“Esto no lo he visto en mi vida, es sencillamente delirante”.  El ministro de Transportes, Óscar Puente, se echa las manos a la cabeza tras conocerse que el juez Peinado ha amenazado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, con detenerla si no acude a la declaración del empresario Barrabés en el proceso judicial en el que se encuentra inmersa.

El exalcalde de Valladolid tira de conocimientos jurídicos para asegurar que “el único que tiene necesariamente que estar presente es el abogado defensor de la investigada y en caso de que no estuviera se nombrará uno de oficio. La amenaza de detención es un exceso, ayuno de cualquier apoyo legal”. En una publicación esta mañana en la red social X, Óscar Puente exhibe un extracto del artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que así lo establece.

En el citado documento, el juez advierte a Begoña Gómez de lo siguiente: "Le apercibo de que tiene OBLIGACIÓN (sic) de comparecer. De no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podría convertirse esta citación en orden de detención".

Begoña Gómez está investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El sindicato Manos Limpias, presidido por Miguel Bernad, presentó la denuncia que dio origen a la causa judicial.

Una parte del caso, en efecto, gira en torno a los contratos que Barrabés obtuvo en el procedimiento de adjudicación en el que presentó las cartas firmadas por la esposa de Sánchez.

Abogado desde 1993

El actual ministro de Transportes y secretario provincial del PSOE de Valladolid es uno de los miembros más controvertidos del gobierno de Pedro Sánchez, en parte debido a su lenguaje directo y sin filtros y a su prolífica actividad en redes sociales donde no deja pasar la oportunidad de pronunciarse sobre cualquier asunto polémico. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y se colegió como abogado en el colegio de la capital pucelana. Tras dos años como pasante, en 1995 comenzó su andadura profesional y, como él mismo ha explicado, durante los cuatro primeros años de ejercicio profesional compatibilizó su trabajo en un despacho de abogados de Madrid y Valladolid con su vocación actoral en la Compañía de Juan Antonio Quintana.

Durante más de 20 años y a pesar de su dedicación política, no abandonó el ejercicio de la abogacía, en el Bufete M & P en el vallisoletano barrio de San Miguel. En el despacho en la plaza del Rosario, el bufete prestaba servicios jurídicos a clientes particulares, empresas y instituciones, con abogados especialistas en derecho civil, derecho administrativo, derecho procesal y derecho laboral.

Hasta que en 2015 salió elegido alcalde de Valladolid. “Creo que es importante estar en política con la suficiente libertad, especialmente económica, para no convertirte en un rehén de ella y poder dar un paso a un lado cuando no seas útil a los demás”, aseguraba por aquel entonces en su blog personal,  'El blog de Puente'.