La salida de Vox del Gobierno de Castilla y León, el pasado 11 de julio, después de dos años y medio de Ejecutivo de coalición con el PP, se ha dejado notar especialmente en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El departamento, que estuvo dirigido durante la existencia del Gobierno de coalición por Mariano Veganzones, fue un auténtico ariete para los de Santiago Abascal en su laboratorio de experimentación, desde el que llevaron a cabo algunas de sus medidas estrella en la Comunidad, como la reducción de las subvenciones a sindicatos y patronal, la reforma del Servicio Público de Empleo (Ecyl) o el intento de eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

El cese de Veganzones como consejero −tras mostrar su voluntad de no dimitir, como había ordenado Abascal y, posteriormente, darse de baja del partido− y la llegada a la dirección del departamento de la popular Leticia García, ha supuesto un giro de 180 grados en la Consejería. García mostró desde su toma de posesión su voluntad de "reconducir" el Diálogo Social y las relaciones con los sindicatos, especialmente tensionadas desde que Veganzones fue nombrado consejero, y el pasado 22 de julio mantuvo una reunión con los agentes sociales de la Comunidad.

En el encuentro, la nueva consejera se comprometió a realizar, con carácter inmediato, las gestiones necesarias para normalizar el funcionamiento del Serla y garantizar la prestación de su servicio de mediación, arbitraje y conciliación en las mejores condiciones y "atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad jurídica". Además, anunció que adoptaría las medidas necesarias para facilitar los pagos del alquiler de las oficinas de la fundación y tratar de revertir el proceso de desahucio de las mismas, cuya ejecución estaba prevista inicialmente para el próximo mes de septiembre. Dicho y hecho.

Menos de dos semanas después de aquel encuentro, UGT Castilla y León ha informado que desde este martes se están incorporando al Serla los ingresos económicos sobre los que los últimos dos años "tantos problemas estaban poniendo desde la Junta de Castilla y León, sobre todo desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo". Desde el sindicato han concretado que esta misma semana ya se ha saldado la deuda que había con la sede del Serla en la calle de Los Molinos, que impedirá su desahucio, y que se han abonado las nóminas que se debían al gerente, Julio Cordero, y las mediaciones que se debían a los mediadores en conflictos colectivos.

"Está empezando la normalidad, está empezando a reconducirse, tiempo al tiempo", ha señalado UGT, que ha recordado que han sido "cerca de dos años de un secuestro y desmontaje del Servicio" por parte de Vox. El sindicato ha agradecido a Leticia García "el rápido ejercicio" aunque ha recordado que quedan pendientes "los flecos económicos de algún debe de 2023" y "el sustento de la totalidad del año", además de esperar a que sucede con los presupuestos de 2025.

"La nueva etapa es propositiva, está bien hecho el ritmo de trabajo y de llegar a cumplir lo comprometido en las últimas semanas y desde la UGT seguiremos abogando por que este Servicio sea totalmente público", ha afirmado el sindicato. 

Pago del alquiler de la sede y de las nóminas

UGT ha concretado que el martes se enviaron al Serla los recibos del alquiler, entre los meses de enero a julio, y que se hizo la transferencia y se pagará lo correspondiente al mes de agosto en los primeros cinco días del mes, como estipulaba el plazo previsto en el contrato anterior. Además, este mismo miércoles, el director del Serla, Julio Cordero, terminó de cobrar todas sus nóminas pendientes. 

El sindicato ha informado de que en 2024 han tenido entrada hasta el momento solicitudes de inicio de procedimiento de conciliación-mediación que han dado lugar a 241 procedimientos de conflictos colectivos laborales, frente a los 236 de 2023, de la que resultó al final del ejercicio la cantidad más alta de conflictos privados tramitados desde la creación del Servicio.

Además, han tenido lugar 3.001 procedimientos de conflictos laborales individuales, frente a los 3.101 de 2023, de la que resultó la cifra más alta de procedimientos tramitados y citados para actos de conciliación-mediación por la entidad desde que tramita estos conflictos. Según ha apuntado UGT, la ausencia de una de las auxiliares administrativas y el disfrute de vacaciones hace que el Servicio tenga que acumular "cierto retraso" en la citación con el fin de respetar los plazos en los conflictos sometidos a caducidad. "Están poniéndose al día las cosas", ha zanjado el sindicato.