfono móvil y ha puesto un ejemplo ilustrativo.

"Cómo voy a decirle a mis alumnos si soy profesor que no usen el móvil si en el Congreso lo usan continuamente", ha afirmado, señalando que tiene "mucho que ver" con los delitos porque es "una cascada y una bomba". "Vamos a gestionarlo bien desde el principio, desde nosotros mismos", ha afirmado.

Aumento de los asuntos penales y las diligencias previas

El fiscal superior ha destacado que se ha producido un incremento del 10% en los asuntos del ámbito penal con respecto al año anterior y que en las diligencias previas el incremento ha sido de un 8,2%, equiparándose a las cifras de 2019 y dejando atrás las circunstancias de la pandemia. Además, ha señalado que las diligencias son el procedimiento penal más numeroso pero ha hecho hincapié en que solo el 25% de las diligencias previas acaban tramitándose.

En total, según ha afirmado Mena, se han producido 7.033 escritos de calificación y los delitos más calificados han sido contra patrimonio, seguidos de los de lesiones y de los de seguridad y tráfico.

"Esta Memoria es una herramienta de diagnóstico de primer orden de la situación penal y social en Castilla y León", ha señalado Mena, que ha destacado que es el único órgano "en el que confluyen todas las materias desde el ámbito de la administración de Justicia". "El resumen de esta actividad es un ejemplo muy claro de lo que ocurre en la Comunidad", ha afirmado el fiscal superior.

Mena ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de los guardias civiles arrollados por una lancha en el Campo de Gibraltar y ha destacado que motivos de agenda han hecho que se haya pospuesto esta comparecencia hasta esta fecha, ya que se refiere a hechos sucedidos en el año 2022.

Casi el 75% de los fiscales de Castilla y León son mujeres

El fiscal superior ha destacado que hay un total de 131 fiscales en Castilla y León y que casi el 75% son mujeres, en una tendencia que está cambiando en los últimos años, y que trabajan 135 funcionarios en las fiscalías. "En la carrera fiscal se trabaja en equipo y en una misma dirección, las decisiones que se toman son consensuadas, los jueces y tribunales trabajan juntos pero no en equipo no tienen que establecer una decisión unitaria", ha señalado.

Mena ha querido resaltar también que el fiscal se guía por los principios de legalidad, imparcialidad y jerarquía pero que no es independiente. "Somos independientes a la hora de trabajar y resolver los problemas de acuerdo a esos principios pero el fiscal español no es independiente, es independiente en la forma de actuar en base a esos principios", ha afirmado.

Los grupos de las Cortes reclaman que la Fiscalía tenga más medios

Los grupos de las Cortes de Castilla y León han reiterado la necesidad de contar con más medios materiales, como nuevos juzgados, y personales en la Administración de Justicia y, en concreto en la Fiscalía y todos los portavoces de los grupos mencionaron la falta de la unidad de apoyo al Fiscal Superior.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Trillo-Figueroa, ha agradecido la labor de la Fiscalía de Castilla y León tras criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumiera en una entrevista a un medio de comunicación que la Fiscalía dependía del Ejecutivo central. Mena ha asegurado que la actuación del fiscal está sometida a los principios constitucionales y estatutarios de legalidad e imparcialidad, unidad de acción y dependencia jerárquica. "El fiscal general no lo nombra el gobierno, sino el Rey, a propuesta del Gobierno de turno, pasando una serie de trámites que llegan hasta llegan", expuso.

Trillo-Figueroa también le ha reclamado que se pronunciara, como miembro del Consejo Fiscal, sobre la petición del Senado para informar sobre la querella presentada por el Partido Popular contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, por proponer el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal de su antecesora Dolores Delgado, un nombramiento que, según los populares, "incurre en un delito de prevaricación".

El portavoz socialista en la Comisión de la Presidencia, Luis Briones, ha considerado "imprescindible" la creación de las unidades de apoyo para perseguir muchos de los delitos que, a veces, quedan impunes y ha alertado del incremento "importante" de la evolución de la criminalidad en la Comunidad en 2022, con una subida de casi el 9%.

Por parte de Vox, ha intervenido Carlos Menéndez, que ha alertado sobre las "carencias" de la Fiscalía Superior de Castilla y León, que, ha asegurado, "son denunciadas cada año" durante la presentación de las memorias anuales. Menéndez ha lamentado la "falta de atención" de los ministerios de Justicia y Hacienda de todas las demandas por parte de las fiscalías provinciales, que "perjudican" a los profesionales pero, sobre todo, a los ciudadanos mientras hay un Gobierno "plegado y arrodillado" a disposiciones de otras formaciones políticas, "separatistas y herederas de ETA, para seguir en el sillón".

Mena ha apuntado que la solicitud de más personal y complementos de personal para la Fiscalía se realiza a través de una unidad central, que es la encargada de la interlocución con el Ministerio. El fiscal superior de Castilla y León ha reconocido que "todo es mejorable" aunque ha asegurado que los medios son "muchísimo peores" en las comunidades que tienen transferida la Justicia. También ha considerado que en los últimos años se han mejorado los sistemas informáticos y ha anunciado que en 2025 se comenzará a trabajar en la sustitución del sistema de informatización Fortuny por Atenea, tras la realización de las primeras pruebas.

La procurador Leila Vanessa García, de Soria Ya, también ha lamentado que aún no se hayan creado las unidades de apoyo al fiscal general, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades con las competencias transferidas. Además, se ha referido a la falta de más fiscalías especializadas en familia, ya que solo existen en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y ha denunciado que las medidas de alejamiento para víctimas de violencia de género "no se pueden comprobar" ya que muchas zonas de la provincia de Soria "no tienen señal para controlar los dispositivos de los agresores".