Este martes, 13 de febrero, se cumplen dos años de unas elecciones autonómicas históricas para Castilla y León. Los resultados de los comicios, adelantados por vez primera en la historia de la Comunidad tras la implosión del pacto entre PP y Ciudadanos en diciembre, condujeron a la configuración del primer Gobierno del que formaba parte Vox en su historia, en virtud del acuerdo rubricado el 10 de marzo y al que se vio obligado el PP por la aritmética parlamentaria.

Después de una dura campaña en la que los líderes nacionales se volcaron con especial intensidad, al ser la primera vez que las elecciones de Castilla y León se celebraban por separado del resto, los resultados de esa noche electoral arrojaron una compleja situación para la gobernabilidad. El Partido Popular ganó las elecciones, pero logró solo 31 escaños, dos más que en 2019, y un 31,40% de los votos, el menor porcentaje de apoyos de su historia en la región. El PSOE, por su parte, se hundió hasta los 28 escaños, perdiendo siete con respecto a los anteriores comicios, en los que había sido primera fuerza, con un 30,02% de los sufragios.

Vox, dirigido por el entonces desconocido joven abogado burgalés Juan García-Gallardo, fue la gran sorpresa de la noche, al pasar de tan solo un representante a 13 escaños, con un total del 17,64% de los votos, y consolidándose como la fuerza determinante para la gobernabilidad de Castilla y León. Los otros grandes triunfadores de la jornada fueron la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que devolvió al leonesismo a sus mejores resultados, con tres representantes, y Soria Ya, que consiguió también tres escaños y arrasó en su provincia.

Por el otro lado, Ciudadanos, siguiendo el declive a nivel nacional, se hundió y pasó de 12 escaños a solo uno, el que mantuvo in extremis Francisco Igea, y Unidas Podemos también notó el desgaste y pasó de dos procuradores a uno, Pablo Fernández. Por Ávila, por su parte, mantuvo el procurador que logró en 2019. Los resultados de esos comicios han marcado la evolución de los partidos en Castilla y León durante los dos últimos años y los ecos de aquella noche electoral se siguen escuchando cuando está a punto de cumplirse el ecuador de la legislatura.

El Partido Popular y el incómodo idilio con Vox

El Partido Popular afrontaba las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 con la esperanza de recuperar la histórica mayoría absoluta de la que había gozado durante décadas en Castilla y León. La apuesta del entonces líder popular, Pablo Casado, era la de anotarse un tanto con el adelanto electoral de Mañueco para evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siguiera haciéndole sombra. Pero no logró su propósito.

El decepcionante resultado de los populares abocó a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, a echarse en brazos de Vox para sumar una mayoría absoluta de 44 procuradores, una vez que el PSOE descartó su abstención si el PP no rompía todos sus pactos con el partido de Santiago Abascal a nivel nacional. Mientras tanto, estalló la guerra interna en el PP nacional que condujo a la destitución de Pablo Casado y al nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del partido.

El 10 de marzo, casi un mes después de las elecciones, PP y Vox rubricaron el acuerdo que dio la entrada por primera vez al partido de Santiago Abascal en un Ejecutivo en sus entonces ocho años de historia. En concreto, el PP mantuvo la Presidencia de la Junta y siete consejerías mientras Vox logró la Vicepresidencia, en manos de Juan García-Gallardo, y tres departamentos: Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura y Turismo.

Este acuerdo supuso, en un inicio, un alejamiento cada vez mayor del PPCyL con respecto al PP nacional y Feijóo no acudió a la toma de posesión de Mañueco, relegando a los populares de Castilla y León a un segundo plano en su nueva Ejecutiva. El Gobierno de la Comunidad quedó entonces como una incómoda excepción en el intento de giro al centro de Feijóo, algo que se consagró tras la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en Andalucía en junio de 2022, al que el líder gallego puso como ejemplo de moderación.

Mientras tanto, el PP de Castilla y León se veía obligado a dar vía libre, por su propia necesidad parlamentaria, a muchas de las iniciativas más polémicas de Vox. El recorte en las subvenciones a los agentes del Diálogo Social, el Decreto de Concordia, la nueva Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la disolución del Serla o la polémica sobre el conocido como protocolo antiaborto, han sido solo algunas de las cuestiones en las que, a pesar de las declaraciones contradictorias entre uno y otro partido, y de que algunas de esas medidas han terminado quedando en nada, los populares nunca han terminado de desautorizar a sus socios.

