La ruptura del Gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, el pasado 11 de julio, abrió un escenario de incertidumbre política en la Comunidad. La decisión de Santiago Abascal de que el partido saliese de todos los ejecutivos que compartía con los populares, tras la aceptación por parte de estos del reparto de menores inmigrantes no acompañados propuesto por el Gobierno, provocó la dimisión al día siguiente del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el cese de los consejeros de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, que se negaron a dimitir.

Pero el terremoto no se dejó sentir solo en el Ejecutivo −en el que Mañueco emprendió una profunda remodelación, dando la Vicepresidencia a la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, del PP, el departamento de Veganzones a la popular Leticia García y el de Dueñas a María González Corral, también del PP− sino que se extendió también a las Cortes autonómicas.

La decisión de la dirección nacional de Vox no se limitaba a la salida de sus cargos de los ejecutivos compartidos con el PP, sino que incluía también la retirada del apoyo parlamentario a los populares en los parlamentos autonómicos. Un apoyo que, en lo que va de legislatura en Castilla y León, ha garantizado que todas las iniciativas propuestas por ambos partidos salieran adelante, gracias al rodillo de los 44 procuradores que sostenían al Gobierno autonómico, a pesar del rechazo casi siempre unánime de los grupos de la oposición.

Tras la retirada del apoyo parlamentario de Vox al PP, esta garantía ha desaparecido y el exvicepresidente Juan García-Gallardo, ahora convertido en portavoz de la formación en las Cortes, ya ha anticipado que los populares tendrán que negociar "punto por punto" cada iniciativa parlamentaria a partir del inicio del próximo periodo de sesiones en la Cámara, en el mes de septiembre.

Además, el PP, una vez alejado de los brazos de Vox, podría permitirse dejar caer algunas de las iniciativas legislativas más polémicas y conflictivas y que eran caballos de batalla de los de García-Gallardo, como la Ley de Concordia o la Ley contra la violencia intrafamiliar. Una complicada aritmética parlamentaria que anticipa un difícil último año y medio de legislatura, en el que el PP tendrá que hacer auténticos malabarismos para lograr apoyos parlamentarios y evitar un adelanto electoral en la Comunidad.

La Ley de Concordia, ante la amenaza del recurso del Gobierno

La Ley de Concordia promete ser uno de los elementos de tensión más importantes en el próximo periodo de sesiones. La norma, impulsada por PP y Vox cuando compartían el Gobierno, y que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica de los populares de abril de 2018, fue presentada a finales del mes de marzo por los portavoces de ambas formaciones, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, que destacaron que el objetivo era dar "el mismo tratamiento a todas las víctimas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", incluyendo la etapa de la II República.

Además, la norma no menciona la palabra 'dictadura' para referirse al franquismo y contempla el derecho subjetivo de todas las víctimas a la "investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos". Inmediatamente después de su presentación, la Ley de Concordia generó un aluvión de reacciones entre los partidos de la oposición, los sindicatos y las asociaciones memorialistas que aseguraron que la norma "blanquea el franquismo" e "iguala a víctimas y verdugas".

También se pronunció el Gobierno de España, que amenazó con recurrir la norma al Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba con su redactado actual, y la iniciativa provocó la reacción también de tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtieron de que podía vulnerar la legislación de derechos humanos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que la Ley de Concordia estaba "perfectamente encuadrada en la Constitución", una argumentación que no convenció a los grupos opositores, y el PSOE ya ha advertido que hará "todo lo que esté en su mano" para que la norma no salga adelante.

La ruptura del Gobierno entre PP y Vox podría provocar que los populares optaran finalmente por dejar en el cajón esta norma y diesen continuidad al Decreto de Memoria Histórica impulsado por ellos mismos para evitar, además, la que podría ser una auténtica guerra con el Gobierno de España. Por otro lado, si la norma finalmente no sale adelante, es previsible que los de García-Gallardo, que tienen esta Ley como medida estrella, incrementen su hostilidad hacia el PP en la Cámara, complicando el final de la legislatura.

Violencia intrafamiliar: sin novedad después de dos años

La aprobación de la Ley contra la violencia intrafamiliar ha sido uno de los grandes objetivos de Vox desde que entró a formar parte del Gobierno autonómico, en virtud del acuerdo rubricado con el PP el 10 de marzo de 2022. Se trata de una iniciativa que va acorde con uno de los principales caballos de batalla de la formación: la idea de que la violencia de género no existe y que hay que luchar por igual contra todas las violencias, pero la norma se encuentra congelada y no se conoce avance alguno de cara a su aprobación desde que en julio de 2022, hace ya dos años, se anunciase el inicio de su tramitación.

En la negociación de los presupuestos para el año 2023, Vox logró imponerse y conseguir una importante partida contra la violencia intrafamiliar en las cuentas públicas, que se presentaron el 5 de noviembre de 2022. El partido logró que se incluyera una partida de 500.000 euros en los presupuestos autonómicos dirigida a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de las personas implicadas, y el vicepresidente de la Junta sacó pecho de que Castilla y León se colocaba en ese momento "a la cabeza" en la lucha contra la violencia intrafamiliar.

