El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, durante la presentación de los presupuestos de 2024 ICAL
Piden a Mañueco detener las políticas taurinas tras la salida de Vox del Gobierno autonómico
La Fundación Franz Weber le reclama la eliminación de las subvenciones y la paralización del borrador de decreto de reglamento taurino que permite la participación de niños en festejos
12 julio, 2024 10:33La salida de Vox de los gobiernos autonómicos tras romper sus pactos con el Partido Popular está generando todo tipo de reacciones. Por su parte, la Fundación Franz Weber ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, detener las políticas taurinas en la Comunidad y "un compromiso con las recomendaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a partir de actuaciones que permitan cumplir de manera inmediata".
"La salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos, caso también de la Junta de Castilla y León, debe motivar al Partido Popular a trabajar para el cumplimiento de las objeciones internacionales que protegen los derechos de la Infancia y la Adolescencia. Hay que detener las políticas taurinas puestas en marcha en 2022", señalan desde la Fundación.
En este sentido, la ONG recuerda que la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y en concreto, en el de Castilla y León, ha supuesto "un incremento en las partidas asociadas a la tauromaquia, desde el aumento en la Fundación Siglo XXI, pasando por las ayudas directas a las escuelas taurinas donde niñas y niños aprenden a maltratar animales, o un circuito de novilladas que financia a una entidad privada".
De este modo, los naturalistas proponen eliminar las subvenciones implementadas en años anteriores, así como paralizar el borrador de decreto de reglamento taurino que permite la participación de niños y adolescentes, y vetar el acceso a eventos de este tipo a estos grupos de población.
Además, se ofrece al ejecutivo castellano y leonés para apoyar la implementación de políticas públicas de prevención de acceso y protección.