Todo cambiaría tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. La extensión de los acuerdos con Vox a nivel municipal y autonómico hizo que el Gobierno de la Junta dejara de ser la incómoda excepción y el PP nacional terminó aceptando sin ambages esa fórmula para acceder al poder. Los comicios generales de julio de 2023, y la investidura de Pedro Sánchez pactada con los independentistas a cambio de la Ley de Amnistía, contribuyó a un cierre de filas en los populares, preparados para una oposición dura, y el PPCyL recuperó presencia en la cúpula del partido después de meses de ostracismo, con el nombramiento de Alicia García como portavoz popular en el Senado y de Esther Muñoz como vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad del partido.

El PSOE, del hundimiento a una dura oposición

El PSOE de Luis Tudanca sufrió un duro golpe en las elecciones del 13 de febrero de 2022. En los anteriores comicios, de mayo de 2019, había logrado convertirse en la primera fuerza autonómica, con 35 escaños, aunque el pacto entre PP y Ciudadanos les había impedido llegar al Gobierno autonómico. En febrero de 2022, en cambio, el PSOE sufrió un hundimiento, perdiendo siete escaños, hasta los 28, y perdiendo toda posibilidad de encabezar un Ejecutivo. El propio Tudanca dejó entrever que iba a dar un paso al lado tras los resultados aunque finalmente decidió seguir al frente del partido.

Las negociaciones con el Partido Popular después de las elecciones fueron infructuosas, de hecho, la primera reunión entre Mañueco y Tudanca duró tan solo 15 minutos, y los socialistas se limitaron a ofrecer a los populares su abstención con la condición de que los populares rompieran todos sus acuerdos externos con Vox en España, algo inasumible para la formación ya que de ello dependían la mayor parte de sus Ejecutivos en la geografía nacional.

Desde que se rubricó el pacto, aquel 10 de marzo que Tudanca definió como "un día para la infamia", el PSOE impulsó una dura oposición contra el nuevo Gobierno autonómico y la bronca parlamentaria de los socialistas en las Cortes con el PP pero sobre todo con Vox, y especialmente con el vicepresidente García-Gallardo, comenzaron a ser frecuentes. El número dos de la Junta llegó a llamar a los socialistas "banda criminal" en una sesión y el PSOE ha tratado de reprobarle sin éxito en varias ocasiones desde que se inició la legislatura.

Los socialistas han sabido aprovechar el clima crispado para consolidarse como el 'partido anti-Vox' de la Comunidad y han proyectado a nivel nacional la idea de que lo que sucede en Castilla y León es lo que le esperaría a España si en las próximas generales lograsen sumar mayoría absoluta PP y Vox. Un discurso que se ha visto reforzado tras los acuerdos entre ambas formaciones por toda la geografía nacional tras las municipales y autonómicas de mayo de 2023 y tras la investidura de Pedro Sánchez, que basó su campaña a las generales de julio en la idea de evitar que ese acuerdo se produjese.

Vox y su laboratorio de pruebas

Vox fue la gran sorpresa de la noche electoral del 13 de febrero, pasando de un solo procurador a 13 y convirtiéndose en la llave de la gobernabilidad en Castilla y León. En la misma noche electoral, el líder del partido, Santiago Abascal, ya aseguraba que veía al candidato regional, Juan García-Gallardo, "con cara de vicepresidente" y sus pronósticos se cumplieron. Vox entró en un Ejecutivo por primera vez en su historia, siendo la primera formación a la derecha del PP que alcanzaba poder desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Vox ha utilizado Castilla y León desde que llegó al Gobierno autonómico como un auténtico laboratorio de experimentación de las políticas que quiere impulsar a nivel nacional. Desde que se anunció el pacto, el 10 de marzo, varios puntos del acuerdo ya mostraban que la formación de Gallardo había hecho penetrar varias de sus medidas estrella a pesar de ser el socio minoritario del Ejecutivo. En concreto, en el acuerdo se hablaba de violencia intrafamiliar, inmigración ordenada y de lucha contra el adoctrinamiento en las aulas, entre otros aspectos, que el PP firmó sin problema a pesar de haber legislado en sentido opuesto tradicionalmente en la Comunidad.

Después de las negociaciones, Vox logró tres importantes consejerías para sus intereses políticos: la de Industria y Empleo, la de Agricultura y Ganadería y la de Cultura y Turismo, además de la vicepresidencia para Gallardo. La de Industria y Empleo ha sido la que ha logrado un mayor protagonismo y mayores logros con iniciativas polémicas como el recorte de 20 millones en subvenciones a sindicatos y patronal o el recorte de la financiación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla). También ha estado marcada por la polémica suscitada a raíz de la dimisión del gerente del Ecyl, Javier Moreno, por impartir unos cursos de igualdad que habían sido denunciados en el Ayuntamiento de Valladolid por Vox, a la que siguió una cascada de ceses que se extiende hasta hoy.