Una partida de la que llegó a presumir el entonces vicepresidente de Acción Política de la formación a nivel nacional, Jorge Buxadé, que señalaba que el objetivo de esta partida contra la violencia intrafamiliar era el de "eliminar el adoctrinamiento" y "acabar con el concepto de violencia de género". Unas palabras que levantaron una gran polvareda y que condujeron a reacciones contundentes de la oposición en las Cortes. Con todo, la prometida Ley contra la violencia intrafamiliar seguía estancada.

Vox culpó de la demora en la tramitación de la Ley a Génova y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió que seguían en su curso las alegaciones en información pública para la recepción de sugerencias para la norma, aunque el plazo para recibirlas terminó oficialmente el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 de la tarde, hace casi dos años. Por su parte, la consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguraba que se abrió el plazo para informar a la sociedad de que se iniciaba la tramitación de la ley "para plantear enfoques sobre hacia dónde se quiere ir". "Estamos en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones", señalaba en septiembre de 2023.

Solo un mes después, Vox intentó acelerar la Ley y envió un borrador a la Junta e Isabel Blanco aseguró en noviembre que la Junta trabaja tanto en la Ley contra la violencia intrafamiliar como en la actualización de la norma de violencia de género, que data de 2010, con el fin de "ajustar una norma con otra, para que vayan perfectamente acompasadas". Además, recordó que la Ley contra la violencia intrafamiliar "nunca sustituirá" a la de violencia de género.

En abril de este año, finalmente, en el marco de los presupuestos autonómicos, se aprobó una dotación de 500.000 euros en el ámbito de la violencia intrafamiliar, destinados a campañas de sensibilización y al apoyo y ayuda a las víctimas, dado que se cuenta con un "sistema que apuesta por la atención a las víctimas y a sus familias", pero no se ha vuelto a saber nada de una norma que Vox tratará de que se impulse en el próximo periodo de sesiones. Por su parte, el PP, tras la ruptura, podría tratar de que esta norma −impulsada por Vox y que aborda un tema incómodo para los populares, que no discuten la lucha contra la violencia de género− cayese definitivamente en saco roto y que se mantuviese tan solo la Ley contra la violencia de género autonómica como hasta ahora.

La polémica reforma del Ecyl

Otra polémica Ley impulsada por Vox y que podría quedar finalmente en nada tras la eclosión del Ejecutivo de coalición de PP y Vox es la reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) impulsada por el exconsejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Veganzones. Los populares han mostrado su intención de rectificar la línea política del extitular del departamento, que centró su gestión en la lucha contra las subvenciones y los "privilegios" de patronal y sindicatos, y esta norma era una de las joyas de la corona de Veganzones.

El objetivo de la misma, que ya fue tomada en consideración en noviembre, sería crear un centro único directivo del organismo, con el propósito de unificar y homogeneizar competencias, además de eliminar los cargos de gerente y de vicepresidente del Ecyl, que será asumido por el secretario general del Servicio, que tendrá a la vez el cargo de secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. La Presidencia del Servicio Público de Empleo será ostentada por el consejero del ramo, en este caso, Mariano Veganzones.

La nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, la popular Leticia García, ha mostrado su clara intención de dar un giro de 180 grados en la gestión del departamento, apostando por reforzar el Diálogo Social con la CEOE y con los sindicatos UGT y CCOO, con quienes ya se ha reunido, y abogando por impulsar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que estuvo bajo el punto de mira de Veganzones durante toda su gestión. Una situación que podría provocar que el PP echase atrás la reforma, toda vez que Vox ya no forma parte del Ejecutivo y que el nuevo Gobierno monocolor ha optado por impulsar unas políticas diametralmente opuestas en materia de empleo.

El blindaje de los servicios esenciales

Otra importante ley que debería ver la luz en el próximo periodo de sesiones es la norma para el blindaje de los servicios esenciales en Castilla y León, que ya fue tomada en consideración por la Cámara a finales de 2023. Se trata de una norma impulsada por las formaciones que sustentaban al Gobierno autonómico y que aseguraba que quedarían garantizados los servicios existentes en el momento de la aprobación de la ley, con "garantía de ubicación y de mantenimiento" de los centros educativos, sanitarios y asistenciales.

El entonces portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, destacó en su presentación que los servicios públicos son "la joya de la corona de la Junta" y que Castilla y León cuenta con "la mejor educación de España", "los mejores servicios sociales" y "uno de los mejores sistemas sanitarios". La proposición de ley está distribuida en seis artículos, cuenta con una disposición derogatoria y una final, y fue muy criticada por la oposición, que consideró que era "pura propaganda", "mucho ruido y pocas nueces" y que solo hacía que "blindar los recortes" en la Comunidad.

En este caso, podría ser Vox quien optase por no apoyar esta norma tras su salida y los populares se verían obligados a buscar el apoyo del PSOE para sacarla adelante. Unas iniciativas parlamentarias que están más en el aire que nunca después de que el Gobierno autonómico de PP y Vox, el primero entre ambas formaciones en España, saltase por los aires tras dos años y medio de incómodo idilio entre los dos partidos.