La formación ha sabido llevar el debate político a su terreno con algunas iniciativas como la Ley de violencia intrafamiliar o el Decreto de Concordia, que aún no han terminado de impulsarse por discrepancias con el PP, y con el polémico protocolo antiaborto que generó una dura controversia con los representantes populares del Gobierno, que negaron su existencia. También en el ámbito de la memoria histórica, como con la iniciativa para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) 190 vestigios del franquismo y la guerra civil. El partido de Gallardo ha sabido marcar el debate y conseguir una proyección mediática a nivel nacional para Castilla y León nunca había tenido.

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 se convirtió en socio preferente del PP en diferentes puntos de España, extendiendo el modelo castellano y leonés por el resto del país, y se configuraron acuerdos similares en capitales como Valladolid y Burgos. Con todo, el retroceso en votos en esos comicios y, especialmente, tras las generales de 2023, en las que perdieron cinco de los seis diputados con los que contaban en la Comunidad, han hecho al partido optar por un perfil más bajo durante los últimos meses, salvo en momentos excepcionales como las protestas contra la Ley de Amnistía o las recientes protestas de los agricultores.

La debacle de Ciudadanos y Podemos

Ciudadanos y Unidas Podemos sufrieron un duro golpe en las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022, en la línea del descenso generalizado a nivel nacional de ambas formaciones. El partido liberal pasó de contar con 12 procuradores, y formar parte del Gobierno autonómico, a mantener tan solo uno, que ocupa actualmente el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea. Tras la expulsión de Igea en septiembre de 2023 por sus críticas a la dirección, la formación ha perdido toda representación en la Cámara autonómica, ya que Igea ha quedado como procurador independiente del Grupo Mixto y se ha vinculado recientemente al nuevo partido Izquierda Española, dirigido por el joven abogado Guillermo del Valle.

Por su parte, Unidas Podemos pasó de dos representantes a solo un procurador, Pablo Fernández, quedando atrás la cifra de 10 representantes que lograron en 2015. Ambos procuradores han formado un auténtico tándem en el Grupo Mixto de férrea oposición al Ejecutivo de PP y Vox durante los dos últimos años y han protagonizado encarnizados envites parlamentarios con los representantes de Vox y del PP. Fernández, además, combina su presencia en las Cortes como 'azote de Vox' con el cargo de secretario de Organización de Podemos y acudirá como número tres de Irene Montero en la lista del partido a las elecciones europeas.

El triunfo de los partidos provinciales

Las elecciones del 13 de febrero de 2022 contaron con un actor inédito hasta el momento: los partidos de la España Vaciada. Este movimiento de reivindicación de los intereses las zonas más despobladas del país, que se encontraba en auge desde la irrupción en el Congreso de Teruel Existe en 2019, se reflejó en la Comunidad con candidaturas en todas las provincias, aunque solo una de ellas tuvo éxito.

Soria Ya, plataforma fundada en 2001 como movimiento ciudadano y que se presentaba por vez primera, se convirtió en la primera fuerza en la provincia soriana, en Soria capital y en los pueblos más importantes, consiguiendo tres procuradores. El resto de los partidos que llevaban la marca 'España Vaciada' no lograron el suficiente apoyo para tener representante, siendo el que más cerca se quedó Vía Burgalesa, la sucursal del movimiento en la provincia de Burgos.

Otros dos partidos provinciales lograron grandes resultados. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechó el resurgir del leonesismo durante los años previos para lograr tres procuradores, su mejor resultado en 20 años, y configuró un grupo parlamentario conjunto con Soria Ya que ha incrementado la presencia de las reivindicaciones de ambas provincias, y del medio rural, en las sesiones plenarias de las Cortes. El otro partido provincial exitoso fue Por Ávila, escisión del PP en 2019, que mantuvo el procurador que logró aquel año y que ha seguido llevando la voz de las preocupaciones de la provincia a la Cámara.

Con todo, la burbuja de UPL y Soria Ya pinchó tras las elecciones generales del pasado mes de julio, a las que ambos partidos se presentaron con el convencimiento de lograr al menos un diputado en el Congreso. Los comicios, finalmente, se jugaron en clave nacional y ambas formaciones no superaron las expectativas, lo que supuso un duro golpe para ambas. Los partidos siguen marcando posiciones y preparándose para la segunda mitad de la legislatura, que finalizará previsiblemente en febrero de 2026, después de dos años frenéticos que han marcado un antes y un después en la historia política de Castilla y León